(FNM) Conversaciones de alto nivel se están desarrollando entre áreas del gobierno y la Armada de Sudáfrica, acerca de cómo vigilar los recursos marinos del país, luego de que una compañía privada cese en sus servicios a partir del 1º de abril. La opción de que la armada dirija un servicio de guardacostas civil está ganando adeptos.
(FNM) Conversaciones de alto nivel se están desarrollando entre áreas del gobierno y la Armada de Sudáfrica, acerca de cómo vigilar los recursos marinos del país, luego de que una compañía privada cese en sus servicios a partir del 1º de abril. La opción de que la armada dirija un servicio de guardacostas civil está ganando adeptos.
Esto podría resolver la crisis a la que se enfrenta el gobierno, ante el retiro –en menos de dos semanas-, de la empresa Smit Amandla Marine, que administra los buques sudafricanos de patrullado marítimo y de investigación, incluidos los “SARAH BAARTMAN” (foto), “RUTH FIRST”, “LILIAN NGOYI” y “VICTORIA MKHIZE”.
Selby Bokaba, vocero de la Secretaría de Agricultura, Silvicultura y Pesca, dijo ayer que no podía hablar acerca de una resolución específica del problema.
“No puedo hablar por la Armada”, explicó Bokaba. “Pero quiero aclarar que estamos explorando varias opciones. Y de hecho tenemos más de dos opciones disponibles”.
“Estamos conversando con actores de dentro y fuera del gobierno… con gente que tiene experiencia en el patrullado del mar, y en la conducción de investigación marina”.
Rams Mabote, asesor especial de la Secretaria de Agricultura, Silvicultura y Pesca, Tina Joemat-Pettersson, dijo durante el fin de semana que la secretaria había estado discutiendo con su par de Defensa Lindiwe Sisulu, la posibilidad de que la Armada Sudafricana se hiciera cargo de la tarea de patrullado de las costas del país.
La Secretaría se vio en problemas cuando la compañía Sekunjalo renunció a la opción de hacerse cargo de la actividad, que había obtenido mediante una licitación, luego de que Smit Amandla Marine la denunciara judicialmente alegando un “conflicto de intereses”, debido a que aquella tenía una subsidiaria dedicada a la pesca, llamada Premier Fishing. También fue cuestionado el proceso de adjudicación.
Como consecuencia, la Secretaría, confirmó que retiraba el estatus de postor preferencial a Sekunjalo.
Smit Amandla enfrenta actualmente posibles cargos de corrupción, luego de que el Director General del Departamento Pesca, Langa Zita, pidiera una investigación sobre la forma en que la empresa había obtenido el trabajo, dado que se habría carecido de un proceso licitatorio abierto. La compañía confirmó que está reduciendo sus actividades con miras a retirarse definitivamente de las mismas a fin de mes.
Helmoed Romer-Heitman, corresponsal de Jane’s Defence Weekly en Sudáfrica, y miembro del panel de revisión de la defensa, opinó que la asignación de las funciones de guardacostas a la Armada, sería sensato desde lo legal y lo administrativo.
Romer-Heitman enfatizó que potencias mayores como EEUUU y Reino Unido tiene ambas fuerzas (Armada y Guardacostas), pero que en su opinión ello no tiene sentido para un país de las dimensiones de Sudáfrica.
Explicó que una armada con las funciones de guardacostas incluidas, significa que se necesita solamente un muelle, una central de operaciones, un centro de adiestramiento y una central logística.
“Si usted tiene dos fuerzas… cada una tendrá ambas organizaciones, de modo que se torna imposible concentrar recursos humanos, lo que ha probado resultar caro y menos eficiente.
Su preferencia personal se inclina hacia una rama civil de la Armada, dedicada a la tarea de guardacostas, como en la India.
El especialista sugirió que los barcos actualmente administrados por Smit Amandla podrían ser pasados a la Armada. Esta a su vez podría sumar su fuerza de lanchas a la tarea de control de los recursos marinos, destinando las fragatas de mayor tamaño a la vigilancia en las áreas más distantes de la costa.
Heitman opinó que la armada debería recibir una compensación financiera, haciendo notar que el actual servicio de guardacostas utiliza seis barcos, cada uno de los cuales demanda un costo anual operativo de alrededor de R 16,5 millones.
También consideró conveniente que se asignaran funcionarios con potestades policiales (de arresto) en los buques de patrullado marítimo. Si se tratara de funcionarios civiles, podrían ser incorporados como oficiales de reserva, lo que facilitaría su convocatoria.
Por Donwald Pressly
Adaptado al español por NUESTROMAR. Fuente: IOL; 20/03/12
22/03/12
FUNDACIÓN NUESTROMAR