El ataque militar de Colombia a un campamento de las FARC en territorio de Ecuador ha reactualizado en el continente, dramáticamente, la necesidad de concretar enfoques regionales y asociativos en materia de seguridad.
El ataque militar de Colombia a un campamento de las FARC en territorio de Ecuador ha reactualizado en el continente, dramáticamente, la necesidad de concretar enfoques regionales y asociativos en materia de seguridad.
Hace seis años, con la entonces ministra de Defensa y hoy presidenta de Chile, Michelle Bachelet, concretamos la primera integración de una unidad binacional desde 1817 (cuando los jefes eran San Martín y O Higgins), para la misión de paz de la ONU en Chipre.
Durante ese mismo 2002, en medio de la crisis, ante los representantes de los centros de estudios estratégicos del país, reunidos en la Escuela de Defensa Nacional, propusimos la creación inmediata de un mecanismo permanente de reflexión estratégica regional. También expusimos la idea ante los ministros de Defensa de Brasil y de Chile. Pero en nuestro país cambió el gobierno.
Pensábamos, entonces y ahora, en un núcleo pequeño, ágil, con importante representatividad política y militar de los delegados de cada país, de modo que no se convirtiera en una codiciada fuente de trabajo para las burocracias.
Ese mecanismo debería permitir identificar rápidamente consensos, diferencias y matices, como paso previo inevitable para avanzar hacia formas considerablemente más complejas, como un Consejo de Defensa o un Estado Mayor Regional.
En este momento, es Brasil el que está planteando la posibilidad de crear un Consejo Sudamericano de Seguridad, que, a nuestro juicio, debería tener en su basamento este mínimo de coincidencias. Conviene tener en cuenta la experiencia ajena, considerando las obvias diferencias, y observar la integración y el funcionamiento de los Centros de Detección de Crisis, creados en el marco de la Estrategia Europea de Seguridad (EES).
Estos centros están concebidos para abordar las eventuales amenazas con un criterio regional, anticipar la escalada de los conflictos y recurrir a instrumentos multilaterales para prevenir o afrontar las crisis, al integrar los recursos civiles y militares disponibles.
Debemos tener en cuenta, además, que en todo el mundo "disminuyen las guerras de tipo convencional, pero proliferan los conflictos armados, que, tanto por sus causas como por sus efectos, tienen implicancias notables más allá del lugar dónde se producen" (transcribo el párrafo que integra los fundamentos de la ley de defensa nacional de España, sancionada a fines de 2005).
Quiero recordar, asimismo, que la Unión Europea, también en 2005, al referirse a la EES dijo: "Se llama la atención significativamente sobre el proceso por el cual se desdibujan los límites previamente estáticos entre los conceptos tradicionales de seguridad interna y externa". Esto fue escrito, como se ve, bastante antes del conflicto entre Colombia, Ecuador y Venezuela, con las FARC en el medio.
En consecuencia, creo que la iniciativa adelantada por Brasil a través de sus ministros de Defensa, Nelson Jobim, y de Asuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira, que sería formalizada por el presidente Lula da Silva en la próxima cumbre de la Unión Sudamericana, apunta a satisfacer una necesidad (en el estricto sentido del término) de la región y, por lo tanto, que nuestros gobiernos deberían apoyarla y pasar del qué al cómo, lo que no es sencillo.
Si nos atenemos a un elemental concepto de Nación y a los proclamados, y relativamente respetados, principios de igualdad de las naciones, no injerencia en los asuntos internos y soberanía territorial de los estados, convengamos que la responsabilidad irrevocable de cada país es asumir primero la obligación de garantizar su defensa y seguridad y, a partir de allí, construir acuerdos o alianzas bilaterales o multilaterales, que consoliden los equilibrios y la paz regional e internacional.
Una dificultad muy importante, sobre todo en los aspectos específicamente militares, reside en las asimetrías que se vienen acumulando en la región.
Los medios de comunicación masiva y los especializados vienen dando cuenta de las enormes inversiones en el moderno equipamiento militar -se miden en miles de millones de dólares-, que están realizando, en nombre de la paz, los países de la región, con Brasil, Chile, Colombia, Perú y Venezuela a la cabeza.
Brasil ha anunciado que lanzará en septiembre próximo un plan de reorganización de sus fuerzas armadas, a un costo sideral. Y en este punto conviene una reflexión acerca de dónde estamos parados.
Al cabo de cinco años de una bonanza sin precedentes en las cuentas fiscales, las Fuerzas Armadas argentinas no están en condiciones materiales de cumplir su misión principal, definida por las actuales autoridades, y requieren partidas extrapresupuestarias específicas para afrontar misiones secundarias, como ayuda en catástrofes, ejercicios internacionales y misiones de paz.
Sin entrar, por prudencia, en excesivas precisiones sobre el estado del material y sistemas de armas, de los aviones, el mantenimiento de los buques y la falta de munición podemos afirmar que, salvo pequeños sistemas no representativos del conjunto, el equipamiento específico principal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea tiene diseño de hace más de treinta años y su mantenimiento se torna muy oneroso. Tampoco la actual estructura presupuestaria permite una modernización racional del equipamiento, más allá de ocasionales y espasmódicas iniciativas, carentes de una visión de conjunto y, por lo tanto, inútiles para solucionar el problema.
Debemos asumir que nuestra defensa arrastra problemas estructurales que implican muy complejos desafíos. El Ejército mantiene un despliegue territorial concebido para una fuerza de conscripción obligatoria de ochenta o cien mil soldados; hoy tiene alrededor de quince mil voluntarios, con lo cual sólo se logran unidades incompletas, imposibilitadas de cumplir con la misión que tienen asignada.
La Armada tiene un diseño básico de hace alrededor de cuatro décadas, concebido en torno de un portaaviones que no tenemos, ni tendremos en un futuro previsible.
La Fuerza Aérea puede hacer volar alrededor del veinte por ciento de sus aviones y debe transferir a funcionarios civiles responsabilidades de control de la actividad aérea que ocupan a la mitad de su personal militar.
Este oscuro panorama profesional, sumado a la discriminación negativa que padecen las remuneraciones militares comparadas con las del resto de la economía y la destrucción del haber de retiro como un aliciente -los retirados cobran la mitad de lo que perciben los cuadros en actividad-, ha provocado un costoso éxodo de oficiales jóvenes en las tres fuerzas, reconocido por el Ministerio de Defensa.
La mala combinación de nuestras impotencias con las necesidades y desequilibrios en la seguridad regional reclama que se asuma de una vez por todas que la política de defensa es una política de Estado y que, como tal, requiere la asunción del problema por la totalidad del espectro político y, como corolario, la apertura urgente de un debate democrático y progresista sobre la cuestión, cuyo ámbito natural, debería ser el Congreso de la Nación, con la discreción que reclaman los temas por considerar.
Es en el ámbito de sus comisiones específicas donde se debería trabajar, con el aval de la experiencia provechosa que permitió, en su tiempo, la sanción de valiosos instrumentos, como lo fueron las leyes de defensa nacional y de reestructuración de las Fuerzas Armadas, producto de consensos básicos de toda la representación parlamentaria.
Utilizo el término "progresista" en su sentido clásico de ganar el futuro, sin olvidar ningún pasado, pero sin quedar prisioneros de lo que repudiamos.
Por Horacio Jaunarena
Para LA NACION
El autor fue ministro de Defensa. Su dirección electrónica es horaciojaunarena@fibertel.com.ar.
16/04/08
LA NACIÓN