A dos años de una medida inconducente que provocó el deterioro de la flota y la planta de la pesquera de Puerto Deseado, el Estado no pudo poner en marcha la empresa ni dar empleo a los trabajadores. El poder político pasará por la vergonzante instancia de derogar una ley que carecía de sustento.
A dos años de una medida inconducente que provocó el deterioro de la flota y la planta de la pesquera de Puerto Deseado, el Estado no pudo poner en marcha la empresa ni dar empleo a los trabajadores. El poder político pasará por la vergonzante instancia de derogar una ley que carecía de sustento.
El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz firmará, en cuestión de horas, con la empresa Vieira Argentina SA, un acuerdo de partes por medio del cual se establecerá la restitución de la flota pesquera y las instalaciones fabriles de Puerto Deseado que hace más de dos años fueron confiscadas, declaradas de utilidad pública y sujetas a expropiación, aunque nunca se llevo a cabo dicho procedimiento tal como lo establece la legislación.
El 28 de agosto de 2012 el gobierno de Daniel Peralta resolvió a través de un decreto intervenir la empresa privada Vieira, cuya radicación industrial está en la localidad de Puerto Deseado, y comenzó a analizarse un plan de expropiación como la ‘solución’ a los problemas que la firma de capitales españoles afrontaba en ese entonces.
El 5 de septiembre de 2012 la Cámara de Diputados de Santa Cruz dictó la ley declarando la utilidad pública sujeta a expropiación de la planta de procesamiento, un frigorífico y siete barcos de la compañía. Con el voto de 20 legisladores del bloque Frente Para la Victoria Santacruceña-Partido Justicialista y la abstención de dos legisladores radicales quedó sancionada la ley 310/12.
La norma fue aplaudida por el kirchnerismo como una medida ejemplar que resguardaría los puestos de empleo y prometía ser la continuidad productiva en Deseado, pero todo fue un fiasco que todos hoy quieren que se olvide rápidamente. Hace 26 meses, el Estado santacruceño confiscó la totalidad de los bienes útiles tales como maquinarias, mobiliarios e insumos existentes, propiedad de la empresa Vieira Argentina Sociedad Anónima, como asimismo las maquinarias e instalaciones que estaban dentro de los inmuebles.
Bochornosa intervención
El desaguisado continuó con una escandalosa intervención que tuvo como cabeza a Diego Marzioni. Todo lo que se podía hacer mal, se hizo.
Los barcos nunca salieron a pescar porque era imposible que ello ocurriera, la expropiación no prosperó, ni siquiera se llegó a la instancia de tasación, menos aún al juicio propiamente dicho. Antes del dictado de la ley, los diputados sabían que se tramitaba en la Capital Federal un Concurso Preventivo de la sociedad anónima Vieira, y en consecuencia las posibilidades de que se avanzara sobre los bienes de la firma eran poco menos que remotas.
En el medio, desaparecieron bienes de la empresa, camionetas volcadas usadas por funcionarios, la planta deteriorada con faltantes de mobiliario, barcos abandonados. Apenas una instantánea del vergonzoso proceso que se llevó a cabo en Santa Cruz sobre la pesquera.
Al estilo K
Convencidos sus funcionarios de la inviabilidad técnica de llevar a cabo la expropiación, sin consenso social, sospechados de corrupción y con toda la estructura productiva paralizada, el gobierno de Peralta optó por dar marcha atrás con la aventura expropiadora y sugirió a los legisladores que dejaran sin efecto la ley que hace dos años votaron y aplaudieron hasta enrojecerse las manos en lo que decían formaba parte de las políticas Nac&Pop que enarbola el kirchnerismo.
Sin rumbo y cuando el tiempo transcurría sin avance alguno, la empresa Vieira solicitó formalmente que se derogue la expropiación y presentó un plan de inversión, en el marco de una asociación estratégica con el grupo Newsan.
Esto no fue ayer, fue hace tres meses. El Gobierno no quería asumir el costo político de la errática medida, y dejó en manos de la Legislatura la decisión final, pero los diputados no quisieron ser los únicos ‘patos de la boda’ al tener que votar la derogación de una ley que habían levantado como bandera. Y, a fin de resguardar que la provincia no sea objeto de multimillonarios juicios por la aventura fallida, es que resolvieron condicionar la devolución de los bienes a sus propietarios.
Vieira Argentina SA deberá firmar un acuerdo expreso de renuncia a cualquier tipo de reclamo al Estado. Recién cuando se acepte esa ‘oferta estatal’ la Legislatura aprobará la derogación. Con todo, ese acuerdo quedará sellado en estos días, y el jueves 13 de noviembre los diputados darán de baja la ley que hace 26 meses aprobaron.
Quedarán en la historia santacruceña. De lo único que no volverán será del ridículo. (Por Nelson Saldivia; Revista Puerto)
07/11/14