La gobernadora Fabiana Ríos indicó que Cancillería aún no brinda una respuesta sobre la reglamentación que hizo el Gobierno respecto de la Ley Gaucho Rivero. Así justificó el amarre del Crucero Star Princess, en diciembre, en contradicción con lo ocurrido en febrero, cuando decidió prohibir la llegada de esa embarcación al puerto de Ushuaia.
La gobernadora Fabiana Ríos indicó que Cancillería aún no brinda una respuesta sobre la reglamentación que hizo el Gobierno respecto de la Ley Gaucho Rivero. Así justificó el amarre del Crucero Star Princess, en diciembre, en contradicción con lo ocurrido en febrero, cuando decidió prohibir la llegada de esa embarcación al puerto de Ushuaia.La gobernadora Fabiana Ríos indicó que aún se espera desde Cancillería Argentina una respuesta sobre la reglamentación formulada de la Ley Gaucho Rivero, cuya aplicación en febrero prohibió el ingreso del Crucero Star Princess, pero hace escasas semanas sí pudo hacerlo, con la autorización del Gobierno provincial, a través de la Dirección Provincial de Puertos.
La contradicción le vale ahora a la gobernadora una demanda penal, que instruye la Jueza Cristina Barrionuevo y está relacionado con el presunto delito de incumplimiento de funcionario público, al no aplicar la ley, tal como se hizo en el segundo mes de 2012.
Ríos, en declaraciones que hizo a Radio Argentina, indicó que «en febrero se negó el amarre al Star Princess por las amenazas de no dejar bajar a los turistas encabezados por un Senador de la Nación, ex Combatientes, Movimiento por la Patria, Quebracho y el Sindicato Portuario, por razones de seguridad se impidió el amarre basado en la Ley Gaucho Rivero que no estaba reglamentada».
La Mandataria no lo mencionó en la nota, pero el Senador al cual se refiere es Jorge Colazo, quien había remitido una nota al Gobierno pidiendo expresamente la prohibición de amarre del Crucero, cuestión que no hizo en diciembre pasado.
La reglamentación
Tras el incidente ocurrido en febrero, la gobernadora Fabiana Ríos dijo que procedió a la reglamentación de la ley provincial, donde plantea que los buques turísticos que no pueden amarrar son los ingleses, de bandera inglesa, o de armador inglés, o de capitales mayoritarios británicos.
Tras ser remitida para su verificación, el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre objetó la reglamentación.
El decreto emitido por la gobernadora, fue girado a Cancillería, con el objeto de conocer su opinión y establecer que no exista una contradicción entre lo que se pretende implementar en la Provincia y las acciones diplomáticas encaradas por el gobierno argentino en orden a restablecer el diálogo por la soberanía de las Islas Malvinas.
Hasta el día de hoy la Cancillería no ha dado respuesta al pedido formulado desde la administración Ríos.
La Mandataria fueguina indicó que en la actualidad «sigue vigente el decreto nacional que pide autorización de cancillería para poder atracar en los puertos».
04/01/13
EL SUREÑO