Las autoridades PRO que siguen en los puertos bonaerenses ante la indefinición de Kicillof

Las autoridades PRO que siguen en los puertos bonaerenses ante la indefinición de Kicillof

Por el momento el gobernador Axel Kicillof no movió las fichas necesarias para hacer pie en los puertos bonaerenses. Más allá de deslizarse nombres de excandidatos a la intendencia del Frente de Todos en puntos como Bahía Blanca o San Nicolás, lo cierto es que, hasta el momento, los consorcios de gestión portuarios siguen encabezados por funcionarios ligados estrechamente al gobierno anterior

La discusión por el impuesto a los servicios portuarios puso de manifiesto visiones definidamente contrapuestas entre el oficialismo y la oposición en torno al manejo de los puertos en la provincia de Buenos Aires. La materialización de ese gravamen en la ley impositiva sancionada la semana pasada dejó un sabor amargo en el Frente de Todos, que buscaba recaudar un 50% más de lo que finalmente recaudará, a partir del reclamo de exportadores y del bloque de Juntos por el Cambio en la Legislatura. Pero también dispara voces de malestar por el tributo que se aplicará, con vaticinios de una disminución de la operatividad de las terminales portuarias.

Bajo ese panorama, el nuevo gobierno piensa en un nuevo perfil de gestión portuario, con mayor presencia estatal y hasta incluso la ministra de Gobierno, Teresa García, planteó la necesidad de discutir una nueva ley de puertos. En tanto, dirigentes gremiales consultados por Letra P afirman que, en reuniones recientes con funcionarios del Ministerio de Producción, se plantea la posibilidad de realizar fuertes cambios en el control de este sector.

Sin embargo, por el momento el gobernador Axel Kicillof no movió las fichas necesarias para hacer pie en los puertos bonaerenses. Más allá de deslizarse nombres de excandidatos a la intendencia del Frente de Todos en puntos como Bahía Blanca o San Nicolás, lo cierto es que, hasta el momento, los consorcios de gestión portuarios siguen encabezados por funcionarios ligados estrechamente al gobierno anterior y que, además, se han manifestado recientemente en contra del impuesto del Ejecutivo para la actividad. Aquí, una radiografía del perfil y las huellas del paso por la administración portuaria de los presidentes de cuatro puertos neurálgicos de la provincia: Mar del Plata, Dock Sud, Bahía Blanca y Quequén.

UN HOMBRE DE PENSAR. Martín Roberto Merlini arribó al Consorcio Portuario Regional Mar del Plata el 4 de abril de 2016. Agente marítimo desde 1987 y graduado en administración portuaria, Merlini tenía aún una cucarda más lustrosa al momento de acreditar su desembarco como timón del puerto marplatense: era miembro de la Fundación Pensar, el think tank PRO que, por esas costas, es comandado por el hoy diputado nacional Juan Aicega, quien por aquellos tiempos -como concejal- se hizo presente en el acto de asunción de Merlini quien, por supuesto, también llegaba con la bendición del dirigente amarillo más interesado en los puertos bonaerenses: Guillermo Dietrich.

La gestión de Merlini está signada por un significativo número de denuncias en su contra. Desde sospechas de negocios inmobiliarios a partir de la avanzada contra un Centro de Formación Profesional que funcionaba en un local cedido hace años por el puerto hasta presentaciones judiciales y en el OPDS por contaminación y derrame de sustancias tóxicas expandidas por la Reserva Natural del Puerto.

Por otro lado, más allá del pretencioso plan de desguace, lo cierto es que diversos sectores portuarios siguen siendo cementerios de buques con largos años en desuso, algunos de ellos recientemente hundidos, además de existir algunas secciones con semi remolques también abandonados.

En cuanto a la operatividad, la cuestionada carencia de fomento al desarrollo del comercio exterior por parte del Consorcio (apuntada por varios empresarios del sector pesquero) se tradujo en una caída de más del 30% en las exportaciones de 2019 en comparación al año anterior.

Pero la mira central de entidades gremiales como los portuarios de SUTAP se centran en las irregularidades de los dragados, fundamentalmente el último realizado por la draga de una firma española que, según advirtieron en la SUTAP a Letra P a partir del testimonio de trabajadores de balisamiento del puerto marplatense, no habría realizado “el 30% del dragado” por el que fue contratada por el Consorcio.

Lo curioso fue que precisamente esos trabajos fueron elogiados por el entonces ministro de Transporte nacional Guillermo Dietrich: “Está haciendo un gran trabajo en el puerto. Un ejemplo de eso es cómo se mejoraron los costos del dragado y la previsibilidad que se ha generado”, subrayó el otrora funcionario macrista sobre el accionar de Merlini, uno de sus bendecidos. Mientras, la rama local de Fundación Pensar, con Aicega y el concejal Guillermo Volponi a la cabeza, seguían de cerca el proceder de Merlini, con reuniones periódicas.

DE RITONDO AL PUERTO. Alejandro Enrique Semmartín llegó al mando de la administración del Puerto de Dock Sud el 20 de marzo de 2018, un año antes de que esa delegación portuaria -la segunda en importancia en términos de movimientos de mercaderías, detrás de Bahía- fuera transformada en Consorcio por el vidalismo.

Con una escala previa en la dirección de Seguridad Portuaria bonaerense, Semmartín hizo pie en la gestión vidalista de la mano de su referente, el entonces ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. Previo al triunfo nacional y bonaerense de 2015, Senmartín se había desempeñado en la Legislatura porteña, donde Ritondo también tenía fuerte injerencia. Además, su nombre figura dentro de la lista de aportantes privados “para el desenvolvimiento institucional” del PRO.

Ya en el mundo portuario Semmartín tenía claro el objetivo de su arribo a Dock Sud: “Apoyé totalmente el modelo de Consorcio de Gestión porque un puerto es una puerta de salida e ingreso de todo lo que produce un país o una provincia y esa puerta, al ser manejada con la burocracia desde el Estado, puede perder eficacia”, explicó a la revista especializada Megatrade.

La munición gruesa contra “la burocracia” estatal emanada desde un funcionario colocado por el Estado era un ejemplo a viva voz de la vocación privatista que signó la creación, por parte de Cambiemos, de consorcios no sólo en Dock Sud sino también en San Nicolás y Coronel Rosales. Esos tres puertos completaron el esquema porturario bonaerense bajo un mismo modelo de gestión que, en casos como Bahía Blanca, habían sido inaugurados durante el menemato. Por varios actores portuarios, el modelo de consorcio es tomado como “una privatización encubierta” por la fuerte injerencia de las empresas que operan en los puertos en las definiciones del directorio.

Y en el caso de Dock Sud, la influencia de las grandes petroleras no tardó en hacerse sentir con la presidencia de Semmartín. Como contó Letra P, en marzo de 2019 firmas como Shell, DAPSA y Exolgan fueron eximidas del pago de tasas a cambio de que dragaran los accesos a sus propias dársenas, lo que representó un alivio millonario para esas empresas. Por esa “compensación de canon”, SUTAP elevó una denuncia en el fuero penal contra el titular del Consorcio y el ex ministro Javier Tizado.

Además, Semmartín está en la mira de la SUTAP por una serie de maniobras administrativas que integran un paquete de denuncias que el gremio presentó la semana pasada ante la Fiscalía de Estado. En el expediente al que tuvo acceso Letra P, se habla de “presuntas irregularidades” en el contrato de locación de un inmueble que tiene como destino oficinas laborales para el personal del Puerto cuando “a la fecha no se produjo el traslado del personal, estando sin utilizar las instalaciones para el destino fijado” a pesar de que por el contrato de alquiler firmado por Semmartín el Consorcio Dock Sud “abonó en un solo pago $1.080.000, que abarcó los 24 meses a razón de $45.000 cuando lo normal y habitual es el pago mensual; mediante la extensión de un cheque, desconociéndose toda referencia del mismo”. Por esto, SUTAP exige “toda la documentación pertinente”.

PUERTO DIETRICH. El interés del otrora ministro de Transporte Guillermo Dietrich en los puertos de la provincia de Buenos Aires se materializó con fuerza en el principal consorcio bonaerense: Bahía Blanca. Allí, colocó a un hombre de su extrema confianza, su abogado, Miguel Ángel Donadío, quien además se desempeñaba como asesor legal de la Cámara Portuaria y Marítima de aquella ciudad del sur bonaerense, entidad empresaria que nuclea a todos los servicios portuarios y/o marítimos en ese puerto.

Como contó Letra P, Donadío fue candidato a intendente de Bahía por el PRO en 2007, cuando obtuvo solo el 3,65% de los votos. Su raíz amarilla data del momento en que fue en busca de un encuentro con Macri en 2001, cuando el líder PRO era presidente de Boca. “Revisé su curriculum. Fue alumno del Cardenal Newman y después fue alumno de Ingeniería en la Universidad Católica Argentina. Si este muchacho estuvo 25 años de su vida en esas academias, en esos claustros, donde enseñan muchos valores, eso me determinó a seguirlo”, confesó Donadío sobre el disparador de su idolatría.

En su mandato al frente del Consorcio, Donadio registró chispazos con el intendente bahiense, Héctor Gay, por la designación del gerente general portuario, fue cuestionado por la Defensoría del Pueblo por permanecer en su cargo a pesar de tener una causa abierta por el delito de lesiones e impulsó el crecimiento de las exportaciones de los grandes pulpos cerealeros que operan en el puerto, como ADM, Cargill y Dreyfus, multinacionales que a pesar de haber aumentado exponencialmente sus exportaciones en 2019 salieron fuerte al cruce del impuesto a los servicios portuarios aplicado -aunque con un recorte del 50%- en la ley impositiva de Kicillof.

A esas quejas se sumó Donadío: “Es un golpe a la autonomía de los puertos”, arremetió contra Kicillof el macrista titular del Consorcio bahiense.

CEREALERAS AL MANDO. Luego de Bahía, el otro puerto con predominio cerealero en su operatoria es Quequén. Allí, el cargo de presidente del Consorcio designado por la Provincia está vacante desde el 10 de diciembre, teniendo en cuenta que su titular hasta ese momento, Arturo Rojas, asumió como intendente de Necochea. Con la salida de ese hombre de Cambiemos, hasta el presente, Quequén tiene como principal responsable a su gerente general, José Oscar Morán, quien desembarcó en el directorio de ese consorcio en representación de la Cámara de Profesionales de ese puerto (Caproq).

El dato aquí es que Morán se desempeñó durante más de 31 años (desde octubre del 87 hasta diciembre de 2018) dentro de la multinacional cerealera Nidera-COFCO, de la cual llegó a ser gerente de la terminal portuaria que esta firma posee en Quequén.

El crecimiento de COFCO en los últimos años de Cambiemos fue superlativo en Quequén: casi duplicó de un año a otro las toneladas giradas (de 886 mil en 2018 a más de 1,6 millón en 2019). De acuerdo al reporte estadístico de movimientos realizado por el Consorcio portuario, al que tuvo acceso Letra P, con más 1,6 millón de toneladas, COFCO acaparó casi el 23% de los movimientos de mercadería.

Asimismo, COFCO es -junto con la cooperativa agrícola más grande de Estados Unidos, CHS- impulsora central del holding “Sitio 0”, concesionaria de una de las tres terminales del Puerto de Quequén. Sitio 0 se materializó en tiempos de Cambiemos -marzo de 2016-, con un corte de cintas que tuvo la presencia, como no podía ser de otra manera, del entonces ministro Dietrich. (DAMIAN BELASTEGUI – LETRA P) #NUESTROMAR

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