El ministro de Economía de Chile, Hugo Lavados, expuso ante la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara Baja las posibles modificaciones legales que propone el Gobierno a la Ley General de Pesca y Acuicultura.
El ministro de Economía de Chile, Hugo Lavados, expuso ante la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara Baja las posibles modificaciones legales que propone el Gobierno a la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Y resaltó que el objetivo principal de las mismas es mejorar las condiciones sanitarias y productivas de la industria salmonicultora local y proteger más de 45.000 empleos que el sector genera en Chile.
Lavados dijo que esperan darle “urgencia” al proyecto de ley que, entre otras cosas, aumenta el valor de las patentes de acuicultura y de las sanciones para el sector, además de establecer un reordenamiento productivo de las concesiones (barrios).
El Gobierno confía en que la tramitación del proyecto finalice en unos 60 días y que sea promulgado a principios de abril, para asegurar la sustentabilidad del sector afectado por la aparición del virus de la anemia infecciosa del salmón (ISA).
Mientras tanto, los ministerios de Trabajo y Eonomía implementarán programas de empleo y seguridad social en las regiones de Los Lagos y Aysén, principalmente en comunas donde la salmonicultura concentra el 80% de la actividad laboral.
Esta medida se pondrá en marcha para disminuir los niveles de cesantía que generará la caída del más del 20% en la producción del sector por los brotes de ISA en los centros de cultivo de varias empresas.
“Es muy difícil poder evitar que una empresa, que tiene serios problemas de producción o de demanda, mantenga los empleos. Por lo tanto, la responsabilidad política del Gobierno es mantener la situación de ingreso de las familias, sobre todo, en los sectores más vulnerables de la población. Eso es lo que nos interesa realmente”, dijo Lavados a Diario Financiero.
Al ser consultado sobre un posible incremento de USD 300 millones de las garantías financieras, el ministro de Economía señaló: “Las coberturas que se han planteado por parte de la Corfo son las que están sobre ese proyecto y queremos ver qué es lo que ocurre con los bancos en relación con los créditos que otorgan a las industrias. Pero ahora las empresas podrán presentar sus concesiones como garantías ante los bancos”.
"Lo que aquí se puede dar en garantía es simplemente la concesión, el derecho de uso. Obviamente, el territorio marítimo es un bien de uso público, de propiedad del Estado y eso no puede ser entregado”, precisó.
22/01/09
FIS