Señalan que normativa repercute en costo de la vida y en el desarrollo industrial de la isla.
Señalan que normativa repercute en costo de la vida y en el desarrollo industrial de la isla.
“Fuera el sabotaje del cabotaje”, señalaba uno de los letreros que cargaban bajo, tal vez, poco más de un centenar los que hacían el reclamo de flexibilidad en el traslado de la carga marítima. La protesta dirigida al Congreso de los EE.UU. partió en el Centro de Convenciones de Ponce, centro portuario de Puerto Rico que, precisamente, tiene como impedimento para su renacer la imposición de las llamadas leyes de cabotaje, o el “Jones Act”, como se le conoce en inglés.
Este estatuto, convertido en ley federal en el 1920 (dos años después de terminada la Primera Guerra Mundial), básicamente obliga a que el movimiento de barcos entre puertos estadounidenses sea usando barcos construidos y que lleven la bandera de los EE.UU. Además, exige que sean tripulados por estadounidenses. En esencia era una medida que buscaba proteger la marina mercante de EE.UU. la cual, se estimaba, podría ser usada para la defensa del territorio en casos de guerra.
De la aprobación de esta ley, ya han pasado 95 años. Según la senadora Rossana López, ese valor militar de la marina mercante estadounidense ha cambiado. De hecho, los dos barcos y las restantes barcazas que llevan bienes entre los EE.UU. y Puerto Rico, no pueden ser usados en tiempos de guerra.
Simplemente son naves anticuadas para este tipo de operación, afirmó la senadora.
Por eso, afirmó, el estatuto ya no tiene vigencia y solo sirve como una medida proteccionista que afecta significativamente la economía de Puerto Rico y las demás jurisdicciones que ahora mismo dependen de la marina mercante estadounidense para su tráfico comercial con los estados continentales de los EE.UU.
El traslado de un vagón entre el puerto de Jacksonville en Florida y San Juan puede costar como US$7.500 por las leyes de cabotaje. El mismo cuando es trasladado a los puertos de las islas vecinas por otra marina mercante, que no sea la estadounidense, puede costar unos US$1.500. “Esto encarece todo lo que importamos y exportamos. Esto es una camisa de fuerza para el desarrollo económico que necesitamos”, señaló López.
Junto a ella había decenas de políticos de diversos partidos, organizaciones profesionales, sindicatos y asociaciones comerciales. Según el presidente del Colegio de Abogados, Mark Anthony Bimbela, el reclamo de la eliminación de las leyes de cabotaje une a los puertorriqueños de todas las ideologías políticas y económicas. Ante ese consenso, lo lógico es comenzar a fomentar y proyectar esa unidad en el reclamo por la derogación, aunque sea parcial de ese estatuto.
“Con esta manifestación, que es la primera que estamos haciendo, lo que queremos es llevarle un mensaje al Congreso de que esto es un reclamo que une a todos los puertorriqueños”, dijo Bimbela. Además, afirmó, se pretende crear conciencia en torno al asunto, ya que, según explicó, muchas personas no entienden el impacto que tiene esta ley en el transporte de productos entre EE.UU. y Puerto Rico.
La senadora López, indicó que un estudio legislativo estimó que debido a las leyes de cabotaje, una familia puertorriqueña podría estar pagando hasta US$500 en exceso por la comida que compra durante un año.
El representante Víctor Vasallo, por su parte, indicó que este estatuto también limita enormemente la competitividad industrial de Puerto Rico. Explicó, por ejemplo, que el acarreo de materia prima desde los EE.UU. a Puerto Rico puede ser hasta tres veces más alta que la de los competidores industriales en países vecinos. Y en medida que esta materia prima resulte cara, el producto final tiende a ser más costoso, limitando las probabilidades de éxito del producto.
“Yo, como industrial sufrí el efecto y como consumidor sufro el efecto de estas leyes”, señaló Vasallo al ilustrar su oposición al estatuto. (Mundo Marítimo)
12/10/15