Este podría ser el resumen de lo que dejó el seminario sobre pesca ilegal que organizó el Círculo de Políticas Ambientales con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Las voces más contundentes en ese sentido llegaron desde Perú, Ecuador y Argentina.
El miércoles se llevó a cabo el segundo seminario sobre Pesca Ilegal, No Declarada, No Reglamentada (INDNR), organizado por el Círculo de Políticas Ambientales con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Participaron expositores de ese país, Ecuador, Perú y Argentina. La falta de decisión política para atacar seriamente este flagelo que no solo pone en riesgo la salud de los recursos pesqueros, sino que implica además violaciones a los derechos humanos, a los derechos ambientales y la proliferación de un mercado ilegal, fue el denominador común entre los panelistas.
Desde Perú llegó la descripción del fraude reinante en el país por parte del representante de Oceana y una feroz crítica a los países más desarrollados sobre las limitaciones de la CONVEMAR, a través del representante del Parlamento Andino. La exviceministra de Pesca ecuatoriana, Pilar Proaño, fustigó la ausencia de interés de la justicia nacional e internacional por investigar a fondos los delitos relacionados con la pesca INDNR. Michel Brakke, de Estados Unidos, se refirió a la necesidad de generar acuerdos, poner en práctica las herramientas existentes para lograr transparencia e imponer castigos en los mercados de destino. Milko Schvartzman, miembro del organismo convocante, describió el accionar de la flota mayoritariamente china que depreda los recursos del Pacífico y el Atlántico Sur, su relación con el puerto de Montevideo, Uruguay; y enumeró las principales falencias que considera de fácil y rápida resolución, si existiera una real voluntad política.
“Tengo pruebas, fuentes, documentos y datos de todo lo que he presentado” dijo Milko Schvartzman tras exponer mapas en los que se observaba una cantidad abrumadora de barcos recorriendo desde el Ecuador hasta Argentina durante gran parte del año en busca de especies como el calamar illex, calamar gigante, merluza negra, atún o hubbsi. Si bien todavía no dio cifras precisas, adelantó que el Círculo de Políticas Ambientales ha advertido un crecimiento exponencial del número de buques en la temporada 2022 en el Atlántico Sur.
Como Schvartzman ya lo ha indicado muchas veces, la flota es mayoritariamente de bandera china y el puerto de Montevideo en Uruguay no solo es el que le brinda servicios logísticos sino también de cobertura de ilícitos como el tráfico de fauna marina y la violación de los derechos humanos, además de ser la puerta de salida de las exportaciones pesqueras producto de la pesca, al menos no declarada y no reglamentada en el Atlántico Sur.
Citó el ejemplo del barco que, capturado en 2019 por Argentina tras probarse la pesca ilegal en su ZEE y haber sido denunciado desde 2014 por distintos delitos, entre ellos violaciones a los derechos humanos, ha seguido operando hasta este año desde el puerto de Uruguay, el único Estado Rector del Puerto de la FAO que existe en la región.
También en el marco de las discusiones que se están dando en la Organización Mundial del Comercio, Schvartzman señaló que se ha probado que la pesca en aguas lejanas, como la descripta, solo es rentable a merced de los subsidios.
Finalmente se refirió a los principales problemas que se deben enfrentar y los focos que se está en condiciones de atacar, abordar y solucionar. La inacción política es en gran parte la gran traba que señaló el expositor; si bien señaló que hay políticos que están trabajando, “no quiero generalizar, pero creo que debiera haber un poco más de trabajo, es una demanda que todavía no ha sido resuelta por nuestros representantes. Hacemos estos foros con la conciencia de que para solucionar un problema hay que conocerlo”.
Michael Brakke, funcionario de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los Estados Unidos, presentó las herramientas que utilizan para promover la gestión de pesquería de forma sustentable y que sean esos productos los que se comercialicen. También se refirió a las consecuencias que se plantea imponer a los comercializadores de productos provenientes de la pesca INDNR.
Brakke fue crítico respecto de la concentración del interés únicamente sobre la pesca INDNR, siendo que existen casos, dijo, que no pueden encuadrarse puntualmente en este tipo de pesca pero que requieren gestión y atención.
Esta apreciación puede unirse a las denuncias realizadas por Juan Carlos Sueiro Cabredo, director de Pesquerías de Oceana Perú, respecto de la captura indiscriminada de anchoveta que se realiza en su país para la producción de harina con destino de abastecimiento de los centros de cultivo de camarón de Ecuador.
El expositor se refirió a la alta informalidad en la comunidad peruana en general que se ve reflejada en la pesca y se refirió a las múltiples modalidades. En primer lugar, describió el fraude extendido existente sobre las especies que se venden y en segundo término a la venta ilegal de harina de pescado. Informó que se calcula que 150 mil toneladas de anchoveta que debieran destinarse al consumo humano son utilizadas para la elaboración de harina y lo relacionó con el creciente mercado del camarón de cultivo de Ecuador.
“El aumento del precio de la harina ha generado una gran expansión de esta actividad, que pasó de costar 140 dólares hace 16 años a 1.400 dólares la tonelada en la actualidad y es muy fácil de vender. Por otra parte, las ventas de langostino en el Ecuador en 2012 fueron de 250 mil toneladas y en 2018 fueron 623 mil toneladas y siguió aumentando”, señaló Sueiro Cabredo, agregando además que están teniendo un grave problema con la pesca de juveniles y el descarte.
En ese sentido Brakke había mencionado la necesidad de concentrarse en identificar las zonas donde se están generando situaciones que no se podrían encasillar como pesca INDNR y buscar herramientas para castigarlas en los mercados. Sobre el mercado de los camarones, el funcionario de la NOAA indicó que se trabaja en la ampliación de la lista de especies, por lo que se está trabajando sobre la trazabilidad de algunos productos.
Respecto de la pesca en aguas distantes, Brakke se refirió a las herramientas que aportan los convenios internacionales y las organizaciones como las OROPs, pero también puso el foco sobre aquellos espacios que no están bajo ningún tipo de regulación, como ocurre con el calamar en el Atlántico Sur. En ese sentido apuntó sobre a la importancia que cobra la colaboración entre países de la región.
A la efectividad de los convenios internacionales y las deficiencias irresueltas de la CONVEMAR se refirió el representante del Parlamento Andino Miguel Ángel Rodríguez, siendo muy crítico sobre la desatención de las grandes potencias sobre zonas que hoy se presentan como especialmente críticas ante la pesca INDNR como el Pacífico y el Atlántico Sur.
“Es una contraposición histórica que los países del sistema internacional se hayan abocado en el antiguo derecho del mar para construir uno nuevo para regular todos los espacios marítimos establecidos en la Convención del Mar, en la que poco se trabajó para que estos enormes procesos atendieran los vacíos que se produjeron y que se han hecho más visibles con la pesca ilegal. Esta deficiencia mayúscula nos sigue teniendo de manos cruzadas en la pesca ilegal en altamar, ni siquiera el acuerdo de Nueva York sobre especies transnacionales sirvió”, indicó el representante del Parlamento Andino.
También sobre la ineficacia de las herramientas jurídicas con las que se cuenta para atacar la pesca INDNR cuando no existe voluntad de aplicarlas, expuso la ecuatoriana Pilar Proaño. Luego de enumerar una gran cantidad de acuerdos y normas, describió el caso del buque Fu Yuan Yu Leng 999 al que, a pesar de haberse reunido un importante cúmulo de pruebas, fue imposible sancionar por pesca ilegal, dado que no existió voluntad a nivel nacional ni suficiente apoyo internacional para investigar en profundidad y lograr una sanción ejemplificadora.
Lamentablemente, el limitado tiempo del encuentro virtual impidió obtener respuestas a interesantes preguntas, que un auditorio notablemente calificado había comenzado a realizar y que prometían un interesante debate. Sin voluntad política en las naciones afectadas por la pesca INDNR y sin una dura postura de la comunidad internacional para darle fin, este drama parece muy difícil que pueda terminar. Como dijo el parlamentario andino, seguimos de “manos cruzadas” viendo cómo se violan sistemáticamente los derechos más elementales y se dilapidan los recursos naturales. (KARINA FERNANDEZ – REVISTA PUERTO) #NUESTROMAR
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