La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó sobre tablas y por mayoría la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación el predio, las instalaciones y los bienes muebles pertenecientes a la Planta de Procesamiento de Productos del Mar de Barillari S.A.
La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó sobre tablas y por mayoría la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación el predio, las instalaciones y los bienes muebles pertenecientes a la Planta de Procesamiento de Productos del Mar de Barillari S.A.
“La palabra expropiación puede llamar la atención, pero este tema de Barillari es de larga data, y desde su radicación allá por el año 1985 vivió conflictos permanentes, primero con la gente de planta permanente y además la empresa nunca dejó ingresar a las asociaciones gremiales y que actúen los gremios con lo hacen en otras empresas”, dijo el diputado Rubén Contreras, autor del proyecto aprobado.
A partir de 1995/96, la compañía empezó a "tercerizarse", y de los 600 empleados que llegó a tener en sus épocas de mayor actividad, dejó sólo a 40 personas en planta permanente, agregó el legislador.
Desde esa tercerización, “el manejo se empieza a hacer por medio de cooperativas y donde deviene la mayor cantidad de conflictos, ya que tanto el Estado provincial como el municipal de Caleta Olivia tenían en muchos casos que intervenir para brindar soluciones a la gente por falta de pagos, y de ahí venía toda una cadena de problemas relacionados a las familias de los trabajadores”, continuó explicando.
Contreras recordó que a partir de 2007, "la empresa comenzó con muchos más problemas por la poca actividad" y en octubre de 2008 se declaró en concurso "dejando a las 39 personas sin trabajo, sin cobrar sueldo y sin aclarar su situación laboral hasta el día de la fecha".
"Los que vivimos en Caleta Olivia, conocedores de lo que se ha vivido con el accionar de Barillari, como lo sufrido en Chubut, aprobamos este proyecto de expropiación para con la empresa”, añadió Contreras, informó Periódico Austral.
A fines de septiembre pasado, cuando surgió la posibilidad de expropiar la firma para que los 400 empleados volvieran a sus actividades con normalidad, el subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Norberto Yahuar, dijo que no estaban planteando eso “como una cuestión que tiene que generalizarse, sino como una salida puntual y extrema a una situación difícil para estos trabajadores”.
"No estamos diciendo que avalamos que el Estado avance sobre la toma de los sectores privados, como ha ocurrido en un país vecino, sino simplemente que ante esta situación difícil para 400 familias que no quieren seguir viviendo del subsidio del Estado, se busque una herramienta que les permita la generación de trabajo”, explicó el subsecretario.
Por Analía Murias
23/10/09
FIS