Lo dijo el juez federal de Quilmes, Luis Armella, que lleva el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el saneamiento del Riachuelo.
Lo dijo el juez federal de Quilmes, Luis Armella, que lleva el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el saneamiento del Riachuelo.
En la segunda jornada del seminario nacional "Las Defensorías del Pueblo y los Medios de Comunicación” se realizó un panel que abarcó la problemática de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Durante su exposición, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, que lleva adelante el fallo de la Corte Suprema que ordena el saneamiento de la cuenca, aseguró que “para llevar adelante el fallo de la Corte, hay que romper los entramados y evitar el clientelismo y el manoseo del dinero”.
“Ya se logró la primera etapa que fue convertirlo en agenda publica, falta convertirlo en una política pública”, sostuvo Armella. Con respecto a la fiscalización de las industrias que se encuentran a la vera del Matanza-Riachuelo y que vierten sus desechos, el juez sostuvo que “existe un gran retraso”. “No llegamos a un tercio de ellas”, apuntó.
En contraposición a lo expresado por Armella, el representante de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), Gustavo Villa Uría, aseguró que “hay 2 mil fiscalizadas, de las cuales 115 figuran como agentes contaminantes”. “Hay 400 empresas que hacen vertidos y la mitad de ellas está por sobre la media de los indicadores de contaminación”, aclaró.
El defensor del pueblo de Avellaneda, Sebastián Vinagre, aseguró que “la problemática más importante del distrito con respecto al Riachuelo son los asentamientos que se generan alrededor”, ya que en caso de proveerles suministros de servicios, “planifican el lugar para quedarse”.
También participaron del panel Anselmo Sella y Cristina Maiztegui por la Defensoría del Pueblo de la Nación, y Andrés Nápoli en representación de las ONG (Fundación Ambiente y Recursos Naturales- FARN).
Informe: Iván Rodríguez Alauzet
14/05/10
24CON.COM