Las industria pesquera argentina espera aún -a varios meses de su anuncio- las ayudas gubernamentales para paliar la crisis del sector, con despidos que acucian a empresarios y trabajadores.
Las industria pesquera argentina espera aún -a varios meses de su anuncio- las ayudas gubernamentales para paliar la crisis del sector, con despidos que acucian a empresarios y trabajadores.
Los ejes de acción principales que atraviesan el debate de empresas pesqueras y gobierno para paliar la crisis del sector en el país han sido desde fines de 2008 por lo menos tres: la necesidad de capital de trabajo por parte de las empresas, abarrotadas de stocks que cotizan a la baja, para encarar las nuevas campañas; la remoción de la política de retenciones a las exportaciones -que a su vez convulsiona al país en su versión agrícola-, y la búsqueda de consenso para sostener, a pesar de la paralización, los puestos de trabajo de los pescadores y operarios de las plantas de procesamiento distribuidas a lo largo del mar argentino desde Mar del Plata hasta Puerto Deseado.
Esto sin contar las demandas de mejoras en la gestión de los caladeros y en los controles, para lo cual la administración argentina ha tomado algunas medidas por parte del nuevo subsecretario de pesca Norberto Yauhar, y que han sido bien recibidas en España (véase en este número, “El secretario del Mar, de visita en Argentina”). Entre ellas, el anuncio de la cuotificación de la merluza y otras especies, que habrá que ver cómo se gestionan e implementan.
Pero el financiamiento es la pata coja del empresariado pesquero, que ante la depresión de la demanda mundial varía entre la necesidad de fondos de financiación para sostener los stocks en cámara, y la demanda de capital accionario y de trabajo, o de fondos para reformas tecnológicas de las plantas para innovar en producciones con una valor agregado distinto.
Las empresas pesqueras argentinas luchan con las repercusiones sociales de la crisis y con la dificultad de financiamiento por parte de sus casas matrices, además de la presión del stock de calamar, que sufre la baja de los precios internacionales desde hace tiempo y cuya campaña ha comenzado con bajas capturas y con la fuerte presión pesquera de los buques de la 201. Durante enero de 2009, se desembarcaron algo más de 15 mil toneladas totales de pescado, “la cifra más baja de los últimos años: casi un 60% menos que en igual período de 2008”.
En este contexto, los tres puntos mencionados en el primer párrafo de esta nota han sido objeto de las medidas tomadas por el gobierno nacional en su plan de rescate al sector anunciado a fines de 2008, pero con suerte dispar en su aplicación. A mediados de diciembre la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció un paquete de medidas denominado mediáticamente “salvataje presidencial”: la creación de un fondo de 80 millones de dólares para prefinanciar las exportaciones, a instrumentarse por medio de entidades bancarias privadas y solo para “aquellas empresas que adquieran el compromiso de conservar la planta de personal”, y la dotación de capital de trabajo operativo a través de la línea de créditos del Banco de la Nación Argentina. A esto se sumó casi al unísono la derogación de la medida que excluía de los reintegros por exportaciones a los productos elaborados a bordo, un respiro relativo para las empresas que operan con el calamar.
Oferta poco tentadora
La Cámara de Armadores de Pesqueros Congeladores de la Argentina (Capeca) cuenta con dos empresas con capitales españoles: Arbumasa y Vieyra Argentina, que ha incorporado recientemente a Pescasur. En diálogo con Europa Azul, desde la Cámara afirman que del paquete de medidas anunciado en diciembre, a la industria no ha llegado nada. “De los 80 millones destinados a la prefinanciación de exportaciones no hemos tenido noticias. Los bancos privados tenían que asumir la responsabilidad de otorgar estos créditos, y ninguno se interesó en obrar de esa manera. Y los bancos nacionales tampoco”, confirmó una fuente de la entidad.
Ocurre que prácticamente el grueso de los bancos a los cuales se les ofreció que hicieran la operatoria de diligenciar los 80 millones de pesos dispuestos, han rechazado la línea de préstamos porque el porcentaje que les quedaba era muy bajo frente a un riesgo elevado. “Algún representante de los bancos con que se ha podido hablar informalmente, ha confirmado que al banco le quedaba un 3% y como no era obligatorio, lo rechazaron”, sostienen fuentes de la Comisión de Agricultura Ganadería y Pesca del Senado, presidida por la senadora Giusti y que ha cursado un pedido de rendición de cuentas sobre el tema al Ejecutivo.
La Comisión de la Cámara Alta ha confirmado la disponibilidad de los fondos y su proveniencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Los fondos están en el país inmovilizados y no hay muchas posibilidades de cambiarle el destino. No se trata de una línea de crédito condicionada por un plazo fijo del Gobierno. Son recursos del exterior que llegaron para determinado tipo de actividades y que argentina manifestó al momento de recibirlos, que tendrían ese destino. Hay elementos particulares que permiten suponer que el salvataje presidencial no es un anuncio mediático y nada más”, especifican desde la Comisión, que recibió informalmente a diversas cámaras empresariales y empresas por separado, entre las que se encontraban algunas españolas como Arangus. “En la instrumentación no se evaluó adecuadamente la posibilidad de participación de los privados o no se dio la orden de manera precisa y tajante para que los medios oficiales la ejecutaran”, redondea la fuente consultada.
Los ítems planteados por las empresas ante la Comisión apuntan fundamentalmente a que el financiamiento para el capital de trabajo y la prefinanciación para las exportaciones nunca llegaron. “En particular los poteros declararon que tuvieron que salir a hacer la pretemporada vendiendo anticipadamente y con un precio muy malo sus capturas; con algunos proveedores que les han financiado con costes adicionales algunos insumos como el combustible. O los mismos gremios de marineros que han aceptado una rebaja en su haberes para poder mantener su fuente de trabajo”, precisó a Europa Azul la Comisión de Agricultura Ganadería y Pesca del Senado.
A la nula recepción por parte de la banca privada de la propuesta gubernamental para asistir a la industria pesquera, se suma -como afirmábamos al inicio de esta nota- que en el caso del Banco Nación, para acceder a la línea de créditos, las empresas deben abrir una carpeta de crédito como cualquier cliente. Por las dificultades que ha venido atravesando el sector no todos pueden reunir esas garantías. De hecho, una de las preguntas que se hizo desde la Comisión a las cámaras es por qué no se utilizaba la figura del warrant: dar el mismo producto como garantía del préstamo, una práctica que lamentablemente en el sector se ha perdido por las dificultades de almacenamiento, entre otros factores. En este sentido una de la vías que evalúan las empresas es realizar alguna gestión con los bancos para intentar recuperar ese instrumento de financiación, aún más teniendo en cuenta que en general los ciclos de la pesca no son tan largos como el caso del grano, que puede estar almacenado uno o dos años .
Ocurre que las exigencias para calificar y acceder a los créditos anunciados son altas en un contexto de crisis, según los empresarios. Éstas incluyen el saneamiento fiscal y tributario, la puesta al día de las obligaciones con la seguridad social y el compromiso de no despedir trabajadores. “Creo que el dinero está y parte de él ha sido fondeado en los bancos. No se ha evaluado correctamente de qué manera iban a llegar a las empresas. Nosotros tenemos empresas que han presentado las carpetas con todo lo que pedía el Banco Nación y no hay manera de calificar” afirman desde Capeca.
Las dificultades que afrontan las empresas para el acceso a esta línea de crédito incluyen desde atrasos en sus pagos hasta la salida a concurso de acreedores. Aun ofreciendo otros tipos de garantía, se han negado los préstamos anunciados. “Algunas que se han tenido que presentar a concurso de acreedores quedaron fuera del acceso al préstamo en el Banco Nación tal como se estaba implementando ahora. Arangus fue uno de estos casos”, han declarado desde la Comisión de la Cámara Alta, que ha agregado que el propio director de la empresa española propuso garantías alternativas, obteniendo como respuesta que la compañía “no es sujeto de crédito”.
Retenciones: un respiro para el calamar
El reclamo del sector empresarial pesquero en lo referente a las retenciones es su mera anulación. Los empresarios arguyen que son una medida propia de la salida de la crisis de 2001. Las retenciones gravan entre el 5% y el 10% a los productos del mar según su grado de elaboración.
“En cuanto a la eliminación de las retenciones no ha habido avances. Lo que tiene la posibilidad de salir es para el calamar, que está en una situación crítica. Los días se van corriendo, y si sale cuando finaliza la campaña, tampoco va a servir de nada. Una demostración del problema es la baja cantidad de barcos que hay pescando: están en el mar 50 sobre una flota de cien”, aseguran desde Capeca.
En cambio, lo que sí se ha modificado son los reintegros en procesados a bordo: a partir del cuatro de diciembre último, por resolución 665/08 del Ministerio de Economía, se han incluido los productos elaborados a bordo de los barcos congeladores. La medida ha surgido como respuesta a las duras críticas a la resolución 137/08, que incrementaba en 9% la devolución de las retenciones, pero sin modificar la exclusión para los congeladores vigentes desde 1999. Desde Capeca han relativizado el impacto de la medida: “No es para todos los productos, sino para un listado muy específico, los más usuales no entran: el único favorecido, afortunadamente, es el calamar”, afirman en la entidad.
A su vez, al tembladeral que vive el sector se agregan las demoras en los pagos de los reintegros, propias del mecanismo administrativo: las empresas acusan un desfasaje entre el pago de las obligaciones por exportaciones y el cobro de los reintegros, que si bien nunca ha superado los 30-60 días, implica pagar los derechos al momento de realizar la exportación, para después presentar todos los papeles para cobrar los reintegros, con la consecuente merma en el capital de trabajo. “Un solución podría ser compensar con el IVA los derechos de exportación, o pagar los derechos de exportación en el momento en que se cobre la exportación. Nosotros hemos presentado la propuesta a la Subsecretaría de pesca, a pesar de que es un tema fiscal. Hemos tenido una reunión de Cámaras con las autoridades, incluido el secretario Cheppi en Mar del Plata, y planteamos los puntos más urgentes”, agregan desde una Cámara empresarial. Mientras tanto, las ayudas no llegan… y el mar, ahí.
Por Carlos Astorelli- Corresponsal de Europa Azul
26/05/09
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