(FNM) Las denuncias contra empresas contratistas en la Operación Lava-Jato y la admisión por parte de la empresa SBM, de pagos de dádivas a funcionarios da Petrobras, crearon un clima de aprensión sobre el futuro de la industria de la construcción naval y offshore en Brasil. Hay recelo acerca de los eventuales efectos de las investigaciones sobre los astilleros nacionales, controlados en algunos casos por las empresas involucradas en el Lava-Jato.
(FNM) Las denuncias contra empresas contratistas en la Operación Lava-Jato y la admisión por parte de la empresa SBM, de pagos de dádivas a funcionarios da Petrobras, crearon un clima de aprensión sobre el futuro de la industria de la construcción naval y offshore en Brasil. Hay recelo acerca de los eventuales efectos de las investigaciones sobre los astilleros nacionales, controlados en algunos casos por las empresas involucradas en el Lava-Jato.
Los sindicatos de obreros metalúrgicos temen por despidos en instalaciones industriales del sector, que podrían quedar inhibidas de participar de nuevas licitaciones de Petrobras. Y existe además, entre los empresarios, la percepción de que la petrolera estatal, cliente único de los grandes astilleros, puede llegar a tener dificultades para ejecutar su plan de inversión, lo que acarrearía atrasos en los nuevos contratos de construcción.
La construcción naval es una industria renaciente en Brasil que requiere de inversiones de largo plazo y renovación de la cartera de órdenes de construcción para consolidarse. Por otra parte, Petrobras tiene el desafío de cumplir sus metas de producción hasta el 2020 y, en virtud de las reglas de contenido local, necesita de los astilleros nacionales para construir nuevas plataformas, sondas de perforación y otros equipamientos.
En medio de los escándalos del Lava-Jato y de SBM, surgen dudas sobre el futuro de algunos astilleros. Uno de ellos, es el Astillero Brasa, de Niterói (RJ), controlado por SBM en sociedad con el grupo Synergy. El lunes, la presidente de Petrobras, Graça Foster, afirmó que SBM está impedida de participar de licitaciones de Petrobras hasta tanto se esclarezca a quién pagó coimas en la empresa estatal. Graça aclaró que los contratos en curso con SBM no serán interrumpidos. En el mercado, se estima que Brasa, por tener a SBM como socia, podría quedarse sin nuevas obras de Petrobras. Consultada la compañía petrolera, declinó pronunciarse al respecto.
En relación con Lava-Jato, fueron detenidos ejecutivos de empresas que controlan algunos de los nuevos astilleros del país.
Brasa construye módulos para plataformas y se encarga de la integración de dichos módulos en el casco de los buques-plataforma. Ya entregó una primera unidad y se encuentra trabajando en los módulos de otras dos plataformas, empleando a la fecha 1.600 trabajadores, según Edson Rocha da Silva, presidente del Sindicato de los Metalúrgicos de Niterói. El gremialista teme que se produzcan despidos si Brasa queda inhibido de participar en nuevas licitaciones de Petrobras. Pese a los intentos, no se pudo localizar a los representantes de Brasa ni de SBM para consultarlos al respecto.
Silva añadió que UTC, involucrada en el Lava-Jato, también tiene una unidad en Niterói para la construcción de módulos, donde emplea 850 trabajadores.
“No queremos que se repita en Niterói lo que está sucediendo en Charqueadas [RS]”, apunta Silva. La afirmación es una referencia a la paralización de la planta de Iesa Óleo e Gás, en Charqueadas, que puede producir el despido de un millar de operarios. El martes, Petrobras rescindió el contrato para la construcción de módulos de compresión de gas para plataformas de petróleo con IESA. Esta empresa, en recuperación judicial, está en la mira de Lava-Jato y tuvo a su presidente, Valdir Carreiro, y a su director Otto Garrido Sparenberg, detenidos por la Policía Federal el viernes pasado. Fueron liberados el martes.
Petrobras informó que la nueva licitación para la contratación de los módulos que se habían asignado a IESA será realizada “oportunamente”. La orden original asignada en julio de 2012 era de 24 módulos para seis plataformas, por un valor de USD 720,4 millones. En octubre, sin embargo, se transfirió a China la construcción de ocho de esos módulos, en virtud de la crisis financiera que afectaba a IESA y a su controladora, Inepar, que había pedido recuperación judicial en septiembre.
También en Rio Grande do Sul, Estaleiros do Brasil (EBR), de São José do Norte, está construyendo módulos para la plataforma P-74 de Petrobras. EBR es controlado por Toyo-Setal, que tiene dos directores incluidos en el Lava-Jato, los cuales se avinieron al mecanismo de acuerdo de “delación premiada”. Una fuente próxima a EBR dijo que los contratos de construcción que la empresa tiene con Petrobras, siguen “normalmente”. Pero la pregunta que se hace en el mercado es cuál será el futuro de EBR si la empresa llegara a sufrir los impactos de los actos de los controladores de Toyo-Setal.
También existen dudas sobre eventuales desdoblamientos del Lava-Jato hacia Engevix Construções Oceânicas (Ecovix), del mismo grupo de la constructora Engevix, cuyo vicepresidente, Gerson Almada, está entre los detenidos por la Operación Lava-Jato.
Uno de los delatores ligados a Toyo-Setal es el empresario Augusto Mendonça, que también integra el consejo de administración de EBR. Mendonça fue electo la semana pasada, vicepresidente de la Federación Nacional de la Industria de la Construcción y Reparación Naval y Offshore (Sinaval) para el período 2014-2018. “Sinaval no puede cercenar el derecho a la candidatura, en sus elecciones, de representantes de empresas legítimas del segmento industrial naval y offshore, los cuales, según las leyes brasileras, deben ser considerados idóneos hasta que se pruebe lo contrario”, dijo Sinaval en una nota divulgada poco después de la elección.
A raíz de Lava-Jato, fueron detenidos ejecutivos de empresas que controlan algunos de los nuevos astilleros del país. Es el caso de Camargo Corrêa y Queiroz Galvão, dueños del Estaleiro Atlântico Sul (EAS), de Pernambuco, en sociedad con capitales japoneses. OAS y UTC también tuvieron detenidos entre sus ejecutivos. Las dos empresas controlan, junto con Odebrecht y Kawasaki, el astillero Enseada, de Bahia. Una fuente dijo que las denuncias en el marco del Lava-Jato se refieren al área de refinación y, por tanto, no guardan relación con esos astilleros. Otra fuente dijo que Enseada tiene vida propia, independiente de los accionistas, y que este año, debe facturar casi R$ 3.000 millones. (Valor
Econômico en Portos e navios. Adaptado al español por NUESTROMAR).
26/11/14