Desde ALFA elaboraron un informe en el que revelan que la actividad extractiva y productiva en tierra vinculada con la pesca debe completar un mínimo de 133 trámites diversos para cumplir con los diferentes organismos y reparticiones del Estado.
Mariano Retrivi es el presidente de ALFA, cámara que desde su fundación en 2019 nuclea a los barcos fresqueros bonaerenses que operan sobre el langostino. Esta organización expresa que si la inflación en dólares, la brecha cambiaria, los innumerables inconvenientes para acceder a insumos importados y la modorra en la demanda de los mercados internacionales para los principales productos no fuesen barreras suficientes que atentan y ponen en riesgo la actividad de la industria pesquera, el sector convive con un Estado que se especializa en diagramar laberintos burocráticos cada vez más intrincados, de los cuales, salir airosos es un objetivo cada vez más difícil de conseguir.
A partir de un trabajo realizado por ALFA con la participación de todos los eslabones de la cadena productiva que padecen esta presencia elefantiásica de los organismos estatales que monitorean la industria pesquera, ese laberinto muchas veces intangible tomó forma y refleja una verdadera máquina de impedir.
“La interacción del Estado con la pesca genera al sector una menor competitividad, menor eficiencia, menor producción, menos rendimiento y menor reinversión”, resume el informe que fue presentado días pasados a Fernando Vilella y Guillermo Francos, dos figuras claves en el nuevo gabinete de Javier Milei.
“El Estado resulta ágil y rápido para demorar y sobre-controlar; pero lento para agilizar y resolver”, subraya el documento de siete páginas que lleva la firma del presidente de la entidad, Mariano Retrivi. Desde ALFA esta semana le acercarán al futuro Secretario de Bioeconomía un resumen con las necesidades más urgentes del sector para recuperar la senda del crecimiento sostenido.
La sumatoria a la que llegaron los autores del informe alcanza un mínimo de 133 trámites diversos exigidos por reparticiones del Estado para que la actividad pueda funcionar. Más de la mitad, 78, corresponden para cumplir cada marea de un buque pesquero, entre notas físicas o en trámite a distancia, presenciales del agente marítimo, capitán y/o armador; planillas, remitos, asientos.
“Toda esta cantidad de trámites no incluye los pasos administrativos internos de la empresa vinculados a la comercialización de los productos”, remarcaron en el informe al cual tuvo acceso este medio.
El documento revela uno por uno los trámites que los armadores deben iniciar ante la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, Prefectura, Consorcio Portuario. Del armador o capitán del buque una vez en marea, el manual de gestión de seguridad o cuando el buque regresa a puerto.
Ya en tierra con la captura y su traslado a las plantas de reproceso se habilita otra ruta con obstáculos: Otra lista interminable de notas y pedidos al Consorcio. Dirección Nacional de Control y Fiscalización Pesquera, Senasa, Pesca provincial y Pesca municipal.
Desde ALFA aseguran que esa intensa e invasiva Interacción “genera sobrecostos innecesarios para el Estado y los privados, duplica exigencias y genera incompetencia para los administrados”. La creciente ola burocrática es expuesta desde la cámara que agrupa a los armadores langostineros argentinos pero las salpicaduras llegan a la cubierta de todos los barcos sin distinción de cámara.
El informe revela además que la discrepancia entre los horarios administrativos del Estado y los productivos de la industria suman demoras en todos los eslabones de la cadena pesquera que desarrolla una actividad constante las 24 horas del día los 365 días del año.
“Es una gran intervención estatal ineficiente que solo agrega trabas, cotos, eventualidades en aumento, confusiones, interpretaciones diversas y variadas de los funcionarios que intervienen que siempre van en contra de la producción y el trabajo”, destaca el documento en sus párrafos finales.
Por último, desde ALFA solicitan en el Informe presentado “aunar y adoptar criterios únicos para modernizar, agilizar y quitar presión administrativa en la cadena para así poder bajar los costos y ganar en eficiencia”. (REVISTA PUERTO) #NUESTROMAR
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