Se trata de un acuerdo pesquero que regulará la pesca en el Pacífico Sur.
Se trata de un acuerdo pesquero que regulará la pesca en el Pacífico Sur.
A principios de la semana pasada llegó desde Wellington (Nueva Zelanda) a la Cancillería un importante documento: el borrador de un acuerdo pesquero que involucra a Chile y a otra veintena de naciones que, de ser ratificado, regulará la pesca en el Pacífico Sur poniendo orden y reglas en alta mar.
Para el país involucra a la industria del jurel, que mueve unos US$ 850 millones en ventas, que da 11.500 puestos de trabajo directos, e involucra intereses de vastos sectores empresariales, desde el grupo Angelini, Camanchaca, Itata o San José, por nombrar algunos.
El Mercurio informa que hoy se corren algo así como los últimos 100 metros de una carrera que incluye regulación a los grandes buques factorías -de origen europeo y chino, principalmente- y que han sido la pesadilla de los pesqueros industriales chilenos, porque ven cómo pescan sin límites de captura en alta mar, afectando con ello a Chile que es el principal actor en este recurso. Y los chilenos sí se rigen por cuotas hace años.
Hay voces que claman para que el gobierno chileno adopte medidas de presión más duras ante esta negociación final, y donde además no hay acuerdo con Perú para enfrentar de forma unida el problema.
Aunque en privado algunos sectores económicos peruanos muestran simpatía por la posición chilena -porque enfrentan el mismo problema de buques factorías-, la posición oficial es diferente, influida por los conflictos políticos entre ambos países.
Dados los argumentos de conservación del recurso que ha esgrimido Chile, hay sectores industriales que echan de menos una posición más jugada de las ONG ambientalistas. Por el contrario, consideran que han sido tímidas.
"Hemos tratado de influenciar a todo el foro y no establecer culpabilidades. Pero no significa que no hayamos estado trabajando", plantea Samuel Leiva, coordinador de campaña de Greenpeace, quien es claro en que no tomarán partido en una negociación en que, a su juicio, hay sólo intereses: la cuota pesquera y quién la tiene.
Qué se juega
El plazo límite de negociación está entre el 8 y el 14 de noviembre, cuando en Auckland, Nueva Zelanda, se realice la reunión final en estas tratativas.
"El proyecto de convención que ya tenemos sobre la mesa, que acaba de aparecer, ya atiende nuestros intereses", dice Fernando Danús, director de Medio Ambiente, Antártica y Asuntos Marítimos de Cancillería.
Pero en el sector privado hay señales de alerta. La gran preocupación son las medidas de protección transitorias que se aplicarían a partir de enero y hasta que los Congresos aprueben el texto final y se eche a andar la convención.
Esto, porque ya existe una medida transitoria -pero que expira en diciembre-, y que los chilenos estiman que no fue para nada efectiva: dejó vacíos que permitieron que siguieran llegando barcos y no se controlaron las capturas en alta mar.
La participación de Chile en el total de las capturas de jurel en el Pacífico lo refleja, según los pesqueros chilenos. "No es posible que tengamos medidas interinas que no sean consistentes con el estado del recurso. Y las de hoy no son consistentes", dice la abogada de Sonapesca, María Alicia Baltierra.
La aspiración chilena es lograr que la medida transitoria congele y ponga límites por Estado a las capturas.
Previo a la reunión en Auckland, habrá dos citas claves para tratar este tema, la última en Washington a mediados de este mes. "Las medidas provisionales tienen la misma o incluso mayor importancia. La negociación para nosotros es un solo gran paquete. Si no se logra este paquete, sostenemos que Chile no debe firmar. El texto solo, al sector privado no le sirve", plantea Rodrigo Sarquis, presidente de Asipes.
El gerente de este gremio, Luis Felipe Moncada, es drástico: "Si bien el texto (de la convención) está negociado en un 95%, las medidas interinas están en un 5%. En Washington, debemos decir a los países que Chile no va a considerar en Auckland la negociación terminada, ni mucho menos va adoptar el texto, si no se ha avanzado en la medida interina, o ésta no es adecuada para los intereses de Chile. Y anunciar también en Washington que Chile va a revisar la política de acceso a puertos. Y no esperar a Auckland para ello".
Así, Moncada pone el acento en un tema que la Cancillería ha considerado contraproducente usar, en pos de no afectar la negociación, al menos hasta ahora: impedir que naves extranjeras de apoyo o aprovisionamiento a las pesqueras -cambio de tripulación, combustibles, alimentos- usen puertos chilenos (hoy el llamado Decreto 123 no da acceso a naves pesqueras externas).
"Si bien esa posibilidad está sobre la mesa y la vamos a revaluar luego de Auckland, por el momento no sólo no ayudaría, sino que perjudicaría", estima Fernando Danús. Dice que el negocio de aprovisionamiento se desplazaría a Perú; nos podrían llevar a la Organización Mundial de Comercio (OMC) acusando a Chile de cerrar los puertos. Y podría afectar la negociación.
"La medida interina que queremos es muy difícil de obtener. Pero se torna imposible si yo me peleo con los otros actores en la negociación. Esas son las razones por las cuales la Cancillería no ha accedido", dice el diplomático.
Danús es cauto sobre qué pasará con el texto de la convención si no se dan pasos decisivos en la medida transitoria. "La actitud de un Estado determinado no influirá en la adopción del tratado por parte de los demás participantes, si éstos se hallan conformes con su contenido", dice.
El organismo multilateral
Hace cuatro años, Nueva Zelanda y otros estados como Chile comenzaron una activa cruzada para crear una Organización Regional de Administración Pesquera del Pacífico Sur (ORP). Luego de siete reuniones y la participación de naciones ribereñas y con intereses en la zona de alta mar, al fin en noviembre próximo debería salir humo blanco: un acuerdo que siente las bases para establecer medidas de conservación permanentes. El texto borrador de la convención ya dio luces, que para la Cancillería serían favorables, de acuerdo a la primera revisión hecha esta semana. "La historia pesquera -que es nuestro principal interés que sea el criterio más importante en la distribución- está ya considerada", dice Fernando Danús, quien resalta también que se considera que el jurel sea administrado con la fijación de un total máximo de captura único (el método que tenemos en Chile) y no se afectan los intereses en los espacios marítimos jurisdiccionales.
Sobre la medida provisional-que los privados ponen como condición para aceptar todo el texto-, Danús ve espacio para negociar con otras naciones y que acepten nuestra postura. "Estamos haciendo gestiones diplomáticas y las seguiremos haciendo", dice, basado en que también los pesqueros a distancia han hecho inversiones y necesitan que el jurel no se acabe.
05/10/09
AQUA – CHILE