Reclamo de los portuarios a la Justicia

Según el planteo conjunto que promovieron cerca de 200 portuarios, la demora oficial no sólo les impide disponer de las acciones que ya están pagadas, sino que además les está quitando la posibilidad de designar a un representante en los directorios de las tres terminales porteñas.

De acuerdo con las reglas de juego que había fijado la administración menemista al privatizar el puerto, los trabajadores estatales que pasaban a las terminales privadas podían acceder a un porcentaje de las acciones por medio del PPP. En este caso, se reservó para los empleados el 4% del capital accionario de cada terminal, que se iba cancelando con una porción de las ganancias anuales de la empresa.

En la demanda judicial, los trabajadores apuntan sus dardos contra la Administración General de Puertos, el ministerio de Planificación y la comisión administradora de los PPP.

Según destacó Julio Sosa (representante de los trabajadores de la terminal 1-2 -3) "el Gobierno sigue retrasando sin ninguna razón la liberación de las acciones que ya fue aprobada en 2001 por medio de la resolución 566 del ministerio de Economía".

Sosa anticipó que "una vez que logremos a la tenencia efectiva de las acciones procederemos a designar los directores que nos corresponden las tres concesionarias que manejan el puerto de Buenos Aires". Si la Justicia confirma la demora indebida de los funcionarios, los portuarios no descartan promover demandas penales contra los responsables de esa acción que vienen reclamando desde la década pasada.