El capitán del “PRESTIGE” ha declarado que las autoridades le dijeron que el barco “tenía que irse”.
El capitán del “PRESTIGE” ha declarado que las autoridades le dijeron que el barco “tenía que irse”.
Apostolos Mangouras, capitán del “PRESTIGE” cuando en 2002 se hundió frente a las costas gallegas provocando una catástrofe medioambiental, ha reconocido hoy ante el tribunal que juzga los daños causados por el vertido de fuel que la carga pudo ser trasvasada a un buque más pequeño una vez que el temporal amainó.
Mangouras ha afirmado que en las horas previas a la avería, durante la mañana del 13 de noviembre de 2002, las “grandes dimensiones” del petrolero hacían “imposible” fondearlo en una zona de abrigo cercana a su ruta como la ría de Ares. No obstante, ha defendido que cuando el barco sufrió la fisura que acabó en su naufragio el 19 de noviembre hubo momentos, una vez corregida la escora inicial de 25-30 grados, en los que el buque “pudo ser remolcado a una zona abrigada y trasvasar su carga a una nave más pequeña”.
Así, ha respondido que pensaban que irían “a un puerto de aguas abrigadas”, pero que le respondieron, en alusión a las autoridades españolas, que “no podía ser, que el barco tenía que irse”. En su interrogatorio, ha insistido también en que, a día de hoy, desconocen “la razón” por la que se rompió el barco. En cuanto a las posibles causas, no ha descartado que fuese por “una ola gigante” o porque hubiese sido golpeado por “un objeto”.
El abogado del Estado quiso demostrar durante el interrogatorio mediante las huellas de radar del “PRESTIGE” que, poco después de que se pudiera valorar la opción del fondeo, circulaba con un rumbo muy irregular, hasta el punto de invadir el canal que no le correspondía.
“No estabilizamos el barco para que lo llevaran al océano”, ha recalcado Mangouras, quien en su declaración a las preguntas del fiscal el pasado martes insistió en que la mejor solución hubiera sido remolcar el “PRESTIGE” a un puerto-refugio y no alejarlo de la costa como finalmente se hizo por orden de las autoridades españolas.
Por Paola Obelleiro
15/11/12
EL PAÍS (España)