Proponen que se haga lo mismo que en Santa Cruz, que el Estado arrebate propiedades privadas y se las entregue a los trabajadores desocupados. Extraoficialmente, el gobierno de Martín Buzzi no considerará tales iniciativas. Proponen que se haga lo mismo que en Santa Cruz, que el Estado arrebate propiedades privadas y se las entregue a los trabajadores desocupados. Extraoficialmente, el gobierno de Martín Buzzi no considerará tales iniciativas. Una nueva propuesta para que se imite lo actuado en la provincia de Santa Cruz aterrizó en la Cámara de Diputados de Chubut y la iniciativa también fue entregada al Poder Ejecutivo para su análisis. El proyecto pertenece a la agrupación Mares del Sur, una ONG que nuclea a ex trabajadores de la pesca, principalmente marineros, que ha elaborado varias propuestas de diferente índole para alentar la recuperación de la mano de obra que la actividad ha expulsado con el correr de los años. Hace algo más de un mes, afiliados del Sindicato de la Alimentación habían entregado a legisladores provinciales un bosquejo normativo para que se sometiera a consideración del Parlamento chubutense una posible expropiación de la planta de harina de pescado Moliendas del Sur de Puerto Madryn, argumentando que la misma está paralizada hace más de un año y además anteponían razones ambientales respecto de la deposición final de los desechos de pescado, que según ellos, justificaban la utilidad pública que se debía dar sobre esa propiedad privada. La iniciativa que tuvieron en sus manos los legisladores que debían transformarla en un proyecto de ley y estamparles sus firmas para dar inicio al trámite legislativo formal no prosperó, porque los propios asesores consideraron la inviabilidad de un proceso de ese tipo. Esta semana, por su parte, la organización Mares del Sur hizo lo propio presentando formalmente un proyecto de declaración de utilidad pública sujeta a expropiación de la planta perteneciente a la sociedad anónima Harengus, la cual hoy está en posesión y control de un Juzgado Comercial de Puerto Madryn que lleva adelante el proceso de liquidación de bienes en el marco de la declaración de quiebra a la que fue sujeta hace dos meses. Bienes que serán subastados en 2013 para pagar las acreencias de la malograda empresa, entre los que se encuentran los ex operarios de la misma que recibirán sus liquidaciones finales con el resultante de ese remate. Las razones que fundamentan una medida extrema como disponer que una propiedad privada sea convertida en una estructura de utilidad pública, con la opción de ser expropiada a manos del Estado, según indican, se basa en priorizar el recupero del emprendimiento fabril, de modo que la pesquera pueda volver a funcionar y con ello se restablezcan los puestos de empleo cesados; al tiempo que la propuesta refiere también que la expropiación debe alcanzar a los cinco barcos congeladores que poseía la firma al momento de su quebranto. Santa Cruz hizo punta Los antecedentes más recientes, remiten a la provincia de Santa Cruz, donde por estos días se lleva adelante un tormentoso proceso luego que la Legislatura dictara una ley que instruyó al Poder Ejecutivo a designar un interventor al ser declarada de utilidad pública la pesquera Vieira SA, y dejar abierta la posibilidad de una expropiación definitiva, a pesar que la empresa se encontraba en un proceso de convocatoria de acreedores para reprogramar su deuda y continuar en actividad. Hoy, el estado santacruceño se expuso a demandas multimillonarias, que como era lógico esperar iniciaron los accionistas de una compañía de capitales privados a quienes le fueron arrebatados sus bienes. Por delante, se espera una prolongada controversia en el ámbito de los tribunales ordinarios, e incluso federales, ya que también les fueron incautados los barcos con licencias nacionales, donde el estado provincial carecía de jurisdicción para someterlos a su libre disponibilidad. Asimismo, Santa Cruz en el año 2009 sancionó la expropiación de la pesquera Barillari de Caleta Olivia, y hoy la provincia, y consecuentemente sus ciudadanos, enfrentan demandas por varios millones que seguramente en algún momento terminarán en la Suprema Corte de Justicia. En esta como la anterior señalada no se cumplieron los objetivos que se habían propuesto del recupero pleno de los empleos que tenían con anterioridad. La ex Barillari ha operado con escasa cantidad de empleados y en condiciones de dudosa regularidad en todo un proceso que siempre estuvo cruzado por sospechas, y en el caso de la planta de Vieira, primero se dijo que la misma sería controlada por una empresa timoneada por la cúpula sindical del SOMU, pero hace pocas horas un puñado de ex trabajadores de la pesquera fueron autorizados por el gobierno a tomar posesión de la misma, en un marco de la más absoluta precariedad jurídica que evidencia la carencia de una planificación cuando se resolvió avanzar en una expropiación. Seguridad jurídica En Chubut, al parecer, la cuestión es diferente. La verdad objetiva es que varias fuentes del gobierno provincial consultadas por REVISTA PUERTO descartaron ayer de plano que la administración que conduce el gobernador Martín Buzzi vaya a avalar o impulsar un esquema expropiatorio sobre propiedades privadas de empresas pesqueras. En el ámbito legislativo se cumplirá la formalidad que las propuestas sean giradas a cada una de las bancadas para su análisis, pero de allí a que esto sea transformado en un proyecto de ley y que llegue al recinto para su tratamiento, parece haber un trecho bastante amplio. Fuentes de la gestión Buzzi sostuvieron que el gobierno no alentará medidas que pudieran socavar la seguridad jurídica de una actividad industrial que si bien atraviesa una coyuntura de notoria fragilidad, una decisión de arrebatar una pesquera a manos del Estado no contribuiría en nada a solucionar los problemas de fondo. Por Nelson Saldivia 18/10/12 REVISTA PUERTO
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