El registro único de trabajadores de las actividades petroleras, mineras y pesqueras, creado tras la sanción de la Ley 3141, sería más beneficioso que lo estipulado en la 2632. Ésta última fue declarada inconstitucional tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia, aunque no tendría incidencia alguna entre los trabajadores de la pesca.
El registro único de trabajadores de las actividades petroleras, mineras y pesqueras, creado tras la sanción de la Ley 3141, sería más beneficioso que lo estipulado en la 2632. Ésta última fue declarada inconstitucional tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia, aunque no tendría incidencia alguna entre los trabajadores de la pesca.
Desmintió además que el Gobierno haya condonado deudas de permisos de pesca a empresas pesqueras chubutenses.
Luego de que se diera a conocer a través de los medios de información la declaración de inconstitucionalidad la Ley Provincial N° 2632 en Santa Cruz, la cual exigía que la mitad de la tripulación de los buques pesqueros que operan en sus aguas, debía estar constituida por argentinos con más de dos años de residencia, el subsecretario de Pesca, Juan Carlos Braccalenti dialogó con Prensa Libre y manifestó su tranquilidad al respecto. “Lo que hay que decir primero es que esta ley, la 2632, quedó ciertamente derogada, porque a partir de agosto de este año existe otra ley, que es la 3141 mediante la cual se crea un registro único de trabajadores de las actividades petroleras, mineras, pesqueras y de otras actividades laborales”, manifestó el funcionario. Es por ello que se refirió luego al fallo del máximo tribunal y aseguró que éste no tendría incidencia alguna entre los trabajadores, “incluso con la nueva norma es mas beneficioso”.
El fallo
Por unanimidad, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la Ley 2.632 y del decreto 17/03 de la provincia de Santa Cruz al aceptar una acción declarativa de certeza de la empresa Argenova SA.
La norma cuestionada exige que la tripulación de los buques pesqueros esté constituida en un 50% por ciudadanos argentinos que tengan más de dos años de residencia permanente en la provincia.
El diario judicial indicó que la empresa Argenova consideró asimismo que la Ley Provincial 2.632 legisla sobre temas de carácter federal ya regulados de un modo diverso por el artículo 40, inciso b de la Ley 24.922 —Régimen Federal de Pesca— y en consecuencia conculca el artículo 31 de la Constitución Nacional.
En este marco es que Braccalenti remarcó que pese a ello “nosotros no somos quienes para interpretar las leyes, debemos cumplirlas y ni siquiera discutirlas”, aclaró.
Los jueces de la Corte, con cita al pensamiento de Alberdi, manifestaron que la “’cláusula del progreso’ comprende tanto el derecho de la empresa a ejercer una industria lícita y la consecuente libertad de contratación —también amparada por la noción de comercio del artículo 75, inciso 13— como la protección y promoción de los derechos de los trabajadores del sector, con independencia de su lugar de residencia, en orden a la ‘igualdad de oportunidades y posibilidades’ formulada en el artículo 75, inciso 19”.
No complica
Asimismo, esta empresa pesquera radicada en la localidad de Puerto Deseado fue la que había cuestionado esta norma, por lo que Braccalenti fue consultado sobre si se complicaría la relación entre las partes, aunque consideró que “no sería así”. “Yo no creo, porque a partir de la existencia de esta nueva norma, la anterior queda virtual mente sin efecto y crea un estamento de trato preferencial”, aseguró Braccalenti. Agregó además que “inclusive en este registro único de trabajadores la autoridad de aplicación es la Secretaría de Trabajo”.
Sobre los permisos
En otro orden, Braccalenti desmintió que el Gobierno provincial haya condonado deudas en materia de permisos de pesca a empresas pesqueras chubutenses.
Informó que en el año 2009 la cartera pesquera en su carácter de autoridad de aplicación, decidió la desgravación del arancel de los Permisos de Pesca para las empresas radicadas en Santa Cruz, y por ende a las chubutenses, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Administración Conjunta del Golfo San Jorge, que “regula y ordena las pesquerías con artes de arrastre en este ámbito”.
A tales efectos, se señaló que esta medida fue necesaria en el marco de una importante crisis del sector pesquero durante el año 2009 que se vio reflejada en la caída de las ventas y la acumulación de stocks, la significativa disminución de los valores de comercialización, la falta de financiamiento crediticio y la pérdida de los estímulos fiscales que permitían corregir las asimetrías con otros puertos pesqueros del país, aspectos que hacían peligrar el mantenimiento de las fuentes de trabajo.
Para ello, se resolvió disminuir el valor de los permisos de pesca y mejorar la recepción del canon por derecho único de extracción, brindando facilidades, lo que permitió mantener la totalidad de las fuentes de trabajo, tanto en tierra como para el personal embarcado.
Respecto de la desgravación de las firmas permisionarias de Chubut, se explicó que a partir de la plena vigencia del Convenio de Administración Conjunta del Golfo San Jorge, se establece que “a partir del principio de equilibrio económico, los permisos que se otorguen en reciprocidad sean proporcionales a las características de las pesquerías existentes en cada jurisdicción”.
Finalmente, y respecto de la información vertida por distintos matutinos, desde la Subsecretaría de Pesca y Actividades Portuarias, se indicó que las medidas adoptadas por los gobiernos provinciales son autónomas y soberanas, por lo que las políticas resueltas por la provincia de Chubut de ninguna manera afectan o perjudican la actividad que llevan adelante las firmas permisionarias de nuestra provincia.
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PRENSA LIBRE