Se debatió sobre cómo uniformar criterios en materia de contrabando, mercaderías falsificadas y piratería.
Se debatió sobre cómo uniformar criterios en materia de contrabando, mercaderías falsificadas y piratería.
Los días 21 y 22 de abril se realizaron en Puerto Iguazú las Jornadas de Trabajo de Derecho Aduanero en materia de contrabando de cigarrillos, mercadería con marca falsificada y piratería.
Fueron organizadas por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y por la Dirección General de Aduanas.
Uno de los objetivos fue uniformar y precisar la disparidad de criterios sobre la compleja legislación que rige, principalmente, en materia penal, para dar, así, una solución actual a los problemas interpretativos que se plantean diariamente.
Muchas veces, frente a un delito complejo comienzan los debates sobre la necesidad de oponerle un derecho especial.
Se concluyó en las jornadas que la especialidad en sí misma es un mal camino para el derecho penal. Basta que existan dos posturas para que haya dificultad de interpretación.
No obstante, los participantes acordaron en que tanto el fraude marcario y la piratería, como el contrabando de cigarrillos y estupefacientes son delitos de extrema gravedad y que deben hacerse operativas las normas vigentes.
También se destacó la necesidad de unificar criterios en la adopción de medidas cautelares más importantes: secuestro e interdicción de la mercadería objeto de contrabando, de los medios de transporte y en cuanto a la autoridad que debe ejecutar la destrucción y el modo en que ésta deba hacerse.
Héctor Guillermo Vidal Albarracín actuó como presidente y su hijo, Guillermo Vidal Albarracín, como coordinador. Ambos letrados son especialistas en derecho aduanero y comercio exterior.
El encuentro se realizó a partir de mesas de trabajo de 12 miembros, en las que se debatieron los temas durante cinco horas. Al día siguiente, un coordinador de cada grupo expuso las conclusiones.
Fue aprobada por unanimidad una recomendación sobre que la solución legal de ciertas cuestiones penales fronterizas debe partir desde los Tribunales competentes en el lugar de comisión y desde allí elevarse al Congreso, y no a la inversa.
06/05/08
LA NACIÓN