La pesquera necesita dinero fresco para reactivar su capital de trabajo. Asegura que los problemas que tiene en otras plantas, como la de Mar del Plata, se deben a que el Gobierno de Santa Cruz aún no pagó la expropiación de la planta en Caleta Olivia. La misma está en juicio.
La pesquera necesita dinero fresco para reactivar su capital de trabajo. Asegura que los problemas que tiene en otras plantas, como la de Mar del Plata, se deben a que el Gobierno de Santa Cruz aún no pagó la expropiación de la planta en Caleta Olivia. La misma está en juicio.
En las próximas horas representantes de la empresa pesquera Barillari SA serán recibidos por autoridades del Banco Central, con el objetivo de tramitar un préstamo que le permita a la firma aceitar la cadena productiva y comenzar a mover su capital de trabajo, hoy paralizado por falta de liquidez.
Es la ayuda que está dispuesta a ofrecer la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, para que la empresa no se ahogue a poco de llegar a la otra margen del río, figura que Gustavo García utilizó para graficar la situación delicada que atraviesa la compañía, arrastrando con ella a cientos de puestos de trabajo que hoy dependen de los eslabones productivos de la pesquera marplatense.
Desde la empresa, recuerdan que mientras buscan un salvavidas, en Santa Cruz todavía no se ha efectivizado el pago por la expropiación de su planta en el puerto de Caleta Paula, de la ciudad de Caleta Olivia.
El 27 de octubre del 2009 el Poder Legislativo provincial sancionó la Ley Nº 3.081 en la que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación el predio, sus instalaciones y bienes muebles que comprenden la planta de procesamiento de productos de mar.
Esto dio lugar al juicio de expropiación que, como el de San Benito, lleva su tiempo y aún está en ejecución.
Esta expropiación se dio en medio de una cesantía de pago de parte de la empresa para con las personas mercerizadas que trabajaban en su planta a través de cooperativas, y con fuertes denuncias de parte de Barillari, acusando supuestas “maniobras” para beneficiar a personas puntuales. Hoy en día, los trabajadores reciben un subsidio del Gobierno provincial y la planta es mantenida bajo gestión estatal.
La Ley contemplaba que los gastos que demandase el cumplimiento de la expropiación deberían ser imputados a la partida correspondiente en el presupuesto 2010. También faculta al Poder Ejecutivo para que en el plazo de 30 días inicie los trámites para iniciar el proceso de expropiación.
En la firma Barillari denuncian que a más de un año de cumplido el plazo “nada de esto ha ocurrido”, según reveló un representante de la empresa ante autoridades del Ministerio de Trabajo en Mar del Plata, donde mantienen audiencias semanales por conflictos laborales con los trabajadores. Solucionado el planteo de los camioneros, el SOIP esperaba que salden la deuda que mantiene con los obreros de las PyMEs.
Pero justamente ese proceso de expropiación se inicia con la presentación ante la Justicia, donde deberán las partes o bien llegar a un acuerdo del monto a pagar o litigar al respecto, situación que es la que se está dando en estos momentos.
Con problemas de pago en otras plantas del país, como la de Mar del Plata, Barillari se escuda que los mismos fueron provocados en la tardanza para recibir lo que asegura le corresponde por la expropiación, 11,5 millones de dólares, cifra sobre la que no hay acuerdo desde el gobierno provincial.
Los representantes de la pesquera fueron claros ante el delegado Ángel Ratto. “La falta de pago de la indemnización por parte de la provincia de Santa Cruz afecta directamente a los trabajadores que prestan funciones en la planta de José Hernández (la calle de Mar del Plata, donde está ubicado el frigorífico) y de toda la empresa en general”, esgrimieron García y Sánchez, este último el yerno de Franco Barillari.
20/01/11
LA OPINIÓN AUSTRAL