Se esperan “medidas concretas”.
Se esperan “medidas concretas”.
Tras una reunión celebrada el 13 de diciembre, donde representantes gremiales se encontraron nuevamente con los funcionarios provinciales tras el frustrado encuentro del viernes, la expectativa para los 170 trabajadores de planta de la empresa Barillari, quedaron centradas en el presunto acuerdo al que arribarían la provincia y tres empresas que accederían a los permisos y cupos de la pesquera que se encuentra en convocatoria de acreedores. "Estamos más cerca", reconoció Oscar Lapalma, quien advirtió sin embargo que "hasta que no haya soluciones concretas, no se levantan las medidas concretas".
En una nueva reunión mantenida con el secretario de Pesca Juan Berón y la vicejefe de gabinete Carlos Fernández, realizada el sábado en la administración del puerto, trascendió que los funcionarios provinciales mostraron su confianza por hallarse cerca de una posible solución.
La misma consistiría en algo que ya se venía hablando, vinculado a la redistribución de permisos de la empresa, tras la decisión de la provincia de quitar las cinco licencias que la pesquera tenía para operar en aguas de Chubut.
La redistribución de permisos era una propuesta esgrimida también desde el sindicato al inicio mismo del conflicto, para que los mismos se entregaran a otras empresas que pudieran seguir operando en la ciudad, con la condición de absorber a los 170 trabajadores de la planta.
Al igual que el anuncio formulado a principios de diciembre, los funcionarios reiteraron que la decisión sería reasignar los permisos, en este caso a tres empresas radicadas en la ciudad.
Además de los permisos, con los cupos de captura correspondientes, la condición para concretarlo es la absorción de los operarios de planta.
"Es para los trabajadores de planta y también para los embarcados y administrativos –dijo Lapalma-, los funcionarios no nos dijeron cuáles serían las empresas, pero el acuerdo estaría encaminado con la condición de que absorban a la totalidad del personal", reseñó el dirigente.
La posibilidad de firmar el acuerdo con las empresas quedó fijada con límite en el día 23 de diciembre, fecha en que se concretaría la firma de un acuerdo, mientras que el personal que ha quedado cesante, podría comenzar a desempeñar servicios desde el primer día hábil de 2009, de concretarse la perspectiva planteada.
Mientras tanto, se aguarda la posibilidad de que las familias que permanecen con la medida de fuerza frente a las puertas de la planta ubicada en el puerto local accedan a una ayuda económica para pasar las fiestas de fin de año.
Por lo pronto, la posibilidad de un acuerdo se maneja con mesura en todos los ámbitos, a la espera de que se concrete la posible solución al conflicto.
Indemnizaciones y sueldos irían a juicio
Por otra parte, quedaría resolver también el pago de los salarios caídos y las indemnizaciones respectivas, lo que suma una deuda de un monto que superaría el millón y medio de pesos.
Sobre ese punto, una de las propuestas de los trabajadores se había vinculado a que el Estado provincial abonara la deuda y luego la reclamara por vía judicial, en el marco del concurso de acreedores, a la empresa.
Si ello no prospera, la opción más firme es el reclamo por vía judicial para proceder al cobro, ya que el sindicato no sería proclive a presentarse en el concurso de acreedores, sino plantear la demanda en continuidad con las acciones laborales ya iniciadas. "Si nos tenemos que presentar en el concurso, vamos a pedir directamente la quiebra", advirtió Lapalma, expresando su convicción de que por vía judicial los trabajadores podrán hacer valer su derecho a percibir las indemnizaciones que por ley les corresponde.
17/12/08
CRÓNICA – COMODORO RIVADAVIA