El Gobierno irá a la Justicia para frenar polémica represa

El Gobierno irá a la Justicia para frenar polémica represa

En conferencia de prensa, el canciller Héctor Timerman aseguró que el Gobierno de José Mujica está “preocupado” por el proyecto que avanza en Corrientes.

En conferencia de prensa, el canciller Héctor Timerman aseguró que el Gobierno de José Mujica está “preocupado” por el proyecto que avanza en Corrientes.

En medio del intento de la Argentina y de Uruguay de domar el conflicto por la pastera UPM (ex Botnia), el Gobierno nacional anunció ayer que evalúa acciones judiciales contra las autoridades que correspondan para impedir la construcción en Corrientes de la represa Ayuí Grande, que -entienden- produciría impactos negativos en el medioambiente y derivaría en una violación del vapuleado Tratado del Río Uruguay.

La medida fue hecha pública por el canciller Timerman, quien además aseguró que por la mañana se comunicó con su par oriental, Luis Almagro, para darle a conocer la decisión respecto de un emprendimiento privado impulsado por dos empresas, que -detalló- pertenecen al financista estadounidense George Soros y al vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda. También le adelantó que “en los próximos días” viajará a Montevideo “para hablar sobre el tema”.

Timerman afirmó que el Gobierno que lidera José Mujica “está preocupado” por la situación, pero destacó que las autoridades del vecino país tienen “confianza” en que la Argentina hará respetar el tratado bilateral del Río Uruguay.

El proyecto empresarial Ayuí Grande busca construir una represa sobre el arroyo Ayuí, en la localidad de Mercedes. Según trascendió, la iniciativa incluye la inundación de 8 mil hectáreas -“la mitad de la Capital Federal”- de una reserva natural cercana a los Esteros del Iberá para crear un lago artificial y asegurar el riego de 17 mil hectáreas de arrozales.

La represa alteraría el curso de agua del Ayuí, uno de los afluentes del río Uruguay (a través del río Miriñay).

“La Argentina no va a convalidar la violación de un tratado internacional; estamos evaluando presentaciones judiciales nacionales para evitar que se ponga en marcha la construcción de este emprendimiento”, dijo Timerman, en el marco de una conferencia de prensa en el Palacio San Martín.

Según el canciller, “La Argentina está decidida a actuar contra las empresas Copra, de José Aranda, y Adeco Agro, de George Soros, para evitar que se destruya el ecosistema en Corrientes y en toda la Mesopotamia A diferencia de una empresa industrial, el impacto en este caso está dado por la sola construcción de la represa”, aclaró.

23/08/10
EL ATLÁNTICO

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