El Gobierno chileno analiza modificar la nueva ley de pesca para incluir sanciones más duras a las empresas salmoneras que no cumplan con las disposiciones sanitarias. Así, agudizará las medidas para disminuir al máximo las posibilidades de propagación del virus de la anemia infecciosa del salmón (ISA).
El Gobierno chileno analiza modificar la nueva ley de pesca para incluir sanciones más duras a las empresas salmoneras que no cumplan con las disposiciones sanitarias. Así, agudizará las medidas para disminuir al máximo las posibilidades de propagación del virus de la anemia infecciosa del salmón (ISA).
En primer lugar, las autoridades pesqueras evalúan la posibilidad de caducar una concesión en caso de que la compañía no cumpla con los plazos para eliminar peces cuando se detecte el virus ISA. La normativa actual sólo establece multas para las empresas que estén en falta.
La ley que rige para la industria salmonera se sancionó hace apenas ocho meses, pero el Gobierno propone varias modificaciones que requerirán un nuevo proyecto legislativo.
El anuncio lo realizó Miguel Burgos, jefe del departamento de Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca, quien explicó que estudian “la posibilidad de avanzar en sanciones administrativas para aquellas empresas que, teniendo la obligación de eliminar los peces en determinado tiempo (ante un brote de virus ISA), pudieran extender ese período y no cumplan con la regulación”.
El Gobierno considera que este incumplimiento “es extremadamente grave, porque contribuye a la diseminación del virus", informó Economía y Negocios.
Con la modificación propuesta, además de la multa, se establecería una suspensión de las operaciones durante un tiempo. En caso de reincidencia, puede determinarse la pérdida de la concesión.
Como segunda modificación, el Ejecutivo proyecta ampliar la distancia entre centros salmoneros para evitar el contagio de enfermedades.
En la actualidad, la distancia entre concesiones debe ser de 2,8 kilómetros. La idea es ampliar la distancia a 5,6 kilómetros entre barrios o agrupaciones de concesiones, que además deben mantener un manejo sanitario conjunto.
Esta propuesta es rechazada tanto por trabajadores como por empresarios, porque esto generaría una reducción de número de concesiones con una consecuente pérdida de puestos de trabajo, además de mayores costos de producción.
Como tercera modificación, y para enfrentar la controversia generada por la distancia entre centros de cultivo, el Ejecutivo busca dejar la resolución en manos de un panel de expertos, compuesto por cinco miembros nombrados por el Presidente.
Sin embargo, el Consejo Nacional de Pesca rechaza la creación de este panel, dado que en este organismo ya se conformó una comisión para analizar los cambios propuestos por el Ejecutivo, en la que hay representantes de gremios acuícolas, del sector pesquero artesanal y de trabajadores de la industria.
Por Silvina Corniola
22/12/10
FIS.COM