La industria pesquera, especialmente la de la Patagonia, ha comenzado a transitar un triste camino de cierres y despidos, con miles de obreros que han quedado en la calle. No sólo no se avizora el fin, sino que la crisis amenaza con profundizarse.
La industria pesquera, especialmente la de la Patagonia, ha comenzado a transitar un triste camino de cierres y despidos, con miles de obreros que han quedado en la calle. No sólo no se avizora el fin, sino que la crisis amenaza con profundizarse.
Desde Río Negro hasta Santa Cruz el listado de empresas que han reducido fuertemente el número de empleos genuinos, en relación de dependencia, es alarmante. Como también lo es el de las empresas que han cerrado definitivamente sus puertas.
Dos plantas de la Provincia de Río Negro, Marítima San José y Tramar, la primera con 120 empleados y la segunda con 60, están a horas de cerrar sus puertas. El panorama para aquellas que aún no lo han hecho es igualmente desolador: Camaronera Patagónica, que supo tener hasta hace unos meses más de 250 obreros, hoy sólo tiene 30 y se encuentra en pésima situación; Pesquera Austral tenía aproximadamente 85 empleados y hoy redujo su personal a 40, pero además está buscando la forma de salir definitivamente del negocio; en igual situación se encuentra la firma Poseidón, a la que le quedan 30 trabajadores.
En Chubut la situación para muchas empresas se ha vuelto insostenible: SMS; Pesquera Poseidón; Procesadora Neptuno; Arbumasa de Comodoro Rivadavia; Barillari de la misma ciudad y Frigorífico Siracusa han cerrado definitivamente sus puertas y con ellas se han perdido 938 puestos de trabajo. Pero el colapso no concluye allí, ya que otras firmas han reducido fuertemente la cantidad de mano de obra: Conarpesa en Puerto Madryn, donde llegaron a trabajar más de 400 obreros, hoy sólo mantiene 100; Harengus, que se encuentra concursada, ha pasado de 400 a 150 obreros; Kaleu Kaleu de 280 pasó a tener 70 empleados; Alpesca ya ha perdido 306 puestos de trabajo; Iberpesca redujo a la mitad su plantel de 90 obreros; siete plantas chicas de Rawson redujeron en 280 el número de trabajadores y en Comodoro Rivadavia, de cuatro plantas sólo queda una operativa, con una pérdida de 90 empleos. En total, entre las empresas que han cerrado y las que han reducido personal, ascienden a la escalofriante cifra de 2.414 los obreros que han quedado en la calle.
En el caso de la provincia de Chubut hay que sumarle, como si esto fuera poco, los más de 48 buques entre congeladores, tangoneros y fresqueros, que se encuentran paralizados por falta de rentabilidad o por falta de pago a los trabajadores, situación que perjudica directamente a unos 720 tripulantes. Para tomar real dimensión del problema cabe destacar el caso de Alpesca, que de sus 12 buques tiene 8 inactivos.
En Santa Cruz, la provincia del comando presidencial, la situación no es para nada mejor que la de las provincias vecinas. Entre todas las plantas procesadoras que operan en distintas ciudades de la provincia –Carsa, Vieira, Arbumasa, Conarpesa, Argenova, Pescargen, Santa Elena, Pesquera Santa Cruz y Empesur, entre otras– hasta hace diez meses contaban con un plantel de 1.700 obreros. Hoy, entre todas, no llegan a 900. Pero la foto que más angustia a la población es la de los buques parados en puerto: entre Deseado y Caleta suman unos treinta los buques langostineros que por falta de pago o de rentabilidad mantienen en vilo a 750 tripulantes. A ello debe sumarse el 95 por ciento de los buques poteros, de los cuales el 85 por ciento se encuentra amarrado en diferentes puertos patagónicos.
A la fecha ya se han perdido un total de 5.384 empleos; y después de haber escuchado a nuestra Presidente decir que, ante la crisis, han sabido manejarse con la suficiente inteligencia y compromiso como para que no se generara desempleo, puede entenderse fácilmente por qué el pueblo les dijo basta en las últimas elecciones.
Los empresarios hacen su lectura de esta brutal crisis que están atravesando y es llamativo que nadie los atienda. Entre la larga lista de los problemas que causaron esta debacle, resaltan la falta de competitividad y el fuerte aumento de los costos; a los que debe sumarse la caída de la demanda y de los precios internacionales, producto de la crisis mundial.
Pero hay otras cuestiones que no escapan a lo que debería ser de interés de los gobiernos nacional y provincial, ya que en parte la atención de muchos de los reclamos podrían ser resueltos con voluntad política. Por encontrarse estas plantas en zona desfavorable los sueldos son entre un 20 y un 30 por ciento más altos, pero este mismo principio no es aplicado para compensar a las empresas. Más aún, los reembolsos por puerto patagónico se han eliminado, el gas oil para la flota pesquera –segundo insumo en incidencia en los costos– se paga entre un 3 y un 5 por ciento más caro que en Mar del Plata; los costos de estibaje, energía y agua duplican a los que tienen los marplatenses y como si todo ello no fuera suficiente, los empresarios patagónicos son presa de la competencia desleal a que los someten los empresarios de la ciudad feliz, donde reina el trabajo en negro. Los 5.384 puestos de trabajo que se han perdido son de trabajadores que estaban en blanco, al igual de los que aún con esfuerzo y arriesgando la supervivencia de las propias empresas se siguen manteniendo.
El Gobierno nacional a través de su máxima instancia, la Presidente de la Nación, hizo oportunos anuncios en medio de la carrera electoral de líneas de crédito para la prefinanciación de exportaciones; pero ninguna de las empresas arriba enunciadas pudo acceder. Sí lo logró la firma Moscuzza de Mar del Plata, que no respeta los convenios colectivos de trabajo y además tiene permisos truchos.
Por añadidura, a pesar del fuerte impacto de la crisis internacional sobre el sector no se ha logrado que las autoridades nacionales redujeran o eliminaran temporalmente el pago de los derechos de exportación. En cuanto al cobro del reintegro de impuestos, lejos de actuar en pos de mantener puestos de trabajo, se sigue castigando a las empresas con demoras que superan los diez meses. Alpesca, una empresa modelo, que elabora productos de alto valor agregado, no sólo no ha podido acceder a los créditos Pre –a diferencia de Moscuzza– sino que el Estado Nacional le adeuda 2,2 millones de dólares en concepto de devolución.
En lo que atañe directamente a los obreros, las presiones en tiempos de crisis increíblemente han aumentado; a saber, la Ley Recalde de Tickets, por medio de la cual esta parte del sueldo que no era contributiva pasó a ser parte del básico, aumentando considerablemente la carga impositiva; y el aumento del tope de pago de las ART. Por su parte, los gremios han ejercido una fuerte presión para lograr aumentos salariales, lo que en palabras de algunos empresarios, es absolutamente atendible y justificado por los altos costos de vida en la Patagonia. Pero hay algo en lo que empleadores y gremialistas no logran acuerdo: poner un tope al altísimo nivel de ausentismo que en ningún caso baja del 20 por ciento.
Por supuesto, este caótico panorama del sector también ha afectado a las actividades conexas como la estiba, los despachantes y agencias marítimas, transportes y talleres navales, que han reducido su actividad al 40 por ciento.
¿Puede estar el Subsecretario de Pesca en desconocimiento de esta situación? Es de toda evidencia que no, como también lo es que ante este escenario ha preferido florearse con el ex presidente por la Patagonia tejiendo estrategias partidarias.
Si la máxima autoridad pesquera y el Gobierno nacional no dan importancia al drama que está atravesando el sector, el que hoy están viviendo miles de familias patagónicas, la situación se seguirá agravando y deberemos lamentar una crisis social nunca antes vista por estas latitudes.
Por Karina Fernández
24/07/09
REVISTA PUERTO