CEPA le hizo saber a Daniel Scioli su adhesión a la política pesquera que lleva adelante su gestión. Pero planteó su desacuerdo con opiniones de Francisco Romano. Advirtió que el funcionario "ataca" a algunas empresas del sector.
CEPA le hizo saber a Daniel Scioli su adhesión a la política pesquera que lleva adelante su gestión. Pero planteó su desacuerdo con opiniones de Francisco Romano. Advirtió que el funcionario "ataca" a algunas empresas del sector.
El Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) le transmitió en los últimos días al gobernador Daniel Scioli su "adhesión" y respaldo a la política pesquera que impulsa desde su gestión, aunque volvió a objetar a la figura de Francisco Romano, designado como representante de la provincia de Buenos Aires en el Concejo Federal Pesquero. A poco de que fuera nombrado en el cargo de manera oficial, Romano explicó la semana pasada ante LA CAPITAL cuál sería el eje de su gestión y dio a conocer algunos de los lineamientos que le había impartido el gobernador.
Pero al mismo tiempo planteó ciertas opiniones que no fueron bien recibidas en sectores de la industria pesquera local. Para CEPA el funcionario ejerció un "ataque" hacia sus empresas asociadas. "Por las declaraciones de Romano nos enteramos de cuáles son las prioridades de vuestra gestión en materia de política pesquera", le hizo saber la cámara al gobernador, sosteniendo su "adhesión plena a las mismas". En ese sentido, la entidad aseguró compartir la determinación de Scioli de "cuidar el recurso ictícola y de asegurar la mayor cantidad y mejor calidad de trabajo" ya que éstas "deben ser siempre las premisas básicas de la política para el sector pesquero".
Pero a renglón seguido, la entidad hizo notar su desacuerdo con ciertas posturas personales de Romano.
"El, queriendo escudarse en las premisas de una buena política pesquera, realiza un ataque orientado, premeditado y particularizado contra algunas empresas de la Provincia de Buenos Aires, entre las cuales nos encontramos", advirtió CEPA. "Ante argumentos como que por la aplicación de la Ley Federal de Pesca se nos beneficia no podemos dejar de manifestar que creemos que nadie puede afirmar que por la aplicación de una Ley un funcionario puede beneficiar a alguien. Se habla también de la eliminación de los buques congeladores del caladero, siendo que estos, y en particular los instalados en la Provincia de Buenos Aires, sólo pescan el 6,052% de la totalidad de la Captura Máxima Permisible de merluza en la República Argentina, mientras que la flota fresquera instalada en Mar del Plata pesca el 54,296% de la misma. Transformar en el culpable de todos los males a quien pesca el 6,052% de la totalidad de la merluza disponible es irracional, tendencioso y revela otros intereses distintos a los de alta y correcta política que usted le ha encomendado y propuesto al funcionario", sostuvo la entidad.
CEPA sacó a relucir también cuál era la postura de Romano hace algunos años respecto de la flota congeladora, recordando que al adquirir un buque de estas características, el empresario y ahora funcionario había admitido que estos barcos podían "convivir tranquilamente" con los fresqueros. "Habiendo cupos no tiene sentido poner limitantes; ahora si hablamos de pesca olímpica, la cosa es bien distinta”, había señalado Romano.
CEPA dijo que "hoy en día, tal cual sabe el Gobernador, la pesca no es olímpica y cada barco tiene asignado un cupo. Entonces no entendemos porqué desde el punto de vista de la protección del recurso y de la mayor generación de empleo se nos ataca. ¿No serán otras las causas que movilizan al colega armador pesquero, hoy funcionario?"
En este sentido la entidad aseguró no ejercer una "defensa acérrima y sin fundamento de una herramienta como es el buque congelador", sino que reivindica a este tipo de embarcaciones "como una pieza que nos permite estar presentes en todos y cada uno de los mercados, y desarrollar y asegurar producción, empleo y calidad de empleo de primera línea. Atacar a una de nuestras bases productivas es atacar la componente de producción, comercialización y costos que hace posible el desarrollo de nuestras empresas. Esta es la causa del ataque particularizado a nuestras empresas, no los intereses superiores de protección del recurso y del empleo en Mar del Plata y en la Provincia de Buenos Aires".
27/03/08
LA CAPITAL – MAR DEL PLATA