El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha admitido a trámite tres de las cuatro querellas presentadas por accionistas contra parte de la cúpula de Pescanova. Tal y como solicitó la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado ha imputado al presidente de la empresa, Manuel Fernández de Sousa-Faro y al consejero Alfonso Paz-Andrade por falseamiento de información económica y financiera, falseamiento de cuentas anuales y uso de información relevante. Además, por este último delito también ha encausado a los accionistas José Alberto Barreras y José Antonio Pérez-Nievas (que también ocupa un puesto como consejero en nombre de Iberfomento).
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha admitido a trámite tres de las cuatro querellas presentadas por accionistas contra parte de la cúpula de Pescanova. Tal y como solicitó la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado ha imputado al presidente de la empresa, Manuel Fernández de Sousa-Faro y al consejero Alfonso Paz-Andrade por falseamiento de información económica y financiera, falseamiento de cuentas anuales y uso de información relevante. Además, por este último delito también ha encausado a los accionistas José Alberto Barreras y José Antonio Pérez-Nievas (que también ocupa un puesto como consejero en nombre de Iberfomento).
El magistrado ha imputado, en este caso como persona jurídica, a la propia entidad Pescanova y a otras sociedades vinculadas con ella por falseamiento de información económica y financiera. Todos los imputados han sido citados a declarar los días 1 y 2 de julio citados por el último delito: uso de información relevante. Ha sido rechaza la intervención judicial porque esta sometida a proceso concursal. Fernández de Sousa fue apartado por el juez de su cargo mientras se desarrolla el concurso de acreedores y después de que saliese a la luz que existía una doble contabilidad y cientos de millones de deuda oculta.
La Fiscalía Anticorrupciónhabía pedido a la Audiencia Nacional que tramitara cuatro querellas de accionistas. Finalmente, una se ha quedado fuera. ue investigue si Sousa, dos consejeros (Alfonso Paz-Andrade Rodríguez y José Antonio Pérez-Nievas Heredero) y el accionista José Alberto Barreras Barreras usaron información privilegiada o si hubo falsedad en la información financiera de la compañía. Los fiscales piden que sean llamados a declarar como imputados.
Anticorrupción sostenía que era necesario investigar si el accionista Barreras y los tres consejeros vendieron acciones justo antes de que se hiciera pública la crisis de la pesquera. Entre los cuatro se deshicieron en dos meses de títulos por valor de al menos 46,2 millones de euros. Y, al hacerlo antes de que los problemas de la firma fueran públicos, evitaron perder en total 26,6 millones de euros, según investigaciones realizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. También pedía investigar a Fernández de Sousa y Paz-Andrade por un posible delito de falsedad en la información financiera de la compañía.
Por Fernando J. Pérez
23/05/13
EL PAÍS (España)