Abogados de las empresas marítimas acudieron el miércoles a una audiencia en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Abogados de las empresas marítimas acudieron el miércoles a una audiencia en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Las mayores navieras del país quieren mantener la normativa que les permite establecer acuerdos con otras compañías del sector para transportar carga en rutas internacionales.
Así de claro quedó el miércoles en la audiencia efectuada en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, hasta donde llegaron los abogados de la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), ligada al grupo Luksic; de la Compañía Chilena de Navegación Interoceánica (CCNI), de la familia Urenda; y de la extranjera Mediterranean Shipping Company, la segunda mayor firma del rubro. Éstos rechazaron la petición de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que pide que el TDLC recomiende al Presidente de la República la derogación de la norma que permite convenios en la industria marítima y que ésta se rija por los conceptos de la libre competencia.
En síntesis, la FNE pide terminar con las conferencias navieras (se comparte información y fijan fletes entre sus miembros), los pool o convenios (una naviera administra un contrato que integran varias firmas) y los consorcios, que son acuerdos entre dos o más transportistas para operar en forma conjunta sus barcos en alguna ruta.
Este último mecanismo lo han implementado las navieras para enfrentar el impacto de la menor demanda mundial y el alza de los combustibles.
La Fiscalía cuestiona las operaciones de navieras entre la costa oeste de Sudamérica -incluyendo Chile- y Asia.
En representación de CCNI expuso el abogado Enrique Barros, quien calificó como errados los argumentos de la FNE, ya que ésta -indicó- señala que las conferencias fijan precios y cuotas, cuestión que se veía en Europa, pero no en Chile. Barros añadió que si se acepta la petición de la FNE, los puertos chilenos serán menos competitivos y se fortalecerán otras zonas como Callao, Perú. Además, recordó que Japón y otros países no han querido terminar con estos acuerdos.
A Vapores lo defendió el abogado José Miguel Huerta, del estudio Claro y Cía. El profesional cuestionó la competencia del TDLC sobre esta discusión, ya que dijo que se trata de una política pública que debe ser revisada en el ámbito legislativo. Huerta recordó que el mercado naviero es vulnerable, pues debe adaptarse a los movimientos de la demanda. A la vez, señaló que la mayoría de las firmas del rubro han tenido pérdidas económicas en el último tiempo y que los acuerdos les generan ventajas operacionales.
La abogada de Mediterranean Shipping, María Isabel Díaz, señaló que los acuerdos navieros no afectan la competencia, sino que sería la única forma de que ésta se alcance, pues de lo contrario en la industria sólo podrían sobrevivir los más grandes.
Previo a la exposición de las navieras, la FNE explicó su postura, a la vez que un representante del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones respaldó a la Fiscalía en cuanto a que se eliminen las exenciones que permiten las conferencias. También intervino la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), que respaldó la libre competencia en este sector.
16/11/12
MARÍTIMO PORTUARIO