Las medidas de fuerza que realizaron los trabajadores portuarios en reclamo de la derogación de la Ley 181 fueron levantadas por los estibadores a la espera de una reunión que se realizará el próximo 21 de diciembre en Buenos Aires. Desde el sector empresario, se denunció a las autoridades de la Dirección de Puertos por el estado de abandono en que se encuentra el Puerto de Ushuaia.
Las medidas de fuerza que realizaron los trabajadores portuarios en reclamo de la derogación de la Ley 181 fueron levantadas por los estibadores a la espera de una reunión que se realizará el próximo 21 de diciembre en Buenos Aires. Desde el sector empresario, se denunció a las autoridades de la Dirección de Puertos por el estado de abandono en que se encuentra el Puerto de Ushuaia.
Ayer, desde las 5 de la mañana, los estibadores portuarios se declararon en medidas de fuerza en contra de la carga y descarga a los buques pesqueros en reclamo del cumplimiento de la Ley 181.
Esta ley es la que reglamentaba y establecía un cupo en el registro de estibadores portuarios, y que sufría condicionantes bajo la Ley 615. Esta modificación, a entender de las autoridades de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), fue puesta en conocimiento del Poder Ejecutivo, quien estableció un decreto donde reglamentó en forma complementaria la ley provincial 181, estableciendo que el Centro de Contrataciones para cupo de estibadores se rija por la cantidad de metros cuadrados con los que cuenta el Puerto, y de ahí poder regular la oferta laboral.
Ante esta circunstancia, Orlando Díaz, secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos del Atlántico Sur (SUPAS), reconoció que "luego de la reunión con el coordinador de la DPP y los representantes de las empresas que operan en el Puerto, el gremio decidió levantar la medida de fuerza que había adoptado a primera hora de la mañana de ayer, consistente en no prestar servicio en la carga y descarga de barcos pesqueros".
Según expresó Díaz, "teníamos, desde hace 60 días a la fecha, medianamente resuelto el tema de la precarización laboral que sufrían los estibadores, pero por alguna razón ese decreto que fue firmado por el presidente de la DPP fue derogado por la Gobernadora. Debido a esta acción, nosotros decidimos adoptar la medida de fuerza, ya que no fuimos notificados de la derogación del decreto, ni tampoco se nos pidió opinión para consensuar una medida que nos favorezca a todos los que trabajamos en el Puerto".
En Secretario General del SUPAS consideró luego de la reunión "que la medida de fuerza que habíamos implementado se consensuó con las partes que estaban presentes y decidimos levantarla. Quedó, sí, una reunión que fue fijada para el 21 de este mes en Capital Federal, junto a la cúpula de Puertos, para tratar de llegar a un acuerdo de una vez".
A su vez y luego de la denuncia realizada por Lechman ante Prefectura, Orlando Díaz destacó que "esta presentación nos va a servir, en caso de que no lleguemos a un acuerdo por medio del diálogo con las autoridades del Puerto, como herramienta legal para actuar sobre esta derogación".
Por su parte, el empresario Jorge Lechman, presidente de la Cámara de Operadores Portuarios y Servicios Afines (COPSA), se manifestó en contra de la falta de autoridad que tiene la DPP considerando que "en este momento la DPP esta acéfala, sólo hay un coordinador que no tiene decisión política para firmar nada, es sólo una figura representativa".
Ante este abandono que presenta el Puerto de Ushuaia, Lechman decidió ayer por la mañana realizar una denuncia penal para que un fiscal intervenga en la causa. Esta denuncia fue realizada en la delegación de Prefectura, ámbito jurisdiccional que le corresponde al Puerto.
Con esta presentación ante la justicia, el empresario solicita que "se cumpla la legislación vigente, y el que no quiere aceptar esta legislación, tiene todos los instrumentos legales para recusarla".
17/12/08
EL DIARIO DEL FINDEL MUNDO