La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó por unanimidad una Declaración por la cual manifiesta su preocupación ante las medidas adoptadas por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación y por el Consejo Federal Pesquero, sobre la merluza común.
La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó por unanimidad una Declaración por la cual manifiesta su preocupación ante las medidas adoptadas por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación y por el Consejo Federal Pesquero, sobre la merluza común.
Los cuestionamientos recaen sobre la solicitud formulada por esta Subsecretaría, que conduce Norberto Yauhar, para la incorporación de las estimaciones de descarte y subdeclaración a los datos de la estadística oficial en la evaluación del estado de explotación de la merluza común y sobre la Captura Máxima Permisible (CMP) establecida por el Consejo Federal Pesquero para el mismo recurso en el año 2010.
El proyecto de Declaración fue presentado por el Diputado de la Coalición Cívica-ARI, Armando Abruza, quien sostuvo, en los fundamentos, que estas medidas plantean “escenarios de preocupación”.
Basándose en el Informe Técnico Oficial N° 46/09 del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y en el estado de emergencia declarado por el Decreto Nº 189/99, Abruza explicó que “estos cuatro escenarios se generan luego de ponderar el estado del recurso merluza común, el alcance del Reglamento (CE) N° 1005/2008 de la Unión Europea y las consideraciones efectuadas por la Subsecretaría y el Consejo antes mencionados en el proceso de toma de decisiones sobre el manejo del recurso”.
El Diputado marplatense identificó a la incorporación de la estimación del descarte y la subdeclaración a los datos de la estadística oficial como primer escenario y expresó: “La aplicación de un punto biológico de referencia con incorporaciones de descarte y subdeclaración, para el caso de la merluza común, no coadyuva de manera suficiente a la recuperación del recurso teniendo en cuenta que el resultado del cálculo propicia medidas de gestión que no se condicen con el estado de emergencia. En efecto, el nuevo método permite fijar una CMP mayor que con el método tradicional”.
Asimismo, la solicitud de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura para esta incorporación fue considerada como segundo escenario. Sobre este punto Abruza manifestó: “El hecho de conducir y ejecutar los objetivos relativos a investigaciones científicas no es un justificativo para que la Autoridad de Aplicación solicite al máximo organismo de investigación del mar de nuestro país incorporar dos nuevas estimaciones a un punto biológico de referencia. Esta interpretación del régimen actual se sustenta sobre la idea de garantizar que la Autoridad de Aplicación no pueda condicionar la actividad científica, lo cual sería contraproducente en aras de un buen manejo de la pesquería. Incluso, desde un enfoque ecosistémico que atiende razones de máximo interés social, el Poder Político no debe condicionar a la ciencia, se debe limitar a conducir y ejecutar”.
El tercer escenario está relacionado con el criticado Reglamento (CE) 1005/2008 de la Unión Europea. En este sentido, Abruza expresó: “Resulta pertinente, asimismo, alertar a la Subsecretaría acerca de las inconveniencias de considerar necesario ‘adaptar la normativa’, sin reservas, a un Reglamento de la Unión Europea cuyo alcance puede ser altamente perjudicial para todo el sector pesquero nacional”.
Finalmente, el cuarto escenario se vinculó con la subdeclaración y el descarte en el marco del régimen de cuotas individuales transferibles de captura en nuestro país.
Abruza explicó: “Todavía no se cuenta con resultados ciertos sobre el control de la subdeclaración y el descarte en el marco del régimen de cuotas individuales transferibles de captura en nuestro país. No obstante, la práctica internacional, la cual ofrece ejemplos contundentes sobre la inconveniencia de un régimen basado en la asignación de cuotas, permite augurar un futuro incierto para la pesquería. Esta incertidumbre no debe servir de sustento para establecer la CMP para un recurso, cual es la medida de gestión que ordena a todo el sistema pesquero para un período determinado a fin de evitar excesos de explotación y asegurar su conservación a largo plazo”.
Ver el Proyecto de Declaración
31/03/10
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