Lo aseguró Jaime Pérez Pena, presidente de Argenova, luego de que se conociera la existencia de una empresa de Pescanova en Malvinas, situación que es penalizada por la legislación de nuestro país. “Lo resolveremos en el corto plazo”, aseguró.
Lo aseguró Jaime Pérez Pena, presidente de Argenova, luego de que se conociera la existencia de una empresa de Pescanova en Malvinas, situación que es penalizada por la legislación de nuestro país. “Lo resolveremos en el corto plazo”, aseguró.
Transcurrido más de un año desde que el imperio Pescanova cayera en desgracia y debiera afrontar un concurso de acreedores, la imputación de buena parte de su directorio y el paso de activos a una nueva empresa –Nueva Pescanova- conformada por siete bancos. Pero cuando la empresa comienza a recuperar los signos vitales, debe ahora resolver una situación que pone en riesgo la continuidad de su filial argentina al conocerse la existencia de relaciones comerciales con una empresa de Malvinas. La legislación nacional prevé graves sanciones para estos casos y en estos momentos el presidente de Argenova se encuentra trabajando para no perder una de las pocas empresas que la nueva composición accionaria pretende mantener.
En noviembre de 2012 la firma Pescanova parecía gozar de buena salud a juzgar por el informe de cuentas presentado, donde no se avizoraban deudas a futuro y se reflejaban ventas en alza con un crecimiento superior al año anterior y buenos resultados en todos los proyectos de acuicultura. Sin embargo tres meses más tarde el castillo se derrumbó ante el peso de la realidad, cuando presentó el preconcurso de acreedores.
Ese fue el primer síntoma de una situación catastrófica en una de las más grandes empresas pesqueras del mundo. De no acreditar pasivos pasó a registrar una deuda concursal de 2.416 millones de euros, con 46 bancos como acreedores. La auditoría puso al descubierto los manejos irregulares del presidente y mayor accionista de la empresa, Manuel Fernández de Sousa. También se corroboró que tres subsidiarias arrojaron pérdidas, la de Portugal, ya en poder de la banca Iusa; la de Guatemala y la de Chile, donde el cierre de Acuinova sería inminente. Además se descubrieron empresas que figuraban a nombre de terceros. En este último caso entraría la empresa de Malvinas que por estas horas causa fuertes dolores de cabeza al presidente de Argenova, Jaime Pérez Pena.
Desde que se reconoció la debacle financiera de Pescanova aparecieron distintos actores que intentaron salvar a la pesquera, desde una cervecera, bancos con experiencia en quiebras hasta llegar a la actual conformación de un junta conformada por siete bancos –llamada G7- que conducirá los destinos de la firma y el 30 junio, durante su primera junta, nombrará un nuevo director.
Cuando el G-7 realizó la revisión de cuentas, apareció una empresa en las Islas Malvinas y la noticia impactó directamente en la subsidiaria argentina Argenova, dado que nuestra legislación prohíbe a las compañías que sean propietarias de permisos de pesca para operar en nuestro caladero, mantener relaciones comerciales directa o indirectamente con empresas de las islas.
La Resolución 39 de 2014 modificó el Régimen de Inscripción en el Registro de la Pesca, estableciendo que “dicha norma tiene como objetivo concreto y específico el de sancionar a todo titular de permisos de pesca en la República Argentina, que tuviera algún grado de asociación y/o participación con aquellas compañías extranjeras que ejercieran la pesca ilegal no declarada y no reglamentada”. La pesca en la zona de conflicto de Malvinas es considerada por la Argentina como pesca ilegal, dado que no cuenta con permiso nacional para operar en dicha zona.
Al alcanzar estado público la relación de Pescanova con una operadora de Malvinas, el gobierno argentino se ve obligado a tomar medidas al respecto. Es por ello que durante esta semana el presidente de Argenova trabajará junto a los nuevos dueños de Pescanova, en Vigo, para dar una solución a este problema que pone en jaque la continuidad de la firma en la Argentina.
Al respecto, Jaime Pérez Pena señaló que se sujetarán a derecho, “cumpliendo con la legislación argentina, como siempre lo hemos hecho”. “Pescanova no pesca en Malvinas y en esa vía vamos a mantenernos y regularizar esta situación. Si se confirma la existencia de esta empresa, es voluntad de la nueva composición accionaria regularizar esta situación. Es decisión mantener a Argenova en Nueva Pescanova y se lo resolverá en el corto plazo”, aseguró el empresario.
Una de las explicaciones que desde Argenova se encuentra a la relación con esta pesquera de Malvinas, es que la misma habría sido vendida hace varios años pero que no se habrían concretado los pagos y por ello -durante la auditoría a la que fue sometida la empresa madre- se volvió a fojas cero, pasando a ser nuevamente propiedad de Pescanova. El desprendimiento de la pesquera malvinense sería un hecho, dado que existe una férrea decisión de los nuevos accionistas de seguir operando desde nuestro país: “Es voluntad de Nueva Pescanova mantener Argenova, es por ello que no dudo que se solucionará lo antes posible”.
Nueva Pescanova es el nombre que tomará la firma en las próximas semanas cuando todos los activos de Pescanova pasen a su poder. El 95% de las acciones de Nueva Pescanova, que no cotizará en la Bolsa, serán inicialmente del G-7, que se ha comprometido a inyectarle al menos 125 millones de euros. El 5% restante quedará en poder de los actuales accionistas de Pescanova.
Además de la conformación de un nuevo directorio está prevista una reestructuración completa de la compañía; de las 100 empresas que componían Pescanova solo quedarían activas unas 20. Las dedicadas a la piscicultura serán las primeras en desaparecer y junto con ellas se desprenderían también de la empresa que opera en Malvinas. (Por Karina Fernández, Revista Puerto)
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05/06/14