(FNM) Cerrado desde julio por dificultades financieras, el Astillero Eisa Petro-Um, de Niterói (RJ), recurrió a la justicia contra Transpetro, subsidiaria de logística de Petrobras. Controlado por el grupo Synergy Shipyards, de la familia Efromovich, el astillero alega que la construcción de cuatro barcos encomendados por la firma estatal se encareció mucho por aumentos de los costos y factores imprevistos, fuera de su control. Según los cálculos de Eisa, los costos adicionales llegarían a R$ 384,3 millones.
(FNM) Cerrado desde julio por dificultades financieras, el Astillero Eisa Petro-Um, de Niterói (RJ), recurrió a la justicia contra Transpetro, subsidiaria de logística de Petrobras. Controlado por el grupo Synergy Shipyards, de la familia Efromovich, el astillero alega que la construcción de cuatro barcos encomendados por la firma estatal se encareció mucho por aumentos de los costos y factores imprevistos, fuera de su control. Según los cálculos de Eisa, los costos adicionales llegarían a R$ 384,3 millones.
La empresa afirma que la negativa de Transpetro a reajustar los contratos generó un desequilibrio financiero y le produjo perjuicios, que generaron deudas con los trabajadores, el sistema de previsión social y los proveedores. La jueza interviniente, Maria da Penha Nobre Mauro, negó un pedido de amparo del astillero contra la reciente decisión de Transpetro de rescindir el contrato. La medida solicitada apuntaba a impedir que Transpetro pudiera cobrar los seguros de las órdenes de construcción, contratados con Itaú Seguros.
La jueza consideró que no hay elementos para conceder un amparo. “Es necesario que quede cabalmente demostrada la nueva realidad de hechos extraordinarios e imprevistos que hayan generado el supuesto desequilibrio entre las prestaciones de las partes”, sostiene en su decisión la magistrada.
Para justificar el desequilibrio financiero, Eisa cita el uso de índices de reajustes desfasados, alteraciones en las especificaciones del proyecto y ausencia de un proyecto básico previo a la contratación. La jueza ordenó la realización de pericias contable y de ingeniería naval.
Transpetro optó por rescindir en el mes de julio, el contrato con Eisa para la construcción de tres buques tipo Panamax, con retrasos en su entrega. Esto le permitiría accionar sobre la aseguradora y obtener recursos para terminar las obras en otro astillero. La flota de la empresa estatal cuenta hoy con cinco buques construidos por Eisa, todos en operación.
Una vez declarada la crisis financiera, el astillero decidió paralizar sus actividades afectando a 2.000 trabajadores. En mayo, ya se habían enviado a sus casas a otros 1.000 operarios.
Consultada Transpetro, afirmó que “no le debe nada a Eisa Petro-Um y que está buscando la mejor alternativa para resguardar sus derechos y recibir los buques”. La compañía informó que el seguro ya fue accionado, de acuerdo con lo previsto por el contrato.
Mientras las dos empresas litigan entre sí, la justicia laboral busca solucionar la situación de los empleados cesanteados. A fines de septiembre, Transpetro, el empresario German Efromovich y Synergy Shypyard fueron condenados a hacer frente a las deudas laborales de 3.500 cesanteados de Eisa Petro-Um. El Juzgado 3º de Trabajo de Niteroi bloqueó R$ 56 millones para el cobro de indemnizaciones de los trabajadores, que promueven una acción civil pública.
La sentencia del juez Paulo de Tarso Machado Brandão afirma que los trabajadores tendrán derecho a indemnización por daños morales colectivos, calculados en R$ 3millones bajo responsabilidad de los astilleros Eisa Petro-Um y Eisa Ilha.
Transpetro fue condenada por “responsabilidad solidaria” y su postura fue calificada de “negligente”, “temeraria” y “descuidada” por el magistrado, para quien la empresa es la mayor responsable del “desmoronamiento” del astillero.
Transpetro, por su parte, sostiene que todas las determinaciones de la Justicia del Trabajo fueron atendidas.
Al comunicar la suspensión de actividades a los trabajadores en julio, Eisa afirmaba atravesar una “crisis financiera cada vez más profunda” y “motivada tanto en el desequilibrio económico de los actuales contratos como por la indefinición en la liberación de los contratos para la construcción de otros ocho barcos”, esto último, en referencia a otro contrato, también paralizado. (Portos e navios. Adaptado al español por NUESTROMAR)
16/10/15