La industria pesquera argentina tiene sus raíces documentadas desde 1821, con un desarrollo inicial centrado en Puerto Rawson, provincia de Chubut[1]. La industria cobró impulso cuando inmigrantes europeos —principalmente españoles e italianos— se establecieron en Mar del Plata tras la Segunda Guerra Mundial, aportando su experiencia e innovaciones pesqueras.
Estos primeros artesanos operaban pequeñas embarcaciones, algunas incluso propulsadas a vela, centrándose inicialmente en capturas modestas. Pronto establecieron una industria conservera para especies de media agua, como anchoíta, magrú y bonito.
A mediados de la década de 1960, los empresarios pioneros Francisco “Paco” Ventura y José Greco introdujeron filetes de merluza fresca en el mercado interno. En 1965, Greco construyó cuatro buques de acero en astilleros de Buenos Aires, cada uno con capacidad para 1.500-2.000 cajones[2]. Cuando surgieron oportunidades de exportación, estos empresarios recorrieron puertos europeos y comenzaron a importar buques pesqueros de acero más grandes que estaban siendo retirados en Europa mientras ese continente hacía la transición a buques congeladores.
A pesar de su enorme potencial, la industria pesquera argentina ha luchado por capitalizar plenamente la riqueza de sus recursos marítimos. Esta deficiencia puede atribuirse a la negligencia política y los conflictos continuos entre las cámaras empresariales y los sindicatos de la industria, con acciones cuestionables en ambos lados.
Crecimiento, Consolidación y el Papel del Estado
Las décadas siguientes vieron una expansión significativa de la industria con el crecimiento de la flota y el desarrollo de infraestructura portuaria y de procesamiento. Tras el colapso de las empresas pioneras de Ventura, Greco y Mellino —afectadas no solo por problemas financieros sino también por la violencia de grupos radicales de izquierda, incluyendo el secuestro de Ventura en enero de 1974 y el asesinato de Larangeira en diciembre del mismo año— muchos empresarios actuales adquirieron estas operaciones en quiebra.
Los nuevos propietarios continuaron operando la importante flota de grandes buques fresqueros de Polonia y Francia. En la década de 1990, Argentina experimentó una transición cuando las empresas establecieron compañías mixtas argentino-españolas centradas en buques congeladores para diversas especies como merluza, calamar, langostino, merluza negra, vieiras y centolla.
El Estado —a menudo combatido, pero frecuentemente requerido— proporcionó créditos blandos para la construcción de buques y la incorporación de tecnología a través de varios programas, desde el primer Decreto 10032/66 del Banco Industrial hasta el Decreto 145/2019[3] sobre Lineamientos para la Renovación de la Flota. Esta participación estatal plantea interrogantes sobre la propiedad de los recursos pesqueros más allá de las Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) establecidas por la Ley Federal de Pesca 24.922 (promulgada el 12 de enero de 1998)[4], que muchos argumentan no deberían ser transferibles.
Desmanejo y Corrupción
El desarrollo de la industria no siempre ha procedido de manera legal o transparente. Las acusaciones de corrupción abarcan todo el espectro de actores involucrados: funcionarios gubernamentales, empresarios y representantes sindicales, con el poder judicial a menudo como testigo silencioso.
Diversos actores de la industria han enfrentado acusaciones relacionadas con explotación laboral, obtención impropia de permisos de pesca, triangulación de permisos, sobrepesca, subdeclaración de capturas y evasión fiscal. La implementación de las CITC ocultó muchos problemas de triangulación de permisos de pesca al cambiar el enfoque de cómo se obtuvieron las licencias a la cantidad de captura permitida.
La Ley Federal de Pesca intentó regular el sistema pero surgieron inconsistencias legales, particularmente cuando se otorgaron las CITC. Hoy, las acusaciones entre empresarios y el Gobierno se centran en cuestiones de evasión fiscal y la renovación de las CITC por quince años más, deliberadamente demorada hasta el último día, con denuncias públicas de supuestos pedidos de coima.
Cabe reiterar que las acusaciones de corrupción no han sido exclusivas del sector empresarial. Para que exista corrupción debe haber tanto corruptores como corrompidos: funcionarios, empresarios y dirigentes sindicales, han enfrentado acusaciones. A pesar de las denuncias públicas, pocos casos han tenido resolución judicial.
Paros Sindicales y Crisis Comerciales
La industria ha enfrentado numerosos paros laborales y crisis comerciales que afectaron la producción, las exportaciones y el bienestar económico de todos los involucrados. Las pequeñas empresas familiares evolucionaron a grandes compañías exportadoras, sin lograr abordar adecuadamente los derechos de los trabajadores.
Las primeras organizaciones de orientación anarquista comenzaron a ganar protagonismo en las plantas de procesamiento, formando el Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado (SOIP) y logrando convenios laborales en 1942, 1956, 1966 y 1972, aunque con impacto limitado. En 1975 se consolidó el Convenio Colectivo de Trabajo 175/75[5] no solo para el SOIP sino para toda la industria y sectores relacionados.
Las interrupciones laborales han generado pérdidas económicas y reacciones negativas en todos los sectores, particularmente cuando estas medidas no logran los resultados esperados. Los registros históricos muestran que huelgas individuales o colectivas de la industria han durado hasta 120 días, demostrando la poca importancia que se da a la industria pesquera en un país predominantemente enfocado en la producción de carne.
Estas situaciones han provocado conflictos internos tanto en el sector sindical como empresarial, con este último a veces implementando medidas de fuerza o lockouts. Tales conflictos inhiben el diálogo sobre cuestiones fundamentales como enfoques ecosistémicos, cogestión pesquera, organización de convenios laborales, seguridad en el trabajo y certificación de calidad de la producción.
Cargas Impositivas
Las obligaciones tributarias representan un desafío permanente para la industria, especialmente en lo que respecta a las exportaciones de productos como la merluza y especies premium como langostino, calamar, vieira, centolla y merluza negra.
El sector constantemente solicita a los gobiernos modificar los porcentajes impositivos y eliminar determinados tributos “sin ser escuchados”. La dependencia de las exportaciones —que representan casi el 90 por ciento de la producción, expone a la industria pesquera argentina a variables económicas globales y a las políticas de subsidios que aplican los principales países consumidores a sus propias industrias, socavando la competitividad de la industria local[6].
Si bien estas condiciones externas están fuera del control del sector, no puede decirse lo mismo de los impuestos nacionales, donde los gobiernos tienen herramientas para implementar correcciones que podrían mantener la competitividad frente a productos de otros países. Esta lucha constante entre empresas y gobiernos ha tenido resultados variados, llevando en ocasiones a despidos, concursos preventivos y quiebras empresariales.
Mientras tanto, los trabajadores sufren con reformas tributarias rígidas y el Impuesto a la Cuarta Categoría[7], que afecta severamente los salarios sin que estas contribuciones se traduzcan en beneficios tangibles para los ciudadanos contribuyentes.
Educación y Desarrollo de Recursos Humanos
La industria pesquera argentina representa un sector estratégico para la economía, con potencial de crecimiento que se extiende más allá de su contribución actual al Producto Bruto Interno y las exportaciones. Para maximizar la mejora y garantizar la sostenibilidad a largo plazo, es esencial el desarrollo integral del capital humano en todos los niveles de la cadena productiva.
La profesionalización del sector requiere un enfoque multidimensional que combine educación formal, capacitación técnica especializada y aprendizaje continuo. Los programas educativos deben abarcar desde técnicas de captura sostenible hasta gestión empresarial avanzada e innovación en productos con valor agregado.
Las instituciones académicas deben colaborar estrechamente con empresas y sindicatos para desarrollar currículos que aborden las necesidades reales del sector. Esto implica crear institutos especializados de excelencia que combinen investigación científica aplicada con formación práctica utilizando tecnologías de simulación y equipamiento de vanguardia.
La internacionalización de la educación mediante intercambios con países que sobresalen en gestión pesquera aceleraría la transferencia de conocimientos y mejores prácticas. También es crucial incorporar conceptos de sostenibilidad ambiental, económica y social en todos los niveles educativos para preparar a los profesionales ante los desafíos futuros en medio de la presión sobre los recursos marinos.
La certificación de competencias profesionales con reconocimiento nacional e internacional elevaría los estándares de calidad en toda la industria y facilitaría la movilidad laboral. Finalmente, es esencial desarrollar programas de reconversión y actualización para los trabajadores actuales, permitiéndoles adaptarse a nuevas tecnologías y metodologías sin perder oportunidades de modernización.
Conclusión: Hacia un Futuro Sostenible a través de la Educación y el Cambio Intelectual
La industria pesquera argentina se encuentra en una encrucijada crucial que requiere acciones concretas y coordinadas entre todas las partes interesadas.
El reciente Foro PescAR[8], celebrado en Puerto Madryn, Chubut, representa un paso importante, estableciendo un alto estándar para futuras iniciativas. En el evento se observó claramente que no se consolida entendimiento tanto entre sindicalistas como entre empresarios; y tampoco alcanzó a interesar a la totalidad del arco político, pues solo asistieron políticos oficialistas, provinciales y municipales, y miembros del Consejo Federal Pesquero que había sesionado en la ciudad.
Los desafíos evidentes incluyen la incapacidad para establecer relaciones positivas con todos los sindicatos, la fragmentación entre los propios empresarios y la dificultad para involucrar tanto a los intereses del Gobierno como de la oposición. Las divisiones entre asociaciones sindicales reflejan las existentes entre empresas bonaerenses y patagónicas, y entre operadores de buques fresqueros y congeladores.
El estancamiento de la industria se debe en parte a la incapacidad de las cámaras empresariales y las organizaciones sindicales para solicitar conjuntamente al Gobierno Nacional un alivio fiscal para una industria que produce alimentos para el consumo global. En cambio, estos sectores permanecen en conflicto, sosteniendo un Estado “cuasi extorsionador”, que aplica un 35 por ciento de impuesto sobre los salarios brutos de los trabajadores y numerosos gravámenes y retenciones a los empresarios, por ejemplo Derecho Único de Extracción (1 %) y Retenciones a las exportaciones (6 %), ente otros. A raíz de ello, algunas empresas cometen el delito de evasión fiscal, coaccionan a sus trabajadores creando competencia desigual entre negocios que provocan efectos negativos a mediano y largo plazo para los trabajadores.
Propuestas para un Crecimiento Sostenible
Reforma Regulatoria y de Gobernanza
Actualización de la Ley Federal de Pesca: Modernizar el marco legal, incorporando mecanismos justos de asignación de CITC, criterios de sostenibilidad ambiental y procedimientos administrativos simplificados.
Consejo Federal Pesquero fortalecido: Establecer un organismo federal con representación multisectorial, capacidad técnica y autonomía para implementar políticas a largo plazo que trasciendan los ciclos políticos.
Sistema integral de trazabilidad: Implementar tecnologías digitales (blockchain[9], IoT[10]) para seguir los productos desde la captura hasta el consumidor final, minimizando la pesca ilegal, la subdeclaración y la burocracia del control estatal.
Sostenibilidad Económica y Competitividad
Régimen fiscal diferenciado: Diseñar un esquema tributario que reconozca las particularidades de la industria y su interacción con el desafiante ambiente del Mar Argentino, con incentivos que premien la creación de empleo y la adición de valor.
Desarrollo del mercado interno: Implementar programas nacionales de promoción del consumo de pescado, diversificando canales de comercialización con logística de transporte hacia polos de distribución en el interior del país, reduciendo la dependencia exclusiva de las exportaciones.
Modernización tecnológica: Crear líneas de financiamiento internacional específicas para la renovación de la flota en astilleros nacionales y mejoras en plantas procesadoras, aumentando la eficiencia energética y reduciendo el impacto ambiental.
Desarrollo del Capital Humano
Instituto Superior Privado (Nacional) de formación pesquera: Promover y establecer institutos especializados en formar nuevos profesionales en toda la cadena de valor, desde la construcción naval hasta la captura, logística y comercialización, enfatizando nuevas tecnologías y mejores prácticas internacionales.
Programa de reconversión laboral: Desarrollar iniciativas que permitan a los trabajadores actuales adaptarse a los cambios tecnológicos y las fluctuaciones de recursos, garantizando la empleabilidad a largo plazo.
Actualización de convenios laborales: Adaptar los acuerdos a las nuevas realidades productivas, incorporando mecanismos de participación que alineen los intereses de empresas y trabajadores.
Sostenibilidad Ambiental y Científica
Fortalecimiento de la investigación científica: Incrementar significativamente la inversión en estudios sobre recursos marinos, con monitoreo permanente para toma de decisiones basadas en evidencia.
Programa de certificación de pesquerías: Adoptar estándares internacionales de pesca sostenible (MSC[11], etc.) para acceder a mercados exigentes.
Coordinación Internacional
Política regional coordinada
Diplomacia pesquera activa: Posicionar a Argentina en foros internacionales defendiendo sus intereses frente a la pesca no declarada, no reglamentada o ilegal en aguas adyacentes a la ZEE, a la vez que organiza sus propios foros.
La implementación coordinada de estas propuestas transformaría la industria pesquera argentina en un sector moderno, sostenible y competitivo, capaz de aprovechar plenamente el potencial del Mar Argentino mientras genera bienestar para las comunidades costeras y preserva un recurso estratégico para las futuras generaciones.
El camino hacia esta transformación requiere superar la fragmentación histórica y construir una visión compartida entre todos los actores, donde el diálogo y la cooperación reemplacen la desconfianza y el conflicto que han caracterizado al sector en las últimas décadas. Esta transformación depende fundamentalmente de un cambio intelectual más que de avances meramente económicos o tecnológicos.
[1] La historia de la industria pesquera en Argentina. Rotoplas Agroindustria. 19 de noviembre de 2021.
[2] “Entre el hielo y el fuego”. Hechos armados en la industria pesquera marplatense durante la década del 70´- Gonzalo Julián Yurkievich. Historial regional. 07 de julio de 2012.
[3] Decreto 145/2019. Texto completo | Argentina.gob.ar
[4] Ley Federal de Pesca 24.922. Texto completo | Argentina.gob.ar
[5] CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 175/75. Buenos Aires, 22 de julio de 1975. CPCECABA | Artículo
[6] Argentina exportó en 2024 el 85,3% de sus productos pesqueros “sin elaborar”. Parte de pesca
[7] Ganancias: actualización de deducciones y escalas aplicables en 2025. ARCA – Enero de 2025
[8] Foro PescAr – Encuentro anual de la industria pesquera argentina
[9] Qué es la trazabilidad en blockchain y su importancia. Tecnoloworld.net
[10] El papel crucial de la IoT en la trazabilidad de productos: Innovación en seguimiento – Logística del futuro
[11] Trazabilidad en la cadena de suministro. Marine Stewardship Council (MSC)
(Consejo Asesor CESMAr / Jorge A. Frías, Secretario General Nacional AACPyPP) #NUESTROMAR
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