Será el 4 de julio. Ante el máximo Tribunal, representantes del Estado Nacional, del Gobierno bonaerense y de la administración porteña analizarán, junto a un grupo de técnicos de la UBA, la factibilidad del plan para sanear las aguas.
Será el 4 de julio. Ante el máximo Tribunal, representantes del Estado Nacional, del Gobierno bonaerense y de la administración porteña analizarán, junto a un grupo de técnicos de la UBA, la factibilidad del plan para sanear las aguas.
La Corte Suprema de Justicia dispuso hoy que el 4 de julio sea la fecha para la audiencia en la que analizará el programa de saneamiento de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo propuesto por el Estado Nacional y el informe de factibilidad del plan, realizado por técnicos de la UBA.
En la reunión de acuerdo de hoy, la Corte resolvió celebrar una nueva audiencia con representantes del Estado Nacional, del gobierno bonaerense y de la administración porteña, ya que el daño ambiental ocasionado por la contaminación del Riachuelo atraviesa jurisdicciones de la Nación, la provincia y la ciudad.
En la audiencia del 4 de julio, los representantes de los gobiernos, los técnicos citados por la Corte y los vecinos que litigan para poner fin a la contaminación, podrán realizar observaciones al "Plan Integrado para el Saneamiento de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo", elaborado por el Estado Nacional en acuerdo con la administración de Felipe Solá y el gobierno de Jorge Telerman.
Técnicos de la UBA, en tanto, presentaron ya a la Corte un informe sobre la factibilidad de instrumentación del programa, el cual será debatido en la audiencia del 4 de julio o, si el tiempo resultara insuficiente, en los días posteriores, informó el tribunal mediante un comunicado.
El año pasado, por primera vez, la Corte dio luz verde a la demanda promovida por un grupo de vecinos afectados por los efectos contaminantes del río y abrió la causa "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estados Nacional y otros s/daños y perjuicios", la cual no tiene consecuencias de orden penal sino que está destinada a la búsqueda de una solución al grave problema sanitario que representa.
"Cada expositor dispondrá de no más de 15 minutos y deberá anunciar una semana antes de la convocatoria su voluntad de intervenir. En el caso de que se pretenda impugnar aspectos científicos del informe, deberá presentarse la prueba correspondiente", precisó la Corte.
A la audiencia de la primera semana de julio fueron citados representantes de los tres Estados que intervienen, así como la además de los estados mencionados, la Defensoría del Pueblo de la Nación, las fundaciones Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace y Ciudad, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Asociación de Vecinos de la Boca, entre otros.
(Fuente: DyN)
12/06/07
CLARIN