El 3 de junio de 1992, el Congreso sancionó la ley 24.093 vinculada con la habilitación, administración y operatoria portuaria, estableciendo entre otras cosas, un proceso de transferencia del dominio, uso y explotación de los puertos a las jurisdicciones provinciales, a requerimiento de los respectivos distritos.
El 3 de junio de 1992, el Congreso sancionó la ley 24.093 vinculada con la habilitación, administración y operatoria portuaria, estableciendo entre otras cosas, un proceso de transferencia del dominio, uso y explotación de los puertos a las jurisdicciones provinciales, a requerimiento de los respectivos distritos.
En su artículo 11 dice: "A solicitud de las provincias y/o de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en cuyos territorios se sitúen puertos de propiedad y/o administrados por el Estado nacional, y mediante el procedimiento que al respecto determine la reglamentación, el PE les transferirá a título gratuito, el dominio y la administración portuaria".
"Tales transferencias se realizaron en todos los casos con excepción del puerto de Buenos Aires, ya que el decreto 1029/92, suscripto por el presidente Menem, vetó parcialmente la ley aludida, quitándole a la Ciudad la facultad de requerir la transferencia del mismo, fundándose en que la por entonces Municipalidad "era un ente descentralizado que actúa dentro de la esfera del gobierno federal", dijo la diputada Silvana Giudici (UCR-Capital), quien a fines de mayo último presentó un proyecto para la transferencia a la Ciudad "del inmueble conocido como Dársena Norte".
A partir de la reforma constitucional de 1994, se creó el Gobierno Autónomo de Buenos Aires, con "facultades propias de legislación y jurisdicción". De ese modo no puede hablarse más de "un ente descentralizado que actúa dentro de la esfera del gobierno federal" y por lo tanto "no puede seguir manteniéndose con sustento lógico, político y racional, el fundamento vertido en el veto presidencial", añadió Giudici.
Por su parte, la Administración General de Puertos, emitió un comunicado diciendo que la regularización del predio "forma parte del plan integral que se viene ejecutando a partir de la promulgación de la ley 23.696 de Reforma del Estado, que concesionó el Puerto Buenos Aires y provincializó el resto de los puertos del país". Destacó que el rol del Puerto Buenos Aires es vital para una política portuaria nacional y que "mantener su administración en manos del Estado Nacional hace a la esencia del sistema federal de gobierno, por cuanto permite la atención de productos elaborados en distintas regiones del país o con destino a ellas, con un espíritu federalista y promocional, absorbiendo los costos de explotación, y el mantenimiento del dragado y balizamiento, lo que es de gran incidencia porcentual en los recursos financieros que se obtienen de su explotación".
23/06/09
LA NACION