El propósito del gobierno de la provincia de Buenos Aires de imponer un nuevo impuesto (basado en la imperiosa necesidad de reducir el enorme déficit de su funcionamiento administrativo) que afectaría el movimiento de las diversas cargas en los catorce puertos de jurisdicción bonaerense ha generado profunda inquietud en diversos sectores comerciales; particularmente, los relacionados con el ámbito cerealero. El gravamen en cuestión se aplicaría tanto a la mercadería de exportación como de importación, constituyéndose en un nuevo factor influyente en los precios definitivos que termina percibiendo el productor como pagando el consumidor.
El propósito del gobierno de la provincia de Buenos Aires de imponer un nuevo impuesto (basado en la imperiosa necesidad de reducir el enorme déficit de su funcionamiento administrativo) que afectaría el movimiento de las diversas cargas en los catorce puertos de jurisdicción bonaerense ha generado profunda inquietud en diversos sectores comerciales; particularmente, los relacionados con el ámbito cerealero. El gravamen en cuestión se aplicaría tanto a la mercadería de exportación como de importación, constituyéndose en un nuevo factor influyente en los precios definitivos que termina percibiendo el productor como pagando el consumidor.
Como repercusiones iniciales, en los medios vinculados con la exportación granaria, se manifestó la profunda inquietud generada por el proyecto del Poder Ejecutivo provincial. Desde ya, se prevé un impacto negativo en la actividad de los puertos locales, donde (por tomar sólo el mencionado rubro), en los últimos años, se ha apreciado el acrecentamiento de la exportación de porotos de soja y subproductos, debido a que el mayor calado los coloca en una situación ventajosa a fin de atender los embarques en vapores de envergadura que realizan los viajes al Lejano Oriente.
Algunas estadísticas publicadas por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca ilustran claramente sobre el particular: en 2008, el movimiento de mercaderías en el estuario fue de 12.676.308 toneladas, con una merma del 5,47 por ciento con respecto al año precedente, cuando se movilizaron 13.409.198 toneladas. De aquel total, más del 50 por ciento estuvo constituido por los granos, con 6.810.814 toneladas, frente a 7.589.105 del año 2007. El resto corresponde a subproductos, aceites, cargas varias e inflamables y petroquímicos. La circulación de mercadería ha alcanzado una saludable diversificación, consecuencia de la mejor infraestructura que ofrece la estación marítima, donde las empresas privadas han llevado a cabo importantes inversiones, aparte de las que están programadas para el corto plazo.
Uno de los riesgos iniciales que derivaría de la eventual aplicación del nuevo impuesto sería el desplazamiento de parte de los embarques a puertos de provincias vecinas, con lo cual sería enorme el perjuicio económico y social en lugares como Ingeniero White y el área de influencia. Mercadería (sobre todo, soja) que hoy se deriva a los puertos bahienses desde el centro y norte de la provincia de Buenos Aires, entre otros lugares, bien podría ser transportada a los puertos del Paraná, apenas los números indiquen que resultaría más conveniente. De todos modos, el completamiento de los buques de mayor calado debería continuar realizándose en los amarraderos whitenses.
Es evidente que el gobierno provincial apela a este recurso en su desesperación por achicar el desequilibrio financiero que lo viene jaqueando. Pero el efecto podría ser negativo, finalmente, si una determinada proporción de la mercadería se desplaza hacia puertos de otras provincias. La reacción observada en las diversas entidades relacionadas con el comercio cerealero es indicadora de los riesgos que aquella medida implicaría para nuestro complejo portuario.
17/09/09
LA NUEVA PROVINCIA