“Vengo a demostrar mi verdad”, dijo Carmen Fernández, la ex directora de Onemi, al arribar al tribunal.
“Vengo a demostrar mi verdad”, dijo Carmen Fernández, la ex directora de Onemi, al arribar al tribunal.
Tras un retraso de cerca de 20 minutos por no contar con el servicio de audio correspondiente, se inició la audiencia de formalización de las ocho ex autoridades del ministerio del Interior, Onemi, SHOA y Sismología de la Universidad de Chile por la fallida alerta de tsunami el 27 de febrero de 2010, que le costó la vida a 156 personas y dejó a otras 25 como desaparecidas.
La sesión la encabeza en la sala más amplia del Centro de Justicia, el magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia.
A la audiencia concurre la Fiscal Regional Metropolitana Occidente Solange Huerta, quien informará los cargos de autores de cuasidelito de homicidio al ex subsecretario de Interior Patricio Rosende; la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia, Carmen Fernández; el ex director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) Mariano Rojas.
También se formularán cargos contra el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziell Jamett; el ex jefe de turno de este organismo la madrugada del 27 de febrero, Osvaldo Malfanti; el ex jefe de Oceanografía del SHOA, Andrés Henríquez; el ex jefe de turno de la misma entidad, Mario Andina y el ex jefe del Departamento de Sismología de la Universidad de Chile, Carlos Aranda.
Los imputados llegaron todos acompañados por sus abogados defensores y sólo Rosende y Fernández quisieron hacer comentarios previos.
El ex subsecretario de Interior, Patricio Rosende, afirmó que concurre a esta audiencia “con la conciencia tranquila” ya que aseguró que concurrió a las dependencias de la ONEMI con “la mayor prontitud y tomo decisiones con la información técnica que contaba a esa hora”
Mientras Carmen Fernández apuntó que “yo llegue a la Onemi lo antes que pude y tome las decisiones que ya se conocen por los datos que tuvimos. Yo ahora vengo a escuchar los cargos y defender mi verdad”, dijo.
Pasadas las 09:40 horas la fiscal Solange Huerta comenzó a exponer los datos y pruebas que justifican esta formalización de cargos contra los inculpados.
El Ministerio Público resolvió levantar cargos contra los ocho inculpados de acuerdo al estudio de un conjunto de datos que establecieron la presunta existencia de delitos culposos “en el desempeño de un grupo de personas por su participación en la toma de decisiones en los organismos técnicos mandatados para emitir y difundir la alerta de maremoto a la población”.
El 16 de marzo de 2010 el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, resolvió designar a la fiscal Solange Huerta para investigar las presuntas responsabilidades penales en la fallida alerta del tsunami. Para ello la jefa de la zona Metropolitana Occidente conformó un equipo compuesto por fiscales Luis Tapia y Andrés Castellanos, junto a un Fuerza de Tareas de la Policía de Investigaciones conformada por cinco oficiales.
En una primera fase, se realizaron constituciones en terreno y diligencias en las zonas afectadas, abarcando las localidades de Lebu, Llico, Cañete, Talcahuano, Dichato, Pelluhue, Constitución, Pichilemu, Llolleo, San Antonio, Juan Fernández, Isla de Pascua, Valparaíso y Santiago.
En paralelo, el equipo investigador asumió la tarea de reconstruir una bitácora minuto a minuto de los hechos ocurridos en la madrugada del 27-F, para lo cual se formularon múltiples requerimientos de información a las instituciones y organismos involucrados, se tomaron más de mil declaraciones y se realizaron una serie de entrevistas a expertos nacionales e internacionales, específicamente a las autoridades y personal de turno del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, para lo cual el equipo de fiscales se trasladó hasta las dependencias del organismo técnico en Hawaii, Estados Unidos.
A la fecha, la fiscal Huerta acumula 55 carpetas de unas 400 hojas cada una, en promedio.
En la causa se han interpuesto 60 querellas y han sido practicados más de 200 peritajes que comprenden estudios planimétricos y ambientales de las zonas afectadas, además de pruebas de ADN y pericias audiovisuales.
07/05/12
LA SEGUNDA