Nuevamente ha debido intervenir la Justicia ante el incumplimiento de los cuerpos ejecutivos que debían concretar las obras pautadas para sanear la cuenca Matanza-Riachuelo, dejando de manifiesto la ausencia de prioridad que la cuestión tiene para las autoridades políticas.
Nuevamente ha debido intervenir la Justicia ante el incumplimiento de los cuerpos ejecutivos que debían concretar las obras pautadas para sanear la cuenca Matanza-Riachuelo, dejando de manifiesto la ausencia de prioridad que la cuestión tiene para las autoridades políticas.
Este problema ambiental es bien conocido, de larga data y afecta a millones de personas. En distintos momentos se han formulado promesas de limpieza y recuperación del área que no han sido cumplidas, lo cual llevó a que afectados y organizaciones civiles reclamaran la intervención judicial. Y así como la respuesta de la Corte ha sido ejemplar, la actitud de los representantes de las diferentes jurisdicciones implicadas han mostrado falta de diligencia e incumplimiento de las obras comprometidas.
Por ese motivo el Juzgado Federal de Quilmes impuso sanciones conminatorias a los titulares de la secretaria de Ambiente y de la intendencia de Lanús, buscando que se realicen los trabajos previstos y ya financiados.
Además, el juez manifestó que verificará la evolución de las obras en los lugares donde deben concretarse, y no a través de los escritos que presenten las autoridades.
Una obra que debería ser prioritaria por su importancia sanitaria y ambiental motiva, por su parálisis, la intervención judicial, lo cual vuelve a demostrar la ausencia de una política gubernamental para la preservación del medio ambiente y de la salud de la población.
02/11/09
CLARIN