La secretaria de Medio Ambiente dijo que se están controlando la "calidad del aire y las condiciones de vertidos de efluentes". Ante la Corte Suprema, tanto el defensor del Pueblo como asociaciones vecinales y ambientalistas cuestionaron el proyecto y afirmaron que la situación en la cuenca se agravó. La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta mañana.
La secretaria de Medio Ambiente dijo que se están controlando la "calidad del aire y las condiciones de vertidos de efluentes". Ante la Corte Suprema, tanto el defensor del Pueblo como asociaciones vecinales y ambientalistas cuestionaron el proyecto y afirmaron que la situación en la cuenca se agravó. La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta mañana.
La Corte Suprema de Justicia inició hoy la tercera audiencia pública para conocer las acciones que llevan adelante los gobiernos nacional, porteño y bonaerense en el marco de una causa que tramita por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Tras varias horas de debate, el tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio hasta mañana.
La secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, defendió el programa de saneamiento presentado por el Estado, pero el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, ONG’s ambientalistas y vecinos de La Boca lo criticaron y advirtieron que la situación sanitaria se agravó en el último año.
Durante la tercera audiencia pública, Picolotti sostuvo que 260 personas, entre ellas la fiscalía especial en materia de delitos ambientales, están controlando "la calidad del aire y las condiciones de vertido de efluentes líquidos", para "atenuar el impacto negativo" de las empresas.
Ante los jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Maqueda y Carmen Argibay, Picolotti reivindicó la "decisión del gobierno nacional de tratar como cuestión de Estado las políticas ambientales" y en el punto específico del Riachuelo destacó que el objetivo es "fortalecer la atención integral de personas y comunidades" afectadas por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. La funcionaria criticó los informes negativos elaborados por técnicos de la Universidad de Buenos Aires. Pero cada uno a su turno, los querellantes en la causa por la contaminación deslizaron sus críticas contra lo actuado hasta ahora desde el Estado y respaldaron las conclusiones de los expertos universitarios.
Al hablar ante la Corte, el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, hizo una comparación de cómo estaba la situación respecto de las audiencias previas, para evaluar si hubo un avance en el plan. Destacó que todavía hoy "seguimos sin tener estudios epidemiológicos" que permitan conocer "la situación de la salud" de la gente que habita en la zona.
Agregó que el año pasado habían afirmado que en la cuenca había más de 140 basurales contaminantes. Y que en el plan presentado por los gobiernos se habla de limpiar "6 microbasurales". También habló sobre la falta de cloacas y agua potable y cuestionó la falta de una perspectiva clara que permita saber cuándo y cuánto puede mejorar la situación de los habitantes que sufren este problema.
Andrés Nápoli, vocero de las ONG’s Ambientalistas, pidió la reformulación del plan estatal, al que consideró "deficiente", pues hasta el momento no ha informado adecuadamente sobre "cuáles son las industrias que contaminan, cuántas, dónde están, o cuáles se clausuraron".
El contador Pedro Alberti, quien ofició como vocero de los vecinos de La Boca, avaló el informe de la UBA y denunció una "perturbación ecológica abrumadora que exige auxilio externo inmediato".
04/07/07
CLARÍN