Por entender que el reinicio de la obra del Puerto Caleta La Misión en Río Grande significará una «privatización encubierta», los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos se movilizaron ayer hacia la Legislatura y Casa de Gobierno. Expresaron su preocupación, pero no encontraron eco.
Por entender que el reinicio de la obra del Puerto Caleta La Misión en Río Grande significará una «privatización encubierta», los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos se movilizaron ayer hacia la Legislatura y Casa de Gobierno. Expresaron su preocupación, pero no encontraron eco.El secretario adjunto del SUTAP (Sindicato Unido de Trabajadores de Administraciones Portuarias) Alejandro Valle aseguró que la Dirección Provincial de Puertos (DPP), le oculta la información sobre el contenido del acuerdo entre la Provincia y una empresa de capitales franceses.
Ante ésta situación, trabajadores portuarios nucleados en los diversos sindicatos que tienen representación en el organismo se movilizaron hacia la Legislatura. Allí fueron recibidos por la mopofista Mónica Urquiza y el justicialista Ricardo Furlan.
«Pretendimos por varias notas y entrevistas con el presidente del Puerto que nos haga llegar algún documento en donde podamos ver de qué se trata la obra en Río Grande. No hemos recibido nada, sólo mentira tras mentira», se quejó Valle.
Renuncia de Berola
El dirigente del SUTAP informó que este martes en asamblea y con la presencia de todos los sindicatos que actúan en el puerto se resolvió dejar plasmado un documento en donde se le solicita la renuncia al presidente de la DPP, Alejandro Berola.
El documento fue ingresado este miércoles a Casa de Gobierno por mesa de entrada.
Valle criticó la actitud del funcionario y recordó que el abogado fue el mismo que en su momento asesoró a la empresa Giró Construcciones en el conflicto con la DPP por la suspendida obra de la ampliación de la plazoleta fiscal.
«Este señor ahora va por más. Va por el puerto de Río Grande. Quiere dejar sin trabajo a más de 3.500 personas que prestan funciones dentro de la zona portuaria», indicó.
Abandonado
«El puerto está abandonado. Hace casi cuatro años que no tenemos una inversión. En el primer año de gestión del ARI, la Gobernadora vino -la tenemos filmada- y nos dijo que se iba a aplicar una política portuaria que después no se hizo», indicó el representante de SUPA.
«Se encargaron de destruir al puerto. Le decimos a la Gobernadora que no siga con esto porque estamos decididos a no perder la fuente laboral», expresó.
17/11/11
EL SUREÑO