Editorial- Pesca & Puertos.
Nuevamente las acusaciones cruzadas, las declaraciones plagadas de imputaciones, las reacciones interesadas. El disconformismo y la paja en el ojo ajeno siempre son la síntesis ante la asignación de cupos de merluza que año a año realizan las autoridades pesqueras.
Editorial- Pesca & Puertos.
Nuevamente las acusaciones cruzadas, las declaraciones plagadas de imputaciones, las reacciones interesadas. El disconformismo y la paja en el ojo ajeno siempre son la síntesis ante la asignación de cupos de merluza que año a año realizan las autoridades pesqueras.
Frente a esta realidad que daña al desenvolvimiento y a la consolidación del sector pesquero en su conjunto poco o nada se hace. Más bien se percibe una voluntad de delegar en el paso del tiempo la función de apaciguar los ánimos, como evaluando que algún día cansados de insistir terminen por resignarse.
En el 2007 la saga de reclamos públicos por los efectos de la Resolución 920/06 que reglamenta la explotación de merluza para el año la iniciaron los fresqueros de Mar del Plata quienes a través de un comunicado de prensa se autodesignaron las grandes víctimas del reparto y sindicaron a la flota congeladora como la gran responsable de sus males y penurias, presionando para su destierro al sur del paralelo 48º.
El Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) fue el primero que levantó el guante y refutó a los fresqueros denunciando que diferentes argumentaciones falaces son utilizadas para influenciar al público y con ello presionar a las autoridades del sector. Agregando que “con opiniones poco claras se insiste en discriminar una vez más a los ya equivocadamente discriminados buques congeladores”. Erigiéndose en “otras” víctimas de la Resolución 920/06.
Al igual que en años anteriores se espera que otros sectores se expidan. En el entre tanto, la Subsecretaría de Actividades Pesqueras y Desarrollo del Delta de la Provincia de Buenos Aires distribuyó las once mil toneladas que le fueran asignadas por la resolución de la Nación, reconociendo explícitamente que entre los beneficiados se incluyen buques “con permisos inadecuados” para el recurso merluza común y agrega que “el cumplimiento de anteriores resoluciones por parte de los agentes receptores – léase quienes no tienen permiso para merluza- han transformado este devenir en una práctica normal y habitual lo que para el derecho se transforma en una de sus fuentes, como son los usos y costumbres”.
No se requieren conocimientos jurídicos para preguntarse ¿Cuál es el orden jurídico que reconoce legalidad a una práctica ilegal, aunque esta por el tiempo haya devenido normal y habitual. Ciertamente no el que rige para todos los habitantes de nuestro país, sean estos argentinos o extranjeros.
La remisión a los usos y costumbres como fuentes de derecho no alcanza para transformar buques sin permiso de merluza, eufemísticamente llamados permisos “inadecuados” en buques legalmente aptos para acceder al caladero y recibir una asignación de merluza.
Seguramente el camino para encontrar una solución, si es que hay que encontrarla, debe ser otro. Las soluciones amañadas para distribuir un recurso que para el presente año muestra signos preocupantes y exige de las autoridades los máximos niveles de control y seguimiento no hacen más que retrasar su recuperación.
El mantenimiento de la emergencia de la merluza a través de la no derogación del Decreto 189/99 tampoco justifica que se acepten atajos para eludir las leyes. ¿Hasta cuando las provincias seguirán privadas de manejar y administrar el recurso merluza a través del Consejo Federal Pesquero? ¿Continuará la Patagonia aceptando se sigan transfiriendo volúmenes de captura de los que históricamente dispusieron a favor de Buenos Aires, y mas aún sabiendo que se asignan a barcos que carecen de permisos para esa especie? No puede sostenerse racionalmente que “los sectores de máximo interés social” de la provincia de Buenos Aires tengan mejores derechos para las asignaciones de merluza que los sectores patagónicos. Ese es el camino de un falso enfrentamiento que terminará por derrumbarse.
Sin duda, las mejores perspectivas para la pesca de nuestro país no pasan por reavivar enfrentamientos estériles sobre los que tanto se ha escrito y hablado. No deben ser fresqueros y congeladores los enemigos. Mucho menos bonaerenses y patagónicos y es también falso el enfrentamiento entre nacionales y extranjeros.
Los verdaderos enemigos de la pesca son los que siguen operando fuera de la ley, los que pretenden burlar controles, los que impiden el avance hacia la aplicación plena del régimen federal de pesca, los inescrupulosos que buscan la ganancia fácil e inmediata, los que deprecian y desprecian el valor del trabajo, los que atentan desde lo público o lo privado contra la consolidación de la pesca como una actividad biológica, económica y socialmente sustentable. Este año la pelea se inició a contramano, todavía puede cambiar.
15/01/07
PESCA&PUERTOS