Fue durante la audiencia pública convocada por el gobierno santafesino. Pidieron también más controles, se efectivicen las multas y sanciones, el cumplimiento de la Ley de Pesca y transparentar la información. Critican el desdoblamiento de decisiones y la continuidad de políticas “cortoplacistas” que desde el Ministerio de la Producción favorecen al sector de la pesca industrial.
Fue durante la audiencia pública convocada por el gobierno santafesino. Pidieron también más controles, se efectivicen las multas y sanciones, el cumplimiento de la Ley de Pesca y transparentar la información. Critican el desdoblamiento de decisiones y la continuidad de políticas “cortoplacistas” que desde el Ministerio de la Producción favorecen al sector de la pesca industrial.
Reconquista, 11 diciembre 2008 (Prensa Proteger).- Se realizó hoy en esta ciudad del norte santafesino ligada al río Paraná la audiencia pública convocada por el gobierno provincial para debatir la política pesquera. El encuentro, presidido por el subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Biassatti, contó con la participación de unas 70 personas y 8 oradores previamente registrados incluyendo científicos, abogados, pescadores artesanales y deportivos, y representantes de ONGs.
En el público se encontraban el secretario de Medio Ambiente, César Mackler, y el secretario del Sistema Hídrico, Ricardo Biani, que se desempeña en el Ministerio de la Producción y que en el nuevo organigrama de gobierno tiene una importante cuota de poder en materia de decisiones sobre política pesquera.
Entretanto el director de Recursos Pesqueros de la cartera ambiental, Daniel del Barco, inició la jornada con una exposición de lo que responderá el gobierno provincial a las exigencias del fallo judicial que recientemente obligó a realizar la audiencia pública entre otros aspectos.
Sin derecho a réplica
“No hubo derecho a réplica ni espacio para aclaraciones del público; se exigió a los participantes que hagan sus preguntas por escrito, y las respuestas del panel oficial fueron esquivas, contestatarias y poco satisfactorias”, indicó la titular de la Fundación PROTEGER, Julieta Peteán –quien fue una de las expositoras en la audiencia.
“Fue lamentable hoy la exposición de un Plan de Manejo elaborado por la provincia en el año 2005, que en realidad es un punteo de 19 metas a largo plazo, objetivos generales copiados de los manuales de la FAO y un listado de trabajos científicos, que no se traducen en decisiones, legislación, reglamentaciones, controles y acciones concretas para la conservación y uso sostenible de los recursos pesqueros”, advirtió Peteán.
Por su parte, consultado por la prensa al cierre de la audiencia, el director general de PROTEGER, Jorge Cappato, remarcó que “hubo una coincidencia general, muy clara y muy fuerte de los expositores sobre la necesidad de suspender la exportación de pescado de río a la que se ve claramente como la mayor causa evitable de la crisis pesquera”.
“También fue unánime el reclamo por más y mejores controles y por una fiscalización permanente, en particular de la abertura legal de malla y el respeto por las tallas mínimas del pescado”, consignó.
“Hubo una coincidencia absoluta de pedir al gobierno que cumpla con todos y no sólo algunos de los aspectos que exige la ley de pesca 12.212 y la normativa legal vigente, y sobre la necesidad de transparentar la información, por ejemplo sobre los estudios que se realizan, el cobro de multas, las sanciones y el registro de infractores”, señaló.
Altamente preocupante
Cappato aseguró que “es altamente preocupante el desdoblamiento de incumbencias y el hecho de que decisiones de fondo no se toman en Medio Ambiente sino en el Ministerio de la Producción, en la órbita del secretario Biani, donde en lugar de un cambio de políticas hay una continuidad del enfoque cortoplacista que privilegia al sector de la pesca industrial en desmedro de la pequeña y mediana empresa ligada a la actividad pesquera y de los pescadores artesanales”.
“Ahora dependerá de la voluntad política, si la provincia quiere tomar los temas que la sociedad reclamó hoy, como más y mejores controles, guardapescas rentados, registro de infractores y sanciones como exige la ley, un verdadero plan de manejo de los recursos pesqueros, poner fin a la exportación de pescados de río, y generar políticas públicas tendientes a la conservación del recurso pesca”, subrayó entretanto Peteán.
“La gestión ambiental provincial debe tomar en cuenta las recomendaciones de los científicos y las organizaciones sociales expresadas en esta audiencia y no decir simplemente que es “no vinculante”, expresión que hoy el subsecretario Biassatti insistió en remarcar también al referirse a otra instancia participativa como el Consejo Provincial Pesquero”, dijo finalmente Peteán.
Acceso a la información
Por su parte Norberto Oldani, investigador del Intec-Conicet aseguró que “la Secretaría de Medio Ambiente debe crear un sistema de información pesquera que se retroalimente. La Secretaría dispone de todos los medios; esto se hace desde un escritorio, sólo hace falta el criterio y las ganas de hacerlo”.
“Los concursos de pesca, por ejemplo, proveen una cantidad de información espectacular, todo esto debería estar recopilado, publicado por la Secretaría de Ambiente y que todos tuviéramos acceso. Es indispensable en la toma de decisiones para conservar el recurso”, remarcó Oldani.
José Luis López, presidente de la Asociación Pesqueros del Norte con sede en Puerto Reconquista, que nuclea a más de 600 pescadores artesanales del río Paraná en el norte santafesino, reseñó las necesidades del sector y pidió al gobierno provincial “que exprese con claridad qué va a decidir sobre el futuro de la gente del río”.
“Dígannos qué quieren hacer así nosotros y nuestras familias, que dependemos de que haya peces en el río, sabemos a qué atenernos, cuál será el futuro para nosotros y nuestros hijos”, insistió.
Sentencia judicial
Como se recordará el abogado de Reconquista Juan Lucas Cracogna recordó recientemente que “la audiencia fue exigida al gobierno a raíz de una sentencia judicial. Es mucho decir que un puñado de ciudadanos hayan tenido que acudir a la Justicia con un reclamo de esta índole y que finalmente, con los avatares propios de un juicio, se les haya dado la razón”.
Cracogna fue el abogado representante en la causa “Bascolo Roald Omar y otros c/Poder Ejecutivo Provincial y otros s/Amparo”, iniciada en noviembre de 2005 y que -entre otras exigencias- derivó en la audiencia pública.
En su convocatoria la audiencia se caracterizó por exigencias que, a juicio de organizaciones sociales, más allá de ordenar las presentaciones, limitaron la plena expresión de los participantes.
El 15 de noviembre pasado PROTEGER solicitó en una nota al Ministro de Agua, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, conocer los fundamentos del reglamento de la audiencia, por considerar que “vulnera el derecho real de participación”. La carta, que fue enviada con copias al Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe y al Defensor del Pueblo de la Nación, no tuvo aún respuesta.
La ley 12.212 establece que anualmente el gobierno debe convocar a una audiencia pública, sin embargo, es la primera vez que se realiza desde que la ley fue sancionada en 2003. “Nos alegra acercarnos a la legalidad; pero a la vez evidencia la desidia y el desapego que han tenido los gobiernos sobre los cuales pesaba la misma obligación y fueron indiferentes”, señaló Cracogna.
“Percibimos que la falla aquí no es legislativa. Las herramientas legislativas para un adecuado cuidado y control del recurso existen, falla la aplicación de las mismas. La responsabilidad sigue siendo política, de gestión de manejo del recurso pesquero”, remató el experto.
11/12/08
PROTEGER