“Estas cooperativas que le prestaban servicios a Barillari, no cobran desde hace dos meses y por esto han salido a defender sus derechos con cortes de rutas”, dijo ayer el diputado por Caleta Olivia Eugenio Quiroga.
“Estas cooperativas que le prestaban servicios a Barillari, no cobran desde hace dos meses y por esto han salido a defender sus derechos con cortes de rutas”, dijo ayer el diputado por Caleta Olivia Eugenio Quiroga.
El legislador, que sigue de cerca las negociaciones, sostuvo que mientras los trabajadores tienen el derecho a reclamar (con corte de rutas), los demás ciudadanos tienen el derecho de transitar libremente, “es un delicado equilibrio que hay que mantener a través del diálogo, en este sentido es que como prenda de buena voluntad han levantado el corte, a la espera de alguna solución, lamentablemente, con la presentación del concurso preventivo se hace más complejo el tema y donde el Estado, de alguna forma, va a intermediar en la ciudad de Buenos Aires, donde está el intendente (de Caleta Olivia), los ministros y autoridades de Pesca de la Nación, para ver a qué solución se puede arribar”.
En declaraciones realizadas durante el programa Era Hora, que se emite por LU 12 Radio Río Gallegos, el legislador explicó que Barillari tiene uno de los permisos de pesca más importantes del país, tiene actividades en Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz; el dueño del recurso es el Estado nacional, pero hay varios actores.
En cuanto lo que genera la presentación de la empresa a concurso preventivo de acreedores, se plantea que la firma entra en cesación de pagos, no puede cumplir sus obligaciones, se presenta ante el juez para plantear el cierre de sus obligaciones con los acreedores, y si no hay un acuerdo va a la quiebra, se le rematan los bienes y se paga a quienes se les adeuda, pero en un orden determinado, sintetizó Quiroga.
Acotó luego que “los trabajadores, por su relación de dependencia, tienen prioridad por sobre los que están prestando servicios en la planta de Caleta Olivia, que están conformados como cooperativa, es decir, una organización que les provee servicios y, en este caso, el privilegio a cobrar es menor al que tiene una relación de dependencia”.
La cooperativa, en caso de disolución de la empresa, tiene que presentarse a concurso con los créditos que tiene a su favor, el síndico tiene que evaluar si admite o no y si es así, con previo acuerdo de los acreedores, ver si puede cobrar. “Lo dijo en pocas palabras, pero es un proceso muy extenso”, explicó el diputado, quien es contador público nacional.
El caso afecta a 450 trabajadores, a quienes se les adeuda dos meses de salarios. Sobre la actuación del Estado frente a esta situación, Quiroga señaló: “La primer pregunta se la haríamos a Barillari, para ver qué piensa hacer, si va a seguir desarrollando actividades en Santa Cruz, si el concurso lo plantea con fines dilatorios u otros fines. El Estado nacional le otorgó permisos a esta empresa para que explote el recurso, en caso de que así no sea, hay que ver si esta actividad la realiza otra empresa o se busca otras alternativas, pero mientras tanto tenemos a 450 personas que dependen de este trabajo, el último sostén es el Estado, nacional, provincial y municipal”.
Dentro de las alternativas que están evaluando, están las de pagarle a los trabajadores una suma a cuenta de lo que les pague Barillari, “es una alternativa, porque en este caso la relación es entre privados (cooperativas y empresa), y el Estado interviene porque se trata de una cantidad importante de trabajadores”.
Barillari tiene un permiso para 28 mil toneladas de merluza en sus plantas de Mar del Plata, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata. Otro de los temas complejos es que este permiso forma parte del activo de la empresa, y posiblemente el juez que analice el concurso preventivo lo tome como una parte importante en el proceso, algo que, por otra parte, recién puede ser sacado a la empresa cuando se declare la quiebra.
12/12/08
LA OPINIÓN AUSTRAL