Un duro golpe para Zona Franca La Plata

"Una vez más, las zonas francas sufrieron un duro golpe", se quejaba una fuente cercana a la Zona Franca La Plata, indicando que "esta vez, el embate no fue dirigido al régimen aduanero especial en el marco del cual desarrollan su actividad".

"Una vez más, las zonas francas sufrieron un duro golpe", se quejaba una fuente cercana a la Zona Franca La Plata, indicando que "esta vez, el embate no fue dirigido al régimen aduanero especial en el marco del cual desarrollan su actividad".

La inseguridad jurídica golpea fuerte a esta zona franca, erigida y promovida por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, frente al río Santiago y lindera con el puerto de La Plata. Lo paradójico es que lidera la estadística de movimientos de comercio exterior de aquellos que eligen este servicio, concentrando actualmente más de 90 por ciento de las operaciones de este tipo en el orden nacional.

Causa

Un proyecto de ley, enviado por la gobernación de la provincia de Buenos Aires a la Legislatura bonaerense para su sanción, propicia la expropiación de los derechos y acciones de la empresa concesionaria emergentes del contrato de concesión suscripto con el gobierno provincial en el año 1996, con todas las implicancias que conlleva la vulneración de la seguridad jurídica que ocasionarían daños y perjuicios no sólo al concesionario, sino a toda la cadena de operadores que allí desarrollan sus actividades. El área en cuestión -que alcanza a 19 hectáreas- concentra a más de 300 empresas y servicios, entre directos e indirectos, en diferentes modalidades operativas vinculadas con el comercio exterior.

Esta expropiación tiene como finalidad adjudicar el área comentada al Astillero Río Santiago; pero este proyecto, contrariamente a lo negociado por el gobierno con la empresa concesionaria, contemplaba la reubicación de empresas previamente a su efectivización. La renegociación que el Ministerio de la Producción debía llevar a cabo con la empresa desarrolladora de este proyecto de Zona Franca quedaría suspendida con el proyecto elevado a la Legislatura. Los fundamentos que esgrime el gobierno bonaerense, tanto en el proyecto de ley cuanto en el decreto, indican que la superficie actual del astillero -que asciende a 23 hectáreas- resulta insuficiente para el normal desarrollo de las tareas de construcciones y reparaciones navales, al amparo del apoyo que está brindando el gobierno del presidente Néstor Kirchner a la industria naval argentina.

Consecuencias

Pero lo que no se ha tenido en cuenta son los más de mil puestos de trabajo que se verán amenazados con la expropiación. De acuerdo con los nuevos límites que impone dicha expropiación, el concesionario de la Zona Franca La Plata se verá además cercenado en el uso y la explotación del muelle que le fuera adjudicado por ley y, en ese orden, sus operadores estarán privados de destinar cargas por vía fluvial, puesto que toda la margen de ribera se encuentra dentro de los terrenos y edificios afectados por el proyecto de ley.

Lamentablemente, la consecuencia inevitable y no deseada es que la expropiación generará decenas de reclamos millonarios al Estado bonaerense. El concesionario habría advertido esta situación al gobernador en forma privada y públicamente. El directorio de la empresa manifestó su disconformidad mediante una solicitada en medios platenses cuestionando la política de la licenciada Débora Giorgi, dado que habría cerrado la instancia de negociación abierta por el Decreto 193/06, dejando sin respuesta los planteos propuestos por el concesionario. Este también afirmó en esa solicitada que la ministra, lejos de optar por una salida que beneficie a todos, insiste en seguir un camino que llevará al Estado provincial a afrontar demandas varias veces millonarias. La empresa estaría abierta al diálogo y deseosa de alcanzar una solución dentro de un marco de equidad y legalidad, y evitar de este modo la confrontación en un litigio en el que, generalmente, nadie gana. La Legislatura bonaerense interpeló a la ministra de Producción como responsable de las competencias que le fueran asignadas luego de la disolución del Ente de Administración y Explotación de la Zona Franca La Plata. En dicha oportunidad, y justificando el impulso de la ley de expropiación, la ministra minimizó los efectos y consecuencias que ésta trae aparejada, y culpó al concesionario por la "falta de acuerdo y por ser el responsable del fracaso de la mesa de negociaciones para el traspaso de las tierras al astillero". De acuerdo con fuentes consultadas, las pretensiones del concesionario se limitan a la indemnización por la privación de uso de las 19 hectáreas, la sustitución de la pérdida del puerto por la adjudicación de un sitio dentro del puerto de La Plata, y la creación de un corredor aduanero desde éste hacia la zona franca para evitar que las operaciones portuarias sean "extrazona" y, por tanto, generen extracostos. Plantearon, a la vez, la necesidad de una solución para la relocalización de los casi 300 operadores directos e indirectos radicados en el área a traspasar al astillero, y que importarían una inversión del orden de los 5.800 millones de dólares, así como también la asignación de una partida de presupuesto para encarar las obras de la nueva delimitación.

La ministra salió al cruce de las acusaciones y afirmó que el camino más rápido y seguro para el Estado provincial es la ley de expropiación parcial de la concesión. Quizás sea este último el mecanismo más rápido, pero indudablemente no el más seguro en términos de seguridad jurídica.

15/06/06
AMBITO DEL COMERCIO EXTERIOR – AMBITO FINANCIERO

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