Control de la pesca ilegal: Los esfuerzos de las fuerzas de seguridad y la displicencia política

Control de la pesca ilegal: Los esfuerzos de las fuerzas de seguridad y la displicencia política

Al mismo tiempo que desde la Armada y la Prefectura vuelven a trabajar de forma conjunta para custodiar nuestra ZEE y áreas limítrofes, como no se hacía desde hace décadas, la Cancillería cierra la puerta a la ayuda exterior en la lucha contra la pesca ilegal. No se permitió atracar al guardacostas Stone de los Estados Unidos.

El abordaje interministerial de la Pesca Ilegal No Declarada No Reglamentada, con la participación de Seguridad, Defensa, Relaciones Exteriores y Agricultura, Ganadería y Pesca, es quizás el mayor acierto del gobierno en materia de seguridad pesquera. Esto ha permitido, por ejemplo, que por primera vez en 30 años la Armada y la Prefectura volvieran a trabajar en forma mancomunada en la seguridad marítima.

La optimización de recursos económicos, físicos y humanos está permitiendo tener un mapa de la piratería en aguas adyacentes a nuestra Zona Económica Exclusiva enmarcada en el Plan Nacional de lucha contra la pesca Ilegal No Declarada y no Reglamentada. Pero llamativamente los grandes esfuerzos realizados por los ministerios de Defensa y Seguridad no cuentan con el acompañamiento de la Cancillería.

Pareciera que el interés del país sobre la pesca INDNR se circunscribiera exclusivamente a lo que ocurre dentro de nuestro mar territorial, pues no se observa ningún esfuerzo por desalentar estas prácticas más allá de la milla 200. El rechazo de la ayuda ofrecida por el gobierno de los Estados Unidos con el envío del guardacostas Stone, al que no se le permitiera siquiera atracar, es una muestra más de ese desinterés.

Tras los constantes embates de la flota extranjera sobre nuestros recursos del año pasado, la Armada y la Prefectura comenzaron a trabajar en forma conjunta y dieron un salto en eficiencia. Mediante un sistema de información geográfica, logran conocer los movimientos, datos técnicos y administrativos de los buques que se encuentren navegando por todo el mundo, pudiendo almacenar la información de otros sistemas activos o pasivos utilizados para localizar buques.

Dado que la detección solo se puede realizar sobre los barcos que mantienen encendido el AIS y justamente son apagados por quienes practican pesca ilegal, ambas fuerzas coordinan los patrullajes aéreos y de superficie para reforzar los datos con fotografías, por ejemplo. Toda la información que se obtiene de la misión es procesada, analizada e informada a la Dirección de Operaciones para determinar responsabilidades, pero también para determinar la dinámica, conductas y procederes de los buques que realizan pesca INDNR.

El trabajo que se está realizando en materia de monitoreo es muy importante, y en función de desalentar el ingreso de barcos a nuestra ZEE puede llegar a ser, incluso, exitoso. En el transcurso de la temporada de calamar que recién se inicia seguramente podrán evaluarse los resultados.

Las actividades de las fuerzas de seguridad se enmarcan en el PAN-Pesca INDNR del Consejo Federal Pesquero generado a partir de las premisas de la FAO, que es mucho más amplio y pretende avanzar sobre los barcos que depredan más allá de las jurisdicciones nacionales.

Pero al parecer, al gobierno nacional le basta con que los barcos extranjeros no traspasen la milla 200. Solo así puede entenderse que haya rechazado el ofrecimiento de Global Fishing Watch de ampliar el conocimiento con el que ya cuentan nuestras fuerzas de seguridad para detectar, identificar y denunciar a los barcos que realizan pesca INDNR alrededor del mundo y en el Atlántico Sur.

Solo si no interesa lo que ocurre en la milla 201 puede entenderse que se rechace la cooperación ofrecida por el gobierno de los Estados Unidos en las últimas semanas. Cuando el guardacostas Stone partió a fines de noviembre hacia el Atlántico Sur lo hizo con la misión de “combatir” la pesca INDNR y “fortalecer las relaciones por la soberanía y la seguridad marítimas en toda la región”, según un comunicado de prensa de la Guardia Costera.

La intención era realizar tareas conjuntas, intercambiar información y dejar la puerta abierta para futuros trabajos de control conjuntos con Guyana, Brasil, Uruguay y Argentina. Tanto en Guyana como en Brasil realizaron acciones conjuntas, logrando incluso atrapar un barco con cargamento de drogas, pero en Uruguay solo se le permitió atracar para tener una ceremonia protocolar de recibimiento. En Argentina no se tuvo ni esa delicadeza.

La Cancillería, en primer lugar, rechazó la propuesta de colaboración y se mostró abierta a recibir a la embarcación para los agasajos habituales en estos casos, a fines del mes de febrero en el puerto de Mar del Plata. Pero ante la desconfianza de los jefes de la tripulación de poder lograr llegar a puerto por los problemas de dragado que tiene esta estación marítima, solicitaron se les permitiera atracar en el puerto de Buenos Aires. La respuesta fue negativa.

Según informó el diario Infobae, la decisión generó malestar en el Pentágono, por la escasa predisposición que mostró el gobierno argentino para que la misión se pudiera concretar y resultó en una ofensa importante. El episodio habría sido interpretado en Washington como un gesto hacia los aliados internacionales del kirchnerismo.

En la falta de interés por ser Estado Rector de Puerto sugerido por la FAO en el propio PAN-INDNR; en la desestimación de la colaboración ofrecida por Global Fishing Watch para detectar barcos sospechosos de actividades ilegales y en el rechazo de la ayuda ofrecida por los Estados Unidos, la Argentina deja ver su nulo interés por combatir la pesca ilegal o no declarada y no reglamentada fuera de su jurisdicción. La intención parece ser no molestar demasiado al gobierno chino, país identificado en el mundo entero con estas prácticas y el de mayor presencia en el Atlántico Sur. (KARINA FERNANDEZ – REVISTA PUERTO) #NUESTROMAR

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