Los jueces internacionales confirmaron en 2007 la soberanía colombiana sobre el archipiélago caribeño de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Los jueces internacionales confirmaron en 2007 la soberanía colombiana sobre el archipiélago caribeño de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ), resolverá este lunes el contencioso fronterizo entre Nicaragua y Colombia por su frontera marítima en el Caribe. Ambos países no lindan por tierra, pero en el mar se disputan la soberanía en una zona rica en recursos pesqueros. Según las últimas prospecciones, también podría haber bolsas de gas y petróleo. En concreto, los jueces decidirán a quién pertenecen los cayos de Roncador, Quitasueño, Serrana y Serranilla, hoy en manos colombianas.
La demanda original fue presentada por Nicaragua en 2001, que pidió además una nueva definición de los límites en unos 50.000 kilómetros cuadrados de mar. El caso cuenta con una decisión preliminar, adoptada en 2007 por el propio TIJ, que refrendó la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en virtud del Tratado Esguerra-Bárcenas.
Firmado por ambas partes en 1928, Managua lo declaró nulo en 1980 aduciendo presiones de Estados Unidos, que ocupaba entonces su territorio. En 1969, Colombia intentó trazar su linde con Nicaragua en el meridiano 82, pero Managua lo rechazó alegando que no figuraba en el Esguerra-Bárcenas. Ello hubiera recortado asimismo su plataforma continental en el Caribe.
El origen del litigio es anterior incluso a los años 80. Se remonta al siglo XIX, porque tanto la Corona española, como Inglaterra y Estados Unidos han discutido por un archipiélago de gran valor estratégico en su día. En estos momentos, forma parte de un territorio declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Es uno de los mayores ecosistemas coralinos del Caribe y un gran banco pesquero. De confirmarse la presencia de hidrocarburos, al valor ecológico se sumaría la importante fuente de ingresos (y riesgo medioambiental) que ello supondría.
En 2011, el TIJ dejó fuera del caso a Honduras y Costa Rica, que habían pedido intervenir aduciendo intereses en la zona. Desde entonces, Nicaragua, que considera ilegal la presencia colombiana en el archipiélago, ha pedido una “solución equitativa”. Colombia, por su parte, solicita que se descarten “por inadmisibles”, las reclamaciones territoriales nicaragüenses. Ambas están obligadas a respetar la decisión del Tribunal máximo órgano judicial de la ONU, con sede en La Haya.
Por Isabel Ferrer
19/11/12
EL PAÍS (España)