La Presidenta firmó un decreto que establece que "todo buque que transite entre la Argentina y el archipiélago deberá solicitar una autorización previa"; es por la exploración hidrocarburífera que realiza Gran Bretaña en la zona.
La Presidenta firmó un decreto que establece que "todo buque que transite entre la Argentina y el archipiélago deberá solicitar una autorización previa"; es por la exploración hidrocarburífera que realiza Gran Bretaña en la zona.
Se recrudece la tensión bilateral con Gran Bretaña por la exploración hidrocarburífera en las Islas Malvinas. Hoy la presidenta Cristina Kirchner firmó un decreto que establece que "todo buque que intente transitar entre puertos argentinos continentales y puertos de las islas, o atravesar los espacios marítimos hacia un puerto de las islas deberán solicitar autorización al gobierno argentino para hacerlo".
Así lo anunció el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que agregó que la decisión del Poder Ejecutivo es "en defensa de los intereses argentinos" y que la administración nacional está obligada "a ir a un punto que garantice la defensa de la soberanía y de todos los recursos que pudieran existir en ella".
Fernández informó que "para llevar adelante esta estrategia se crea dentro de Jefatura de Gabinete una comisión integrada por Planificación, Justicia, Economía, Industria y Cancillería, que coordinará las acciones para implementar el presente decreto".
El funcionario expresó ante la exploración de recursos hidrocarburíferos en Malvinas, que el gobierno nacional "ha insistido en todos los foros la necesidad de ajustarse al multilateralismo y a las resoluciones de la ONU".
Y agregó: "El Reino Unido ha mantenido su negativa a cumplir las resoluciones de la Asamblea General de la ONU en las que se reconoce la existencia de una cuestión de soberanía ante la que tiene que haber negociaciones. Ha incumplido la resolución de no innovar, manifestada en sucesivos episodios de la explotación de recursos naturales".
También recordó que el Gobierno ha protestado ante el Reino Unido, "como es de público conocimiento nuestra Constitución establece la legítima e imprescriptible soberanía sobre Malvinas".
Desde la oposición, el diputado duhaldista Alfredo Atanasof, próximo presidente de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara baja, reforzó los cuestionamientos a Gran Bretaña por la explotación hidrocarburífera en las Malvinas. "Asistimos a un capítulo más en cuanto a las pretensiones del Reino Unido de avanzar con medidas exclusivamente unilaterales en el área de la plataforma continental Argentina, desconociendo las sucesivas resoluciones de las Naciones Unidas en esa materia", planteó a través de un comunicado.
Niegan escalda bélica.
Hace 10 días, la Argentina y Gran Bretaña protagonizaron una inusual escalada de tensión diplomática que incluyó, por primera vez en décadas, una discusión sobre la hipótesis de un nuevo conflicto bélico por las islas Malvinas.
El gobierno de Cristina Kirchner había reaccionado en duros términos ante una información de la prensa inglesa según la cual el primer ministro Gordon Brown estaba preocupado por la posibilidad de que la discusión por la búsqueda británica de petróleo en las aguas circundantes a las islas pudiera intensificarse y derivar "en un enfrentamiento militar".
Por medio de la Cancillería, la Argentina advirtió que en ningún momento se puso en consideración la hipótesis de un enfrentamiento armado tras el apoyo de Londres a la exploración hidrocarburífera por parte de empresas inglesas en el territorio marítimo bajo disputa de soberanía.
En el ministerio que conduce Jorge Taiana interpretaron que la información periodística, publicada por el diario Financial Times, surgía directamente desde el gobierno de Brown y calificaron esa hipótesis de "riesgoso mensaje de intimidación".
"No cabe en absoluto la hipótesis militar. El Reino Unido lo menciona sólo para encubrir la ilegalidad de sus actos y desviar la atención del hecho de que violentan lo dispuesto por la comunidad internacional al negarse a negociar la solución de la disputa de soberanía", había dicho una alta fuente del gobierno de Cristina Kirchner.
16/02/10
LA NACION