Asegura que con ellas se le podría dar solución habitacional a 16 mil familias de Río Gallegos. La iniciativa propone declarar de utilidad pública las poco más de mil hectáreas de tierras que posee la Armada y en las que estaba emplazado el BIM 4.
Asegura que con ellas se le podría dar solución habitacional a 16 mil familias de Río Gallegos. La iniciativa propone declarar de utilidad pública las poco más de mil hectáreas de tierras que posee la Armada y en las que estaba emplazado el BIM 4.
El diputado radical Jorge Cruz solicitará que se declaren de utilidad pública y sujetas a expropiación en los términos de la Ley Provincial 21 las tierras que pertenecían a la Armada Argentina, con el objetivo de que las mismas sean destinadas para urbanización por la Municipalidad de Río Gallegos y/o el Gobierno provincial (IDUV).
El proyecto prevé que se realice una subdivisión de mensura ajustada a las pautas técnicas usuales, considerando reservas de superficies para espacios verdes y uso comunitario (escuelas, gimnasios, salud pública, seguridad, plazas, etc.), una cantidad no menor a 16.000 lotes aptos para vivienda unifamiliar (10 m. x 20 m.).
La propuesta se traduce en soluciones habitacionales para alrededor de 64 mil vecinos de Río Gallegos.
Estas tierras, cuya expropiación a favor de la Municipalidad de Río Gallegos se propicia, pertenecen al Estado Nacional, habiendo sido afectadas hasta hace pocos años como asiento del Batallón de Infantería de Marina N° 4 de la Armada Argentina, hasta que por la reestructuración de esa Fuerza dispuesta en la década del noventa, dicho batallón se trasladó a la ciudad de Ushuaia en la provincia de Tierra del Fuego.
En consecuencia, tanto las instalaciones del cuartel como las tierras quedaron desafectadas del fin al que fueron destinadas por el Estado Nacional, que era el de la defensa del territorio, sirviendo como asiento del BIM 4.
A posteriori, parte de estas tierras junto con los edificios emplazados en las mismas fueron cedidos en comodato por la Infantería de Marina, a favor de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, con destino al Campus universitario de la Unidad Académica Río Gallegos, que funciona actualmente allí, ocupando una superficie de 20 hectáreas.
Por otro lado, quedaron desocupadas otras tierras en estado natural y libre de mejoras, por una superficie de 1.005 hectáreas, ubicadas dentro del ejido municipal de Río Gallegos, entre la Ruta Nacional 3, Avenida Alumno Piloto Lero Rivera, y el predio afectado al Campus de la UNPA.
En cuento a los fundamentos del proyecto, Jorge Cruz explicó que “es de público conocimiento que el ejido urbano de Río Gallegos se encuentra limitado para su extensión, no existiendo actualmente tierras fiscales disponibles para su urbanización, con destino especialmente a sectores residenciales. Esta circunstancia ha causado que se paralizaran las adjudicaciones en venta de tierra fiscal municipal con destino a vivienda familiar, acumulándose al día de la fecha más de 4.300 peticiones de tierra para ese destino en la Dirección de Tierras de la Municipalidad local, sin que hoy pueda dársele una respuesta a esas familias que aguardan un lote fiscal para construir su vivienda”.
“Otro motivo que impulsa la iniciativa es la ocupación que se produjo en diciembre de 2007, donde una gran cantidad vecinos de condición humilde de Río Gallegos, muchos de ellos llegados a la capital atraídos por la demanda de mano de obra requerida en la obra pública nacional y provincial, se vieran obligados a ocupar como intrusos tierras fiscales destinadas a otros fines, como el de reserva ecológica”, agregó el legislador.
Cabe recordar que la falta de tierras también fue consecuencia de que se lotearan tierras en zona rural fuera del ejido urbano, formándose conglomerados como el Barrio San Benito, donde actualmente se encuentran asentadas las viviendas de aproximadamente 4.500 personas, con los problemas de insuficiencia de infraestructura urbana y servicios que son de público conocimiento, por encontrarse fuera de la jurisdicción territorial de la Municipalidad de Río Gallegos, lo cual dificulta la llegada de las redes de agua y gas, los transportes públicos, etc. El mismo fenómeno se produce a menor escala en el denominado Barrio Padre Olivieri, situado sobre la ruta nacional 3, también fuera del ejido urbano de la ciudad capital.
El diputado manifestó: “la ocupación como intrusos de tierras fiscales y la población de loteos fuera del ejido urbano, son situaciones absurdas, absolutamente evitables o reversibles, ya que actualmente existen estas tierras desocupadas, libres de mejoras y en estado natural, aptas para su inmediata mensura y adjudicación con destino a vivienda, o para la construcción de conjuntos habitacionales por el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda. No obstante, vemos con perplejidad que durante ya casi una década, estas tierras se encuentran abandonadas, esperando su transferencia a favor del Estado Provincial para luego su cesión parcial a la Municipalidad de Río Gallegos, proceso que está llevando años de trámites burocráticos ante los escritorios de funcionarios nacionales”.
Convenio de transferencia
El Estado Nacional, a través del Estado Mayor General de la Armada, formalizó con el Gobierno Provincial un convenio para la transferencia de tierras, el que se ratificó por Ley N° 2.665 del 27 de noviembre de 2003, persiguiendo el interés de contribuir al desarrollo urbanístico de aquellas ciudades donde existieran instalaciones e inmuebles en uso y administración de la Armada, como así también a la reestructuración, construcción y modernización de las instalaciones e infraestructuras de las Bases y Apostaderos Navales dentro de la jurisdicción provincial, a fin de servir al desarrollo sustentable de la provincia, a la demanda nacional y a los intereses marítimos (cláusula ‘primera’ del convenio marco).
Mediante este acuerdo, la Armada se comprometía a transferir a la provincia las tierras declaradas previamente prescindibles, entre ellas las afectadas al BIM 4 en Río Gallegos, asumiendo la provincia como contraprestación la construcción, modernización o compensaciones de acuerdo a los protocolos adicionales al convenio.
Este ‘convenio marco’ contemplaba un plazo de vigencia de tres años a partir de su firma, por lo cual ha caducado por cumplimiento de dicho término en el mes de noviembre del año 2006, en consecuencia actualmente, no habiéndose finalizado los trámites de transferencia de las tierras de la Armada a favor de la provincia, no se dispone de herramientas legales para hacer cumplir dicha cesión, dependiendo de la buena voluntad o mejor dicho, de la decisión política unilateral y discrecional del Gobierno Nacional, la que hasta ahora no se ha producido.
“No se nos escapa que desde el año 2003 el Gobierno de nuestro país ha estado conducido por un santacruceño y riogalleguense, el Dr. Néstor Carlos Kirchner, y luego en 2007 lo sucede su esposa Cristina Fernández, santacruceña por adopción, y sin embargo no hemos tenido ninguna noticia del avance de este proceso de transferencia de las tierras de la Armada en Río Gallegos. Es inexplicable, que teniendo esta oportunidad histórica de tener santacruceños al frente del Gobierno Nacional, la transferencia de estas tierras aún no tenga una definición” concluyó Cruz.
13/10/09
LA OPINIÓN AUSTRAL