La facilidad con la que los sindicatos logran interrumpir las cadenas de producción y comercialización de las empresas no deja de sorprender.
La facilidad con la que los sindicatos logran interrumpir las cadenas de producción y comercialización de las empresas no deja de sorprender.
Y más que la simpleza del método -pararse frente a un molinete de acceso a una fábrica- lo que es pasmoso es la distorsión de la representatividad entre el motivo alegado como argumento del piquete, los destinatarios de la medida de fuerza y los supuestos beneficiarios de la acción gremial.
Desde el 26 de enero hasta el viernes último la sede regional San Lorenzo de la Confederación General del Trabajo (CGT) impidió la exportación de cereales, aceites y subproductos por el principal polo procesador mundial de estas manufacturas aagropecuarias, conformado por las terminales portuarias privadas localizadas en San Lorenzo, San Martín y Timbúes.
Diez de las empresas que más divisas le aportan al país en concepto de retenciones estuvieron una semana paradas.
El reclamo, se sabía, era inconducente. Surgió de una pelea política interna entre el sindicato de aceiteros -que dominaba la CGT hasta el año pasado- y la nueva conducción de la central obrera (que responde a la Uocra y cuenta con el respaldo de camioneros, estibadores y marítimos, entre otros sindicatos), que pretende que desde el vigilador de la fábrica de aceite hasta el cocinero del comedor de la planta, pasando por el jardinero y el obrero de la construcción que participa en la ampliación de la planta, cobren el mismo mínimo de 5000 pesos que el obrero aceitero.
El único objetivo, el político, se logró. Se demostró, una vez más, que se puede causar un lucro cesante -esta vez, US$ 56 millones- con tal de marcar la cancha y lograr una audiencia vacua en el Ministerio de Trabajo.
Por Emiliano Galli
08/02/11
LA NACION