Dos legisladores e integrantes de entidades sociales solicitaron a la presidenta chilena, Michelle Bachelet, que paralice el proyecto de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), que en este momento se debate en el Senado.
Dos legisladores e integrantes de entidades sociales solicitaron a la presidenta chilena, Michelle Bachelet, que paralice el proyecto de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), que en este momento se debate en el Senado.
Los senadores Guido Girardi y Alejandro Navarro, respaldados por miembros de diez organizaciones, esperan que la primera mandataria retire del Congreso el proyecto que modifica la actual Ley de Pesca “por su inconstitucionalidad".
El grupo sostiene que la aprobación de la Ley permitirá que “las grandes empresas salmoneras puedan hipotecar o prendar sus concesiones acuícolas, que son bienes nacionales de uso público, con los bancos acreedores”.
“Es atentatorio a la soberanía nacional, al privatizar, bajo la figura de barrio o agrupaciones salmoneras, amplias áreas del borde costero de Chiloé, Aysén y Magallanes a empresas salmoneras transnacionales noruegas, españolas y japonesas, y bancos europeos y que son los acreedores de estas compañías”, sostienen los legisladores en una carta que enviaron a Bachelet.
Al respecto, Girardi insiste en que la normativa, tal como está pensada, “es un gran retroceso para la soberanía nacional”, informó Diario Financiero.
"El borde costero en Chile es un bien nacional de uso público que por la vía de concesiones de por vida e hipotecables vamos a hacer que todas estas concesiones terminen en manos de transnacionales ajenas a los chilenos”, advierte el legislador.
Además, afirma que la iniciativa del Ejecutivo va a impedir que “los pescadores artesanales puedan desarrollar sus actividades porque viola leyes que consagran sus derechos exclusivos”.
Las organizaciones que concurrieron al Palacio de la Moneda junto a Girardi son: el Centro de Conservación Cetácea, la Confederación de Sindicatos Bancarios, el Observatorio de Conflictos Ambientales, Ecoceanos y la Liga Ciudadana de Consumidores.
La carta también fue firmada por el senador Alejandro Navarro, la Federación de Trabajadores del Salmón de Quellón, la Asociación de Miticultures, la Comunidad Mapuche Huilliche Pepiukelen y la Fundación Melimoyu.
La acción ciudadana es parte de la campaña nacional e internacional ‘No a la Privatización del Mar’, que esta semana comenzó a hacerse masiva en diferentes sectores sociales de Chile.
Esta semana, el Gobierno chileno indicó que pretende que los actuales titulares de concesiones acuícolas renuncien a su calidad de ‘indefinidos’ para que puedan optar a las medidas de fomento contempladas en la nueva LGPA.
De acuerdo con el ministro de Economía, Hugo Lavados, a fines de julio se introducirá una indicación al proyecto de ley para permitir que los actuales concesionarios opten por una concesión definida. Anticipó que podría ser, por ejemplo, de 40 años que se renueven 10 años antes del término.
La propuesta generó un fuerte rechazo en la industria salmonera. Mientras tanto, los bancos exigen que se aprueben rápidamente las modificaciones de la Ley como garantía hipotecaria para activar la línea de crédito de USD 450 millones, que cuenta con un aval del 60% de parte del Estado chileno.
Por Analía Murias
24/07/09
FIS