Uno de los ejes fundamentales de la reforma es que no haya ningún vínculo entre los funcionarios de la agencia controladora y las empresas petroleras.
Uno de los ejes fundamentales de la reforma es que no haya ningún vínculo entre los funcionarios de la agencia controladora y las empresas petroleras.
La prohibición de que los empleados del ente regulador de la industria petrolera de EE.UU. trabajen para compañías del sector tras dejar la agencia, y la imposición de un pago a las empresas para financiar más inspecciones, son algunos de los cambios propuestos ayer por los legisladores.
La agencia supervisora, que hasta tendrá un nuevo nombre, ya que no será el Servicio de Administración de Minerales sino que se la denominará Oficina de Administración, Regulación y Aplicación de Normas de la Energía Oceánica, fue sometida a escrutinio por parte del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, que tienen la función de supervisarla.
“Si hacemos esto bien, tengo la esperanza de que veamos resultados tangibles en todos los frentes, y nos distanciemos de la catarata de fallas que llevó al accidente de la Deepwater Horizon”, dijo Jeff Bingaman, el demócrata que preside el Comité, al presentar el proyecto de ley para reestructurar la agencia junto con Lisa Murkowski, del Partido Republicano.
Entre las propuestas figura la de aplicar un impuesto a la industria, cuyo monto todavía no fue especificado, para que el ente regulador pueda contratar más inspectores, que estén mejor preparados, para supervisar las operaciones de perforación.
Ken Salazar, el secretario del Interior, que tiene a su cargo la agencia reguladora, declaró ante el Comité que ésta necesita contratar 330 inspectores adicionales para poder cubrir las crecientes demandas que presenta la perforación y realizar revisiones ambientales de los planes de las empresas.
Salazar agregó que actualmente la agencia cuenta con 62 inspectores, una cifra “lastimosamente inadecuada”.
Además, la propuesta prevé aumentar lo que deberán pagar las firmas operadoras para cubrir los daños que puedan causar y elevar los niveles de multas civiles y penales.
También se propone que cada compañía que perfore offshore realice evaluaciones de riesgo y presente planes detallados para responder en caso de perder el control de un pozo y en lo que respecta a las subsiguientes operaciones de limpieza.
El otorgamiento de concesiones estará limitado a firmas que cumplan con su responsabilidad en materia de seguridad y protección del medio ambiente en las operaciones actualmente en actividad, y que hayan pagado todos los daños y perjuicios causados en accidentes previos.
Cuando el gobierno buscó responsabilizar a la petrolera BP por el derrame en el Golfo de México, quedaron en evidencia conductas incorrectas por parte del ente regulador y el presidente Barack Obama criticó las estrechas relaciones entre la agencia y la industria. Salazar sugirió un mínimo de dos años sin vínculos con el sector petrolero para los empleados de menor categoría, y señaló que a los funcionarios de alto rango se les puede llegar a prohibir de por vida trabajar en las empresas que han regulado.
Por Anna Fifield
27/06/10
EL CRONISTA.COM